En medio de estas movilizaciones Colombia continua sin ratificar el Acuerdo de Escazú, instrumento internacional que plantea por primera vez la protección de defensores ambientales y de derechos humanos.

La lucha diaria de los líderes y lideresas en Colombia no solo es evitar convertirse en un número más dentro de un centenar de víctimas, sino que en su mayoría dedican su tiempo y vida a actividades de liderazgo comunitario para la defensa del territorio y del medio ambiente, muchas veces frente a grandes proyectos de desarrollo que continúan siendo impulsados por los gobiernos nacionales: principalmente proyectos de infraestructura, minería e hidrocarburos.

La realidad nos sitúa como el segundo país más peligroso en Latinoamérica para los defensores de la vida y el ambiente, según el reporte de Global Witness.

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En medio de este panorama desolador, Colombia tiene la posibilidad de materializar su compromiso real y efectivo para combatir este fenómeno, dado que desde septiembre de 2018 es posible ratificar e incorporar en su legislación el Acuerdo de Escazú, instrumento creado para la protección del medio ambiente, la participación y la justicia ambiental y, lo más importante, es el primer acuerdo internacional que reconoce como deber de los Estados la protección de defensores de derechos humanos y ambientales en América Latina.

La ratificación de este instrumento fortalecería nuestro marco normativo nacional en materia de participación ciudadana y protección del medio ambiente, estableciendo la obligación de protección directa por parte del Estado a quienes defienden estos derechos en el marco de tres pilares fundamentales en una democracia: la participación ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia, los tres ampliamente vulnerados con los ataques directos a líderes y lideresas en todo el país.

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Recientemente el presidente Iván Duque y varios parlamentarios gritaron a una sola voz en el Congreso de la Republica “¡Ni uno Más!”, clamor y consigna que sin duda impulsamos todos los sectores de la sociedad colombiana y que a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú podría materializarse en un marco normativo participativo y ambiental realmente garantista, si existe un compromiso real por parte del actual gobierno para combatir esta tragedia.

Los líderes y comunidades afectadas por grandes hidroeléctricas, como es el caso de Hidroituango en el departamento de Antioquia, o aquellos afectados por grandes explotaciones petroleras, como es el caso del Bloque Petrolero el Nogal, en plena amazonia colombiana, continúan levantando su voz a favor del medio ambiente, al territorio y a una vida digna pese a las amenazas constantes en contra de sus vidas y su cultura como población campesina, afro e indígena en Colombia. Es por esto que, al igual que es importante mantener la consigna nacional e internacional para su protección, es urgente concretar garantías legales y judiciales que les permitan seguir adelante en su lucha, la cual es en sí su misma vida.

*Subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad