Una decisión tardía

El pasado 30 de septiembre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales decidió finalmente adoptar la suspensión de las campañas hechas dentro del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con Glifosato. El argumento para tomar esta decisión se basó en el principio de precaución según el cual, el Estado colombiano ante la falta de certeza científica absoluta, debe aplicar ampliamente este criterio cuando haya peligro de daño grave o irreversible con el fin de proteger el ambiente.

Esta decisión se tomó una década después que el Consejo de Estado afirmara que no podía decretarse la suspensión de las fumigaciones aéreas como medida eficaz para evitar la degradación del medioambiente. La razón de esto es que no existía la certeza de que las fumigaciones generaran un daño irreversible y grave como para requerir esa medida extrema. Sin embargo, el Consejo de Estado dispuso que el Ministerio de Ambiente tenía que cumplir el Plan de Manejo Ambiental impuesto por esa institución en 2001 y debía seguir haciendo estudios que precisaran aún más los efectos del compuesto químico usado. 

Así fue como en ese momento se perdió la oportunidad de proteger el derecho colectivo a gozar de un medio ambiente sano, de garantizar, aprovechar y restaurar los recursos naturales, las especies animales y vegetales y las diversas áreas de importancia ecológica, como lo plantearon los actores populares.

Esta situación ha generado graves conflictos e impactos ambientales para el país, ya que la aspersión aérea se viene realizando desde 1978 cuando se hicieron las primeras fumigaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta, que se siguieron haciendo a pesar de que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos había clasificado los plaguicidas que contenían glifosato como altamente tóxicos en 1993.

Como resultado, entre los efectos de esta actividad está la vulneración de la soberanía alimentaria como consecuencia de la pérdida de fertilidad del suelo, la destrucción de diversidad biológica; además de la contaminación del aire y de los cuerpos de agua,lo cual también genera graves afecciones en la salud humana según Adriana Camacho y Daniel Mejía, cuyo estudio titulado “Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: evidencia desde el caso colombiano”, fue uno de los soportes, junto con la alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud, para que el ministro sugiriera la suspensión del programa.

Además, están también los impactos en la economía, en las dinámicas sociales y en la salud. Unido a lo anterior está cómo el conflicto armado se nutre del cultivo ilícito lo que genera, en muchos casos, violación a los derechos humanos.

Según el Informe Mundial sobre las drogas de 2015 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el costo humano de la fabricación y el tráfico de cocaína, el cultivo ilícito de arbusto de coca y la transformación de la coca en cocaína, siguen causando graves daños al ambiente, aun cuando el cultivo del arbusto de coca ha disminuido.

Solo en Colombia se perdieron unas 280.000 hectáreas de bosque, entre 2001 y 2013, como consecuencia directa del cultivo de coca, en tanto que las prácticas agrícolas de tala y quema utilizadas para limpiar nuevas parcelas han dado lugar a un aumento de la erosión. Los herbicidas y fertilizantes usados en el cultivo de arbusto de coca y otras sustancias químicas empleadas en la transformación de coca en cocaína también han ocasionado daños ambientales.

Bo Mathiasen, jefe de la UNODC en el país, señaló que más o menos el 70% de los cultivos ilícitos están en zonas especiales donde no se puede usar la aspersión aérea. Sin embargo, el Consejo de Estado solo hasta 2013 concluyó que se puede verificar que la actividad de aspersión aérea con glifosato en el Sistema de Parques Nacionales Naturales conlleva un riesgo potencial al ambiente; riesgo sobre el cual existe incertidumbre científica cuya potencialidad ha sido evaluada científicamente, y ha sido calificada como grave e irreversible.

La decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de suspender de manera inmediata el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato, ante la posibilidad de un daño inminente (en este caso sobre la salud humana) y el convencimiento científico muestra que estos argumentos son condición suficiente para dar aplicación al principio de precaución.

Esta decisión, que tiene carácter transitorio, se puede levantar entre otras razones cuando haya evidencia científica que determine la ausencia de carcinogenicidad en humanos y animales experimentales para el ingrediente activo glifosato.

Es importante señalar que hace falta investigación sobre los impactos de esta actividad no solo en la salud humana, sino también en el medioambiente y que es necesario establecer cómo se va a asumir la responsabilidad de todos los actores en esta materia. Debemos reconocer que es importante la decisión, la pregunta que nos queda es: ¿cuáles son las implicaciones que tiene la adopción de esta decisión de manera definitiva?

La evaluación de las afectaciones que se han presentado nos lleva a reflexionar sobre la oportunidad de tomar decisiones, porque consideramos que después de tantos años, esta es una decisión tardía. Las autoridades debieron haber acogido las consideraciones a las que se llegó por la vía jurisprudencial tras años de debate. En cambio, actuaron con negligencia ante unas evidencias que desde hace años exigían la aplicación directa del principio de precaución.