La deuda de la paz

El acuerdo bilateral de cese al fuego produjo entusiasmo, pero poca euforia: el proceso ha sido largo y la disminución de la violencia, gradual. La Colombia joven y urbana de 2016, tal vez aburrida del tema por cuatro años de proceso, apoya la paz, pero no se conmueve porque hace tiempo olvidó la guerra.

Pero en gran parte del país los acuerdos generan incredulidad, pues penden de un hilo demasiado fino: la palabra del Estado, desgastada por siglos de ausencia, desconfianza e incumplimiento. En esas regiones el Estado tendrá que demostrarle a los ciudadanos que solo existe por y para ellos, y que tiene la capacidad y la voluntad de responder a sus necesidades.

Resulta comprensible que el gobierno nacional y el sector privado vean en el posconflicto enormes posibilidades para llevar infraestructura y proyectos extractivos a territorios previamente aislados. Pero esos no son lugares vacíos; sus habitantes se las han arreglado para sobrevivir y no han pasado 50 años de dificultades para que, cuando cese la horrible noche, grandes proyectos definan su destino sin que ellos puedan opinar al respecto.

Los ciudadanos de La Macarena en Meta, Ibagué en Tolima, Titiribí en Antioquia y San Martín en Cesar, para mencionar algunos ejemplos, salieron a las calles y a las urnas para manifestarles a las autoridades nacionales su desacuerdo con los planes que el gobierno central les ha trazado. La Corte Constitucional fue más allá al defender ese derecho.

Las comunidades deberían ser las principales aliadas del gobierno al definir los grandes proyectos que la paz hace posibles. Eso sucedería si este las involucrara desde el principio. Si, como se hace hoy, el Estado sigue limitando la participación ciudadana a la consulta previa, tanto el gobierno como los empresarios se exponen a que personas sin escrúpulos aprovechen ese mecanismo para extorsionarlos. Y, por otra parte, a que las cortes tomen decisiones que aunque bien intencionadas, pongan en peligro la seguridad jurídica que tanto valoran los inversionistas internacionales.

De la calidad de nuestra democracia va a depender el éxito de la paz. En la tarea de evitar futuros conflictos violentos, contar con mecanismos permanentes y efectivos para que la gente participe y decida sobre su destino, es tan importante como hacer efectivo el monopolio de las armas.

El gobierno nacional debería escuchar tanto a los sectores productivos como a los habitantes de las regiones. Y en cuanto a estos últimos, hacerlo directamente, sin intermediarios políticos, para permitirles convertirse en actores del crecimiento y el desarrollo. Para combatir el escepticismo hay que reducir la arrogancia a su mínima expresión y aprender a escuchar.

Adenda: Tomo en este número las riendas de Semana Sostenible con un profundo reconocimiento a María López. Su pasión, compromiso e instinto periodístico la llevaron a crear esta revista y a encontrar la voz con la que aquí nos aproximamos a temas complejos. Hoy asume otras emocionantes responsabilidades en la empresa y yo agradezco infinitamente su confianza y apoyo.