Los indígenas de la frontera agrícola amazónica

La definición de Amazonia en Colombia ha cambiado a lo largo de la historia según los criterios priorizados, unas veces más cerca de lo geográfico y ecosistémico, otras de lo socioeconómico y cultural, y más recientemente de lo político-administrativo y la planificación para el desarrollo.

Desde la perspectiva político-administrativa, la Amazonia asume la integridad de seis departamentos: Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas, e incluye otras zonas con bosques en Vichada, Meta, Cauca y Nariño. A esta identificación se suman fronteras internas definidas desde el centro del país, como es el caso de la frontera agrícola, un referente crucial que definió la relación de la Nación con el territorio amazónico desde los años 60 del siglo pasado, cuando llegaron los primeros flujos de la colonización dirigida a Guaviare, Caquetá y Putumayo.

Estos procesos de colonización y apropiación de tierras han afectado los territorios y culturas de las poblaciones nativas. Y si bien la problemática ha estado presente en las discusiones sobre ordenamiento de la propiedad rural y uso productivo del suelo, no fue sino hasta el proceso de paz que se revitalizó en la agenda pública, abordando temas como la frontera interior para el desarrollo agroindustrial a gran escala, reforma rural integral y desarrollo con enfoque territorial.

En junio de 2018, el Gobierno determinó que la frontera agrícola corresponde a 40.075.960 hectáreas, es decir que 35 por ciento del territorio como foco de la gestión de las políticas públicas para las actividades agropecuarias. El Ministerio de Agricultura concluyó que esta frontera es discontinua y dinámica, y que deberá ajustarse periódicamente con información más precisa. Asimismo, especificó que servirá como referencia para los instrumentos de planificación y gestión del suelo rural agropecuario.

Foco de deforestación

Aunque el límite de la frontera agrícola al noroccidente de la Amazonia colombiana es un área estratégica en términos de biodiversidad, conectividad ecológica y endemismos, también albergó las mayores tasas y áreas deforestadas en el país entre 2011 y 2018. Es un territorio con historias cruzadas por la violencia armada y cultural, donde los flujos ilícitos han estado inevitablemente involucrados en la construcción social de territorio.

Para ampliar sus ganancias en la economía de la ganadería, cultivos de uso ilícito o explotación de recursos naturales no renovables, los grandes determinadores de la expansión de la frontera agrícola se han apoyado en la pobreza y esperanza de las familias que migraron a la región con hacha, "plante", aún bajo el viejo sistema de "endeude". 

En esta zona que se constituye en una bisagra entre lo andino, orinoquense y amazónico, deberían concentrarse las obligaciones estatales y sociales de frenar la deforestación y contribuir a mitigar el cambio climático, además de concretar acciones para garantizar los derechos de sus habitantes, en especial a las poblaciones más vulnerables y sujetos de especial protección del Estado.

Tres resguardos

Los resguardos indígenas existentes en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo se caracterizan por su dispersión y poca superficie, contrario a los de Guainía, Vaupés y Amazonas, donde están los más grandes de toda la Amazonia colombiana. De esta diferencia se desmarcan dos, ubicados justamente en los límites de la frontera agrícola, epicentros de la deforestación del país en los últimos años: Llanos del Yarí Yaguara II, entre Calamar (Guaviare), La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), con 146.500 hectáreas; y Nukak, entre San José del Guaviare y El Retorno (Guaviare), con 954.480 hectáreas.

A pesar de que estos resguardos son estratégicos para el mantenimiento de la conectividad de los ecosistemas, sus comunidades, legítimas propietarias de las tierras, han sido expulsadas por la dinámica del conflicto armado, la presión de expansión de la frontera de cultivos ilícitos y la praderización. Es decir, lo que ocurra en estos resguardos será clave dentro de los propósitos de cerrar la frontera agrícola, frenar la deforestación y mantener la conectividad de ecosistemas estratégicos.  

Otro resguardo en la línea de frontera agrícola es El Itilla, ubicado en Calamar y con un área de 8.600 hectáreas. Su importancia radica en que es el único resguardo traslapado con el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, de importancia planetaria.

Llanos del Yarí Yaguara II

Ubicado en un área estratégica para la conectividad ecosistémica entre la Serranía de La Macarena y la llanura amazónica, este resguardo pertenece a 283 personas de 85 familias, de los pueblos Pijao, Tucano y Piratapuyo.

Homicidios, desapariciones y amenazas obligaron al desplazamiento forzado de la mayor parte de su comunidad entre 1998 y 2004, y facilitaron el despojo de sus tierras. Los destinos de su gente incluyeron Bogotá, San José del Guaviare, Tauramena (Casanare), San Juan de Arama (Meta), Chaparral, Florencia, y San Vicente del Caguán, donde se organizó un nicho de familias del resguardo.

Alexander Bocanegra, gobernador del resguardo, denunció un incremento en la deforestación desde que fueron obligados a abandonar su territorio. “Desde que nuestros ancestros llegaron a los llanos del Yarí en los años sesenta y hasta 2004, cuando nos sacaron, la comunidad solo había intervenido 500 hectáreas, en donde producíamos lo necesario para la subsistencia de las familias”.

Las imágenes satelitales muestran que en la última década, en especial en los últimos tres años, la zona ha perdido cerca de 7.000 hectáreas de bosque, en varios parches abiertos hechos por terceros ocupantes para el establecimiento de ganadería, cultivos ilícitos y apertura de vías ilegales.

Con los acuerdos de paz, la comunidad recuperó la esperanza de recobrar su territorio y su vida colectiva. Además de dirigirse a la Alcaldía de San Vicente del Caguán, ha contado con el apoyo de Parques Nacionales Naturales de Colombia desde la primera ampliación de Chiribiquete en 2013 y la segunda en 2018. En este último proceso, con el apoyo técnico de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, se activó el proceso de restitución de derechos territoriales étnicos.

En septiembre de 2017, el juzgado de restitución de tierras de Ibagué dictó varias medidas cautelares mientras se asume la etapa judicial del proceso, de las cuales el avance ha sido poco, como lo demuestran la persistente afectación al territorio, sus bosques, sabanas y recursos. Además, la comunidad aún no ha podido retornar bajo condiciones de seguridad y dignidad.

Nukak

El territorio del pueblo indígena Nukak, ubicado entre las sabanas naturales de La Fuga y el Caño Grande y los ríos Guaviare e Inírida, de donde por razones del conflicto armado, expansión de los cultivos ilícitos y ampliación de la frontera de colonización, estos indígenas nómadas fueron "contactados". El resguardo fue creado en 1993 y en 1997 se amplió sobre un área en la que aún hoy persisten discrepancias entre los límites del resguardo y los de varias veredas.

Las difíciles condiciones y alta vulnerabilidad del pueblo nómada llevaron a una actuación de ensayo y error por parte del Estado, estrenando las obligaciones de garantía de los derechos colectivos que reconoció la Constitución Política de 1991. Luego vinieron sentencias, autos de seguimiento a estas como el Auto 173 de 2012 de la Corte Constitucional, y compromisos como el contenido del acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera, que estableció desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak, y recientemente órdenes judiciales de medidas caútelares.

Un auto interlocutorio de diciembre de 2018 del jugado de restitución de tierras de Villavicencio recogió el acumulado histórico y ordenó a varias entidades, al igual que con el resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguara II, medidas cautelares para aclarar y restituir los derechos del pueblo Nukak, cercano a la llanura orinoquense por donde hoy se expande el modelo agroindustrial de la palma aceitera y las plantaciones de monocultivos, con auspicio u omisión de las autoridades públicas.

El futuro de estos resguardos y de sus legítimos propietarios deberá enmarcarse en la estrategia de control integral a la deforestación adoptada por el Ministerio de Ambiente y el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró a la Amazonia como sujeto de derechos.

El Itilla

Resguardo conformado por 117 personas de 20 familias, pertenecientes a los pueblos carapana, tatuyo, tuyuca, desano, wanano, taiwano y cubeo. La comunidad ha estado marcada por dinámicas ilegales y conflicto armado, por ciclos de despoblamiento y repoblamiento.

Las familias buscan consolidarse como comunidad; recuperar sus saberes, visiones, costumbres y rituales; apropiarse de su territorio; y convertirse en un referente en la recuperación y mantenimiento de la biodiversidad e identidad. Para esto, su plan de vida debe combinar con la acción interinstitucional de lucha contra la deforestación, en pos del cierre de la frontera agropecuaria en la cuenca del río Itilla y el desarrollo con enfoque étnico y territorial en Calamar.

Las comunidades de colonos de las veredas Puerto Cubarro y Puerto Polaco y los indígenas del resguardo El Itilla, llegaron a un acuerdo sobre el uso y el manejo de los recursos naturales, que incluye la prohibición de la pesca con fines comerciales en el río Itilla y de la cacería de animales para venta; el compromiso de no talar los bosques ubicados en las riveras del río, lagunas y caños afluentes; y no contribuir a la deforestación. Esta experiencia sirve de ejemplo de acuerdos sociales locales que requieren del apoyo institucional para que puedan sostenerse, para que constituyan efectivamente el cierre de la frontera agrícola.