¿Qué proponen los candidatos presidenciales sobre sector minero y participación popular?

Con mayor recurrencia, los asuntos ambientales vienen constituyéndose en una preocupación para la ciudadanía en nuestro país. Esto puede apreciarse en las múltiples movilizaciones sociales generadas por la implementación de proyectos económicos en los territorios, o dados los impactos que los mismos generan en el entorno natural y en la vida de las comunidades. Por ello, los ciudadanos reclaman mayor participación en la toma de decisiones sobre el ambiente, para lo que emplean mecanismos contemplados en la Constitución y realizan veedurías de los proyectos de Ley o modificaciones normativas propuestas por las autoridades ambientales.

Es un hecho, entonces, que el ambiente incide en la agenda política del país. En ese sentido, el Observatorio de Conflictos Ambientales se ha propuesto destacar los planteamientos de los candidatos a la Presidencia en esta materia. Para efectos de establecer la comparación, se exponen dos temas estratégicos en el próximo cuatrienio: el sector minero energético y la participación en asuntos ambientales.

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Como fuente para este acercamiento se emplearon los planes de gobierno y declaraciones públicas de cinco de los candidatos activos en la contienda: Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras e Iván Duque. Lo anterior, con la intención de trascender lo expresado en sus intervenciones en medios de comunicación, en las que no se logran apreciar a cabalidad sus postulados o por el contrario, se evidencian ambigüedades y contradicciones en sus apuestas.  

El sector minero-energético

El ex negociador de paz y candidato liberal Humberto De la Calle afirma que la minería es, en efecto, un catalizador del crecimiento económico. No obstante, reconoce que esta actividad genera numerosos perjuicios en las áreas donde se lleva a cabo. Por ello, en su programa de gobierno, establece un compromiso con la protección de los páramos, como escenarios libres de minería. Lo anterior va de la mano con su intención de fortalecer las instituciones que integran el Sistema Nacional Ambiental y de crear una justicia especializada en delitos ambientales.

En lo plasmado por De la Calle también se ponen de relieve otras regiones del país prioritarias para la conservación. Para garantizar que esta tarea sea un hecho, se podrán entregar incentivos económicos a los ciudadanos que se vinculen a la misma. La protección a los ecosistemas, como uno de sus pilares, se suma al fortalecimiento del turismo y de las potencialidades de las regiones, como oportunidades para la transición hacia otra economía y la adaptación del país al cambio climático.

Otro de los puntos identificado en su programa de gobierno, es el relativo a la pequeña minería, como un asunto que debe resolverse para avanzar hacia la protección ambiental, pero, al mismo tiempo, en la garantía de derechos de las comunidades vulnerables que la ejercen. Es así como propone la creación de un Fondo Nacional contra la Minería Ilegal.

Por otra parte, el candidato liberal ha planteado que la diversificación de la matriz energética pasará por el impulso a la hidroenergía y a la producción de gas natural, lo cual podría suponer nuevas amenazas al contexto ambiental nacional.

En cuanto al tema de hidrocarburos, De la Calle asegura que avanzará en la generación de estándares para la alta calidad para el sector, a través de la coordinación del Ministerio de Ambiente, la ANLA y la academia. Ha expresado su oposición al fracking, basado en principio de precaución, ya que aún son escasos los estudios para aplicar esta técnica en el país.

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En lo anterior coincide con Sergio Fajardo que contempla la limitación del uso de combustibles fósiles. Sin embargo, tanto Humberto De la Calle como el candidato que encabeza la Coalición Colombia, Fajardo, opinan que los proyectos extractivos deben subordinarse a las condiciones que establezcan los ecosistemas, pero sin que los primeros dejen de tener lugar en el país.

Dada la experiencia de Fajardo como Gobernador de Antioquia, este matemático y docente valora como imprescindible la conciliación entre los diferentes niveles de gobierno en torno a la ejecución de un proyecto de minería o hidrocarburos. De forma semejante, postula que es posible alcanzar una interlocución entre las empresas, las comunidades y el Estado para acordar aspectos esenciales de cómo se ejecutan en el territorio determinados proyectos económicos.

 Esto último podría resultar complejo, ya que en muchas regiones del país existe desconfianza ante las instituciones de gobierno y en varios casos rechazo  a los emprendimientos de grandes empresas del sector que tienen capital extranjero. Cabe, igualmente, una pregunta, ¿están en el mismo nivel de incidencia estos tres actores sobre las decisiones que se tomen en el territorio que se esperan conciliar?

Para la Coalición Colombia, la codicia ilimitada y la ilegalidad son los factores determinantes en el deterioro ambiental del país. Por tanto, la mediación del Estado para el desarrollo de proyectos productivos en el territorio, el fortalecimiento de las autoridades ambientales, la tarea coordinada del Ejército y la Policía en el combate a la ilegalidad y la deforestación y la investigación científica para la toma de decisiones con fundamento y rigor, serán la clave para la conservación de los ecosistemas estratégicos de nuestro país.

Dentro de los 13 objetivos del compromiso con la biodiversidad también se destacan la inclusión de energías limpias, dentro de las que aparecen las cuestionadas hidroeléctricas.

Como es un eje en todo el Plan de Gobierno de Sergio Fajardo, la educación tendrá un rol primordial, no solo para el alcance de la sostenibilidad, sino para la apropiación ciudadana de la lucha contra el cambio climático.

En contraste con la idea de someter los proyectos de minería e hidrocarburos a las condiciones de los ecosistemas, una de las campañas que ha reiterado el énfasis en la superación del modelo minero - energético, como motor de la generación de renta para el país ha sido el de la Colombia Humana del candidato Gustavo Petro, quien se centra en cambio en el estímulo a la agricultura, a la soberanía alimentaria, a la industria nacional y al desarrollo de las energías renovables.

Este candidato, evaluando las tendencias del sector minero energético en el mundo, advierte sobre la inconveniencia de la dependencia de las finanzas públicas del petróleo y el carbón. Destaca, además, que la producción de energía en el planeta avanza hacia el desuso de combustibles fósiles y ante este llamado, Colombia no puede ser indiferente.

En tanto se consolida esta transición energética, Gustavo Petro ha sostenido que la extracción de hidrocarburos continuará haciéndose con métodos convencionales, postura que lo lleva al rechazo de fracking. Ha agregado, asimismo, que Ecopetrol será una empresa pionera en el desarrollo de otro tipo de fuentes energéticas. Paralelamente para cubrir el suministro de este servicio, plantea desde la pequeña escala incentivar la adquisición de paneles solares en comunidades de diferentes zonas del país.

Un último elemento en el que Petro ha planteado su transformación a las actividades minero - energéticas reside en la revisión de las exenciones tributarias y demás asuntos fiscales de los que pueden sacar provecho grandes empresas en el país. Además de haber expresado que no permitirá la minería a cielo abierto, afirmó que no renovará contratos que extiendan el extractivismo y que su gobierno implementará programas para la recuperación de los territorios con grandes pasivos ambientales.

El Candidato de la Colombia Humana expone la necesidad de tomar medidas efectivas para la adaptación al cambio climático, dentro de ellas se hallan la diversificación en los medios de transporte, el mejoramiento de los indicadores de calidad de aire, el veto a la minería en zonas urbanas y el cuidado a ecosistemas estratégicos, como la Reserva van der Hammen. Lo anterior enmarcado en un ordenamiento del territorio en torno al agua.

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Por su parte, los candidatos Germán Vargas Lleras e Iván Duque, no plantean grandes cambios en la materia. En la óptica del primer candidato, la minería ilegal es uno de los conflictos ambientales más determinantes de país. Por tanto, ha propuesto combatirla, empleando mecanismos coercitivos, pues supone que buena parte de la misma está permeada por la lógica de los grupos criminales que encuentran en ella una fuente de financiación. A esto adiciona que el Estado debe brindar garantías constitucionales y fiscales para dinamizar el crecimiento económico del país, del cual el sector minero energético seguirá siendo protagonista.

Dentro de otras ambiciones ambientales de Germán Vargas Lleras, en caso de llegar a ser Presidente, se encuentran una política pública de bienestar animal, un Plan Nacional contra la Reforestación e incentivos tributarios para empresas que importen vehículos menos contaminantes. No obstante, un hecho que hay que observar con lupa se refiere a la proposición del otrora líder de Cambio Radical de agilizar los trámites para las licencias ambientales, ya que se precisa de celeridad en la ejecución de proyectos. ¿Cómo garantizaría la conservación de los ecosistemas, la reducción de la deforestación, dadas las deficiencias de la institucionalidad ambiental?

Frente a fracking, la posición de Germán Vargas Lleras e Iván Duque ha sido ambigua, de acuerdo a lo que expresaron en un Foro organizado por la ANDI, El Tiempo y la W Radio,  manifestaron no cerrarse a la posibilidad del fracking en el país, dependiendo los avances técnicos en la materia. Sin embargo y con posterioridad, esta posición fue matizándose en otros espacios incluso hasta negarla.

De hecho, hay otros puntos de acuerdo entre Vargas Lleras y el candidato del Centro Democrático. Iván Duque Márquez, joven abogado bogotano y quien debutó hace poco como Senador, también estima que la inversión privada en el sector  minero energético debe seguir siendo esencial para el progreso económico de Colombia. Esta postura lo coloca ante un delgado equilibrio considerando las afirmaciones de su plan de gobierno sobre el compromiso que deben tener las actividades productivas con la protección del agua, la conservación de páramos, la reducción del impacto en el cambio climático, la calidad del aire y la gestión limpia de los suelos.

En una de sus columnas en el portal Razón Pública, el economista y especialista en Derecho minero-energético Álvaro Pardo, puso de relieve una afirmación de Duque en la que reflejó su posición conservadora e incluso de profundización del vigente modelo minero energético: “aprovechemos la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo”. Con lo anterior no sólo se infiere una lectura clara sobre lo que concibe frente a la vocación de los territorios, sino que al tiempo permite anticipar un aumento en la actividad del sector extractivo. 

De otra parte, aunque Duque ha expresado su interés de reavivar la economía del campo en el país, de llegar a ser gobernante tendrá que conciliar su visión de la agroindustria con las necesidades del campesinado, así como enfrentar el acaparamiento de tierras en el país. Habiendo sido ponente de la Ley de Economía Naranja, debía Duque propender porque su plan de gobierno diera mayor impulso a las industrias creativas, como generadoras de desarrollo económico del país, pero este aspecto poco se desarrolla en sus intervenciones como candidato.

La participación en asuntos ambientales

 Tanto Humberto de la Calle como Sergio Fajardo son respetuosos de estos mecanismos, en tanto están contemplados en la Constitución, pero ambos señalan que deben ser modificadas algunas de sus características, pues pueden poner en riesgo compromisos que ha suscrito el Estado.

Por su parte, uno de los núcleos de la transformación que propone el ex Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, consiste en la promoción de la participación de la ciudadanía en los diferentes ámbitos de la vida pública. Como es de suponer, el ambiente está incluido allí. De ahí que ha expresado que respetará las decisiones comunitarias alcanzadas a través de las consultas previas, las consultas populares o la autonomía de los municipios en la ordenación del territorio.

En lo que coinciden, nuevamente, el candidato Germán Vargas Lleras e Iván Duque ha sido en manifestar que los mecanismos como la Consulta Previa y la Consulta Popular han incurrido en abusos que ponen en entredicho la estabilidad de los inversionistas del sector. Es así como entre sus propuestas sugieren un límite a la participación ciudadana.

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Ejemplo de lo anterior puede encontrarse en el apartado minero-energético de su programa de gobierno, en el que Vargas Lleras textualmente equipara la consulta previa como “una de las principales amenazas para el sector”, a la par que cuestiona la participación de los pueblos indígenas cuando afirma que “a pesar de que la población indígena en Colombia es más baja que en otros países de la región, los procesos de consulta previa son más numerosos”, planteando la necesidad de imponer una reforma constitucional "que limite el abuso del ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana" para evitar la invasión de las competencias?de las entidades nacionales y evitar "el aumento de la protesta social afecta cada día un mayor número de operaciones".

En ese orden de ideas, está en manos de la ciudadanía comparar algunos de los planteamientos acá recogidos de cara a las expectativas que se tienen frente a la Colombia esperada. Justamente, a partir de un ejercicio reflexivo en el que se sopesen posturas, propuestas, afirmaciones y silencios, es que se podrán sentar las bases para la construcción de un proyecto de país que recoja el sentir de una Nación diversa que –hoy por hoy– tiene la oportunidad de repensar opciones distintas al extractivismo y a la limitación de los escenarios de participación sobre temas de interés general, como lo es el ambiental.