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Marchemos por los líderes sociales y ratifiquemos el Acuerdo de Escazú

Este viernes en Colombia y 43 ciudades del mundo se llevarán a cabo marchas por la vida de los líderes sociales, clamor colectivo necesario teniendo en cuenta que de enero de 2016 a enero de 2019, han sido asesinados 566 líderes sociales y ambientales, de acuerdo con Indepaz.

Mauricio Ochoa
26 de julio de 2019

En medio de estas movilizaciones Colombia continua sin ratificar el Acuerdo de Escazú, instrumento internacional que plantea por primera vez la protección de defensores ambientales y de derechos humanos.

La lucha diaria de los líderes y lideresas en Colombia no solo es evitar convertirse en un número más dentro de un centenar de víctimas, sino que en su mayoría dedican su tiempo y vida a actividades de liderazgo comunitario para la defensa del territorio y del medio ambiente, muchas veces frente a grandes proyectos de desarrollo que continúan siendo impulsados por los gobiernos nacionales: principalmente proyectos de infraestructura, minería e hidrocarburos.

La realidad nos sitúa como el segundo país más peligroso en Latinoamérica para los defensores de la vida y el ambiente, según el reporte de Global Witness.

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En medio de este panorama desolador, Colombia tiene la posibilidad de materializar su compromiso real y efectivo para combatir este fenómeno, dado que desde septiembre de 2018 es posible ratificar e incorporar en su legislación el Acuerdo de Escazú, instrumento creado para la protección del medio ambiente, la participación y la justicia ambiental y, lo más importante, es el primer acuerdo internacional que reconoce como deber de los Estados la protección de defensores de derechos humanos y ambientales en América Latina.

La ratificación de este instrumento fortalecería nuestro marco normativo nacional en materia de participación ciudadana y protección del medio ambiente, estableciendo la obligación de protección directa por parte del Estado a quienes defienden estos derechos en el marco de tres pilares fundamentales en una democracia: la participación ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia, los tres ampliamente vulnerados con los ataques directos a líderes y lideresas en todo el país.

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Recientemente el presidente Iván Duque y varios parlamentarios gritaron a una sola voz en el Congreso de la Republica “¡Ni uno Más!”, clamor y consigna que sin duda impulsamos todos los sectores de la sociedad colombiana y que a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú podría materializarse en un marco normativo participativo y ambiental realmente garantista, si existe un compromiso real por parte del actual gobierno para combatir esta tragedia.

Los líderes y comunidades afectadas por grandes hidroeléctricas, como es el caso de Hidroituango en el departamento de Antioquia, o aquellos afectados por grandes explotaciones petroleras, como es el caso del Bloque Petrolero el Nogal, en plena amazonia colombiana, continúan levantando su voz a favor del medio ambiente, al territorio y a una vida digna pese a las amenazas constantes en contra de sus vidas y su cultura como población campesina, afro e indígena en Colombia. Es por esto que, al igual que es importante mantener la consigna nacional e internacional para su protección, es urgente concretar garantías legales y judiciales que les permitan seguir adelante en su lucha, la cual es en sí su misma vida.

*Subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad