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Uso sostenible: una solución realista

Imaginen: Colombia, 1945, en algún manglar de la costa caribeña dos pescadores, con arpón en mano, buscan un caimán aguja a la luz de su linterna. En su canoa se amontonan las pieles de otros nueve ejemplares: la noche ha sido fructífera...

Mauricio Ochoa
13 de marzo de 2019

Los cueros de caimán nutren el jugoso negocio de comercio internacional de pieles que, de manera no sostenible, lucra a muchos en detrimento de las exuberantes poblaciones de caimanes y cocodrilos en toda la región tropical. Todo es legal, ya que la legislación de la época no lo prohíbe y estas especies se aprovechan sin ningún tipo de control.

En consecuencia, 30 años después, la mayor parte de las 22 especies de cocodrilos del mundo se encuentra en riesgo de extinción, así como sus demostrados beneficios ecológicos y económicos.

En el mismo sitio, 40 años después, se repite la escena, pero el contexto ha cambiado. Los hijos de aquellos pescadores escudriñan sin éxito el manglar. Apenas han logrado matar un ejemplar en tres noches y hay que vender su cuero salado con discreción. Se trata de una actividad ilegal, prohibida desde 1969, pero aún así extendida. Las penas no son altas y las alternativas económicas escasas, por lo que el riesgo merece la pena.

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Esa es la situación que se encontró Giovanni Ulloa y Clara Sierra cuando llegaron a la bahía Cispatá a finales de la década de los 90 a trabajar en el uso sostenible del manglar. En una iniciativa sin precedentes en el país, lograron convencer a la comunidad de pescadores allí asentadas para que abandonaran la caza ilegal de caimanes y, por el contrario, se unieran a ellos en un esfuerzo común para conservar la especie, con la promesa de que cuando se recupere, se pueda aprovechar su piel de manera legal y sostenible.

En primer lugar, se estimó el tamaño de la población, que estaba raquítica; se ubicaron entonces los escasos nidos y se construyeron plataformas para favorecer las áreas de desove; se edificó un centro de cría en cautividad, con incubadora y encierros; durante 15 años se incubaron más de 21.000 huevos silvestres y los neonatos obtenidos durante el proceso de incubación fueron criados hasta alcanzar un talla que multiplica exponencialmente sus posibilidades de sobrevivir en el manglar; se pasó de 50 nidos encontrados en 2003 a 121 en 2017, una medida clara del éxito cosechado, fruto de la reintroducción de más de 12.000 ejemplares criados en cautividad. Este éxito, que tuve la oportunidad de conocer personalmente, fue premiado nacional e internacionalmente.

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Faltaba la segunda parte, la burocrática, y Giovanni y Clara, de la mano del Instituto Humboldt, el grupo de especialistas de cocodrilos y el Ministerio de Ambiente se lanzó a las reuniones de CITES, el tratado internacional que regula el comercio de especies amenazadas a nivel mundial, para explorar la posibilidad de aprovechar comercialmente el caimán aguja en la bahía de Cispatá.

Al segundo intento se obtuvo el beneplácito y en 2016 se obtenía el anhelado reconocimiento internacional a tantos esfuerzos por parte de la comunidad. Cabe recordar que CITES es un tratado firmado por 183 países y por Colombia en 1981, y desde que entró en vigor en 1975 ha logrado que no se extinga ninguna especie protegida debido al comercio. No se trata, por tanto, de un grupo de aficionados. Como tampoco lo son los miembros del Grupo de Especialista de Cocodrilos de la IUCN (CSG-IUCN), una red mundial de biólogos, administradores de fauna, funcionarios e investigadores dedicados a la conservación y uso sostenible de los cocodrilos a nivel global. Esta institución que también dio su visto bueno al proyecto de la bahía de Cispatá.


Caimán Aguja. Foto: Mónica Morales / Instituto Humboldt

Ahora, casi dos años después, el gobierno nacional, siguiendo los requerimientos de CITES, acaba de levantar la veda de caza del caimán para Cispatá. Esta medida haencendido los ánimos de algunos sectores bienintencionados, pero desinformados, que recolectan firmas y piden la comparecencia del Ministro de Ambiente al Senado con el fin de detener el aprovechamiento de caimanes. Son grupos ruidosos, aunque minoritarios, pero con argumentos que hay que atender:

- Consideran estos grupos que la caza es en toda el área de distribución del caimán, cuando en realidad está restringida a la bahía de Cispatá, el sitio donde se ha demostrado con más de 10 años de investigación y trabajo serio una recuperación exitosa de la especie, gracias al trabajo de la comunidad local.

- Consideran que se trata de una caza indiscriminada, cuando solo se permite el aprovechamiento de 200 huevos cosechados en el medio natural por las comunidades locales. De no ser por el proyecto de uso sostenible, más del 90% de dichos huevos no llegarían a ser adultos (y por tanto, a contribuir a la reproducción de la especie), debido a las altas tasas de depredación natural y a que no habría recursos para mantener el programa de cría en cautividad.

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- Consideran que tras tanto esfuerzo de protección que llevó a la recuperación de la especie, es un contrasentido permitir de nuevo la caza, pero no consideran que la prohibición por sí sola no ayudó a la recuperación de las poblaciones, que es necesario que la comunidad cuente con incentivos económicos para la conservación de una especie que no es amigable, no es querida e incluso es potencialmente peligrosa. ¿Por qué deberían los pescadores convivir con el caimán si no les otorga ningún beneficio? Desde las ciudades la perspectiva es otra, claro, pero vayan a vivir la realidad al manglar.

Es esclarecedor el ejemplo de iniciativas similares en EEUU, Australia o Argentina, por mencionar solo algunas, donde el uso sostenible de crocodílidos no solo ha impedido la extinción de las poblaciones silvestres, sino que, por el contrario, ha contribuido a la conservación y al desarrollo de las poblaciones humanas.

- Consideran, y este quizá el punto más controvertido, que no se justifica el sacrificio de unos pocos ejemplares en beneficio del conjunto de la población de caimanes y que es factible que estos sobrevivan conviviendo con las comunidades únicamente protegidos por la ley. Les puedo asegurar que, a ningún biólogo, los que estudiamos la ciencia de la vida, nos satisface la muerte de ningún animal, preferiríamos que hubiera otras opciones, pero estas solo son posibles en áreas de conservación estricta, aunque incluso en un parque nacional la convivencia humanos-caimanes está lejos de ser idílica.

Somos conscientes de que el aprovechamiento no es la única solución posible para la conservación de la especie, pero siendo honestos, constituye la única solución realista que no niega el desarrollo de las comunidades empobrecidas de Cispatá.