Desde la expedición de la Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA), las regalías quedaron siendo concebidas como una fuente de recursos para las Corporaciones Autónomas Regionales, sin embargo, las CAR hasta ahora nunca habían sido beneficiarias directas de tales recursos.

El panorama cambió con la expedición del Acto Legislativo 05 de 2019, pues allí se introdujo como concepto de gasto al interior del Sistema General de Regalías, la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación.

Gracias al liderazgo del representante a la Cámara, José Caicedo, y de la senadora, Maritza Martínez, ha sido tramitada y sancionada, en tiempo récord, la Ley 2056 de 2020, que regula la nueva organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Regalías, que dejó planteados dentro de sus objetivos la obligación de propiciar la inversión en la conservación, recuperación y protección del ambiente, así como el diálogo entre comunidades y empresas, para el restablecimiento socioeconómico y ambiental de los territorios.

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Con esta nueva ley el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entra a ser parte de los órganos del Sistema General de Regalías, para orientar la inversión de las asignaciones orientadas al ambiente, fijar lineamientos y criterios para la aprobación de los proyectos de inversión y orientar las convocatorias para la asignación de recursos en materia de ciencia, tecnología e innovación ambiental.

Importantes recursos quedaron orientados en la ley para el funcionamiento del sistema de licenciamiento ambiental; proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos ambientales, de desarrollo sostenible, energías renovables no convencionales orientados a la transición energética y la reducción de emisiones de carbono; la conservación de áreas estratégicas; la lucha contra la deforestación; y el cierre de brechas ambientales.

Se prevé que, del total de las regalías, al menos un 5 por ciento, será destinado para estos fines, así: el  2 por ciento se asignará para inversión local en ambiente y desarrollo sostenible y será ejecutado por los entes territoriales y las CAR; el 1 por ciento irá para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y lucha contra la deforestación; al menos un 1 por ciento irá para el funcionamiento del sistema de licenciamiento ambiental y otro porcentaje similar o mayor se destinará para ciencia, tecnología e innovación en materia ambiental.

Además de lo anterior, el 20 por ciento del mayor recaudo se destinará, de igual manera, a financiar proyectos relacionados con la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación.

Con estos cálculos, el nuevo flujo de recursos para el sector ambiental puede estar rondando la cifra de un billón de pesos anuales, es decir un 142 por ciento más de lo que fue destinado para el Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Ley 2008 como presupuesto para 2020.

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Para la definición de los proyectos de inversión de los recursos provenientes de la asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible, el Ministerio de Ambiente, con el apoyo del DNP, expedirá una Estrategia Nacional de Protección de Áreas Ambientales Estratégicas, para lo cual cuenta con un año de plazo. Mientras esto ocurre, la Comisión Rectora será la encargada de fijar las reglas y competencias para su inversión.

Con la entrada en vigencia de la ley, las Corporaciones Autónomas Regionales quedan habilitadas para participar en la inversión de estos recursos, formulando y presentando proyectos conforme a los procedimientos que se establezcan.  

No cabe duda que esta es una reforma de alto impacto para los entes territoriales, que venían reclamando un desequilibrio en la asignación de las regalías; para las minorías étnicas que serán también beneficiarias de estos recursos; para el cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz; y para el sector ambiental, en especial las CAR, que por fin van a encontrar en las regalías una nueva y muy importante fuente de recursos, con lo cual deberán garantizar la disminución de los índices de contaminación, deforestación y deterioro ambiental que tanto aquejan al país.