Colombia tiene avances interesantes en materia ambiental que incluyen la Misión de Crecimiento Verde, que concluyó en 2018 con la adopción del CONPES 3934, el cual traza la visión a 2030. La adopción de la Ley de Cambio Climático también a mediados de 2018. El aumento de áreas protegidas del sistema de Parques Nacionales de Colombia, y el impuesto al carbono que se incluyó en la reforma tributaria de 2016, entre otros.

Todos avances normativos y de política pública que contribuyen a que Colombia avance cada vez con mayor contundencia hacia un desarrollo sostenible y bajo en carbono. Sin embargo, aún hay mucho por hacer incluyendo frenar la deforestación, disminuir la contaminación del aire y el agua, evitar la degradación de ecosistemas, reducir la vulnerabilidad al cambio climático y minimizar las prácticas de explotación de recursos naturales que impactan negativamente las economías locales.

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Así como el Acuerdo de París sobre cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazan a nivel internacional la visión que guía los esfuerzos colectivos de los países, Colombia necesita, también, a nivel nacional una visión clara que oriente los esfuerzos sectoriales y territoriales en materia ambiental. La adopción reciente por parte del Ministerio de Minas y Energía del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático con la meta de 1.500 MW de capacidad instalada de energías renovables es uno de estos ejemplos de esfuerzos sectoriales. A nivel de gobiernos locales también se ha avanzado en las discusiones sobre vehículos eléctricos, el incentivo al uso de la bicicleta y la separación de residuos que son cada vez más comunes en el manejo de basuras.

Estos y tantos otros esfuerzos, inevitablemente, se quedarán cortos, aislados y desarticulados ante la ausencia de una política de gobierno clara que dé las señales necesarias para impulsar cambios. Es el riesgo de que las metas se vuelvan un fin en sí mismo, descuidando el objetivo y dando menos importancia a la construcción de los planes y hojas de ruta para la implementación. Nos encanta, a todos los que trabajamos en desarrollo sostenible, sector público y privado incluidos, lanzar planes, organizar eventos, anunciar metas y en general enfrentarnos a la opinión pública con un número que prometa cambios. Establecer metas ambiciosas para la preservación ambiental, el bienestar social y el crecimiento sostenible es fundamental, pero es necesario también concretar cómo hacerlo, quién lo hace y cuáles son los pasos para conseguirlo.

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En este contexto la Ley de Financiamiento representaba una oportunidad única para que el gobierno ofreciera elementos clave de lo que podría ser su política ambiental, esa que el Presidente enmarca en la frase “conservar produciendo y producir conservando” y que desde la campaña presidencial ha sido poco provista de contenido en términos de visión y herramientas puntuales.

El impuesto al carbono, adoptado mediante la reforma tributaria de 2016, fue un avance fundamental que ha permitido recaudar en el primer año cerca de 470.000 millones de pesos, más de la mitad del presupuesto para el sector ambiental previsto para 2019, y generar un doble dividendo mediante el establecimiento de proyectos de carbono-neutralidad que no generan causación del impuesto.

La Ley de Financiamiento era la vía para ampliar la base gravable del impuesto, que no se puede hacer por ley ordinaria, incluyendo el carbón dentro de los combustibles fósiles gravados, tanto para consumo interno como para exportación. La ley era también un espacio para definir la destinación específica del recaudo proveniente del impuesto a las bolsas plásticas, y que se esperaba pudiera apoyar las labores del sector ambiental; y para desincentivar el uso de botellas y otros elementos de plástico a través de estímulos para la economía circular, la innovación en la industria y los empaques que constituyen un problema creciente de contaminación. Este último se hizo paso para consideración del gobierno gracias a la iniciativa de congresistas como Catalina Ortiz e Iván Marulanda, pero murió en sus seis intentos de inserción gracias a la coalición entre el Partido Conservador, Cambio Radical y el grupo Ardila Lule.

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Estos cambios por vía de la Ley de Financiamiento hubieran permitido ampliar el recaudo y dirigir su destinación, asuntos fundamentales en medio de la controversia de meses en que diversos sectores, incluido el ambiental, se han visto cortos de recursos para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades misionales, y en que el gobierno requiere recursos adicionales para el presupuesto general de la Nación. Pero, además, habría dado luces sobre qué es lo que Gobierno planea hacer en materia ambiental, cuál es su visión del crecimiento económico de Colombia en el marco de las prioridades ambientales cuya relevancia e interdependencia con el desempeño de los sectores económicos es cada vez más evidente. Habría sido una priorización clara de la necesidad de diversificar la economía nacional de cara a una demanda mundial cada vez menor de carbón colombiano para exportación; una señal de mercado para conseguir los 1500 MW de la Ministra de Minas y Energía, para mitigar gases de efecto invernadero y para recaudar recursos para la diversificación económica que se necesitará en departamentos como el Cesar y La
Guajira.

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La Ley de Financiamiento brindaba esa gran oportunidad y el gobierno la dejó pasar, y con ella las consecuencias materiales de recaudo, política pública y coherencia, pero también de ofrecer un debate público a nivel nacional sobre esas prioridades de gobierno que quedarían plasmadas en la ley y que brillan ahora por su ausencia. 

Nos queda la discusión de lo que no fue priorizado, sin opciones claras de que se puedan remediar estas omisiones por vía del debate en el Congreso. Es importante que el Gobierno ofrezca una visión que además esté acompañada de cómo, quiénes y cuándo son responsables de llevarnos hacia allá. El planeta, la población colombiana y la necesidad de diversificación de la economía no dan más espera.