Este año, 2019, ha marcado momentos de alta tensión por la coincidencia de dos procesos: la actualización del plan de manejo del parque y el final del periodo de concesión ecoturística.

Según Manuel Rodríguez en su libro más reciente, Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, cuando el Tayrona se declaró parque, se presumió que los predios eran baldíos del Estado, pero alrededor del 80 % resultó tener problemas de propiedad. Desde entonces, y a pesar de algunos acercamientos, ha sido imposible que se construya una visión compartida de lo que debe hacerse con esas propiedades. Estos conflictos han tenido como tela de fondo el tráfico de marihuana y coca, y la subsecuente violencia guerrillera y paramilitar.

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Tres han sido los intentos formales por instalar complejos turísticos dentro del parque. El primero, a comienzos de la década del setenta, fue promovido por la empresa estatal de turismo provocando la primera gran movilización nacional en defensa del medioambiente, un hito fundacional del activismo ambiental colombiano.

En 2005, la concesión de la operación ecoturística dentro del parque se entregó a Aviatur y a la Cámara de Comercio de Santa Marta aprovechando la infraestructura existente dentro del parque. La concesión ha funcionado bien; ha tenido un impacto ambiental limitado y ha logrado un relativo equilibrio social entre las comunidades indígenas, no indígenas y la operación.

El tercer intento de promoción turística fue el del establecimiento del proyecto hotelero Los Ciruelos de Six Senses, en 2012. Ese suceso concluyó con la expedición de la normatividad que prohíbe la construcción de infraestructura dentro de los Parques Nacionales.

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El cuarto, al parecer, está en curso aunque esta vez de manera más estratégica. Los propietarios de los predios han recurrido a movilizaciones en contra de la actualización del Plan de Manejo mediante diversos argumentos, unos más válidos que otros, y a demandas contra la apertura de la de licitación, con miras a detenerlo.

A pesar de la falta de coincidencia en la visión y propósito de lo que es un Parque Nacional, es necesario reconocer que el Estado no ha logrado poner fin a los conflictos de propiedad dentro del área. Esto sucede en la gran mayoría de los parques en Colombia, solamente que en este caso los propietarios tienen poder y la propiedad de sus predios está comprobada.

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Resulta inadmisible que los dueños recurran a estrategias tramposas para debilitar la institucionalidad y, en últimas, amenazar la existencia misma de los Parques Nacionales.

El Tayrona está en buen estado de conservación. En los últimos 15 años las presiones sobre el parque han estado estables, el 97% del área ha mantenido su estado de conservación y las áreas transformadas han disminuido del 8% al 1%. Frenar el plan de manejo y la licitación son patadas de ahogado frente a lo que ya es una decisión de Estado: conservar al Parque Tayrona como patrimonio natural de los y las colombianas.

*Directora de Parques Cómo Vamos.