Estas zonas, además de mantener a perpetuidad la riqueza natural del país, son la mejor estrategia de adptación al cambio climático y una forma de asegurar que los afanes del presente no nos roben las posibilidades de conocer y aprovechar nuestros paisajes y riqueza biológica. 

Los acuerdos con las Farc han tenido innumerables consecuencias positivas sobre los parques. Tres factores, sin embargo, han generado resultados adversos.

El primero: la desaparición de la protección que el conflicto le otorgaba a la naturaleza. Muchos parques dejaron de contar con el resguardo de ser zonas peligrosas con presencia de grupos ilegales, pero siguen sifriendo las consecuencias de la débil capacidad estatal para el control territorial. 

El segundo: la forma en que se ha visto truncada la implementación de la agenda agraria incluida en los acuerdos como resultado de la derrota del sí en el plebiscito y de la baja capacidad estatal para hacerla realidad. Esa reivindicación encontró un espacio fértil en un buen número de parques, bajo la expectativa de que se adjudiquen tierras dentro de estos en el marco de los procesos de restitución o de que se reconozca como mínimo su derecho sobre la propiedad para ser objeto de compra o indemnización. 

El tercero y más dramático: la forma en que se ha fortalecido la actividad criminal de acaparamiento de tierras y tráfico de especies, fenómenos que no son nuevos pero que han encontrado nuevas fronteras dentro de algunos parques, particularmente en la Orinoquía, seguida por la Amazonía y el Pacífico.

La intervención de la fuerza pública y la justicia es urgente. El nuevo gobierno debe mantener la institución y naturaleza jurídica de la unidad administrativa de parques. No hay motivo para considerar medidas de austeridad en esta  entidad que administra casi el 15% del territorio nacional; se requirió un enorme esfuerzo para recuperar la institucionalidad ambiental después de la destrucción de los gobiernos de Álvaro Uribe. 

La creación o destinación de una fuente de financiamiento permanente que libere al sistema de su dependencia de los vaivenes de la cooperación internacional y del presupuesto general de la Nación es determinante. 

Opciones como las tasas o sobretasas de agua, las transferencias del sector hidroeléctrico o la destinación de impuestos específicos deben considerarse en el próximo plan nacional de desarrollo. 

El país tiene que embarcarse en un proceso de reflexión sobre la relación entre los parques y las personas. El pasivo social y fiscal de las áreas protegidas frente a los municipios, comunidades y organizaciones que las rodean debe atenderse. Hay que definir y visibilizar los derechos y responsabiliddes de la institucionalidad frente a las personas, pero también de las personas frente a los parques como espacios que preservan tanto los paisajes, que dan forma a nuestra identidad, como los servicios ecosistémicos de los que depende nuestra prosperidad. 

El próximo 25 de julio en el auditorio Alberto Lleras Camargo de la Universidad de Los Andes, de las 2:00 p.m., se realizará el lanzamiento de la iniciativa Parques Cómo Vamos, en el marco de un foro en el que se discutirán temas prioritarios como el papel de parques en el control territorial y las perspectivas para la gobernanza y relación con las comunidades circundantes. Entrada libre.