La crisis climática mundial está íntimamente ligada con la incompetencia del Estado para lidiar con nuevas formas de colonización en la Amazonia colombiana. En medio de tanta preocupación por la vida de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes expuestos a amenazas, surgen voces clamando efectividad. Mientras se escuchan susurros de palmas de asaí, en la ruta que va de San José de Guaviare a El Retorno y Calamar, se guarda silencio en medio de vastas planicies arrasadas. Desde las urbes andinas, se buscan caminos para enfrentar la problemática, y surgen más voces alarmadas que reclaman la meta de cero deforestación en áreas protegidas.

Este objetivo tiene espinas y troncos en el camino. Interesados en que no se definan linderos mantienen el statu quo en limbos sin frontera. La cartografía a escala amigable es una de esas espinas. El catastro multipropósito sigue dilatado, y los prediales irrisorios revelan un perverso sistema de precios del suelo de selva tupida versus la praderizada. Las absurdas diferencias de valor obstaculizan la meta cero deforestación.

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La actualización del catastro rural y la cartografía municipal, herramientas para fijar precios y fronteras de uso del suelo, debería delimitar propiedades, posesiones, baldíos de la Nación, zonas de amortiguación de Parques Nacionales Naturales, entre otras áreas de gran importancia: pues es en estas arenas movedizas de la geografía amazónica donde se facilita la nueva colonización, el control territorial de la deforestación, posesión ilegal de tierras y movilidad de insumos en corredores de la droga.

El vacío de información cartográfica es vicioso. La desactualización permite mover linderos caprichosamente, evadir pago de impuestos e invadir territorios ancestrales. En la confusión de fronteras invisibles reina el más fuerte. El que paga grandes sumas para talar promueve el desplazamiento forzado de comunidades, obligando a los indígenas a asumir una cultura sedentaria de miseria y mendicidad. Es el caso de los indígenas nukaks en Guaviare, cuyo asentamiento en el casco urbano de San José es una maloca sin servicios, asignada por la alcaldía donde se gestan problemáticas como el consumo de bóxer, la prostitución infantil, los robos y los profundos desajustes culturales. Tanto allí como en el mismo resguardo nukak se evidencia un problema del cual no se habla: superposición de linderos y maltrato asociado al racismo, inherente a la colonización ganadera. El silencio de credos religiosos frente a la crisis humanitaria indígena es subyacente.

La ambigüedad de la cartografía existente facilita invadir tierras. Los “dueños ancestrales”, sin capacidad de defender sus territorios, están confrontados a la aparición de caseríos de la noche a la mañana. El Ministerio del Interior, al que le corresponde defender la problemática de minorías étnicas vulneradas, debería reclamar la actualización catastral al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y exigir la revisión del sistema arcaico de notariado y registro, bajo presión de testaferros adiestrados por inversionistas destructores de ecosistemas de selva. Hilando fino, a la meta de cero deforestación de Parques Nacionales se deberían asociar temas poco debatidos por entidades sordas en tierras colonizadas.

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La reciente medida cautelar de un juez de la Unidad de Restitución de Tierras contra 16 veredas de San José del Guaviare es una oportunidad para exigir cartografía precisa. Esta herramienta tiene opositores, los que defienden grandes feudos aduciendo derecho a esas tierras desde hace más de 30 años, frente al derecho de los nukaks, sus dueños ancestrales. Están enfrentados en este proceso de restitución de 34.695 hectáreas los colonos y la Unidad de Restitución que ordena recuperar el territorio. ¿Se aplicará la justicia donde se escucha el susurro del asaí?