A los 53 años, Renan Agra, acusado de apuñalar a dos perros en Manaos, le tocó aprender a las bravas a cuidar a los animales. Fue condenado a prestar un año de servicio voluntario en una perrera municipal.

Algunos años atrás, un hacendado condenado por talar más árboles de los permitidos en su propiedad tuvo que dejar el hacha por el timón y dedicarse unos meses a conducir el bus escolar que lleva a los estudiantes a las aulas ecológicas fuera de la ciudad.

Por la misma fecha, a una campesina autora de quemas ilegales se le impuso alimentar, todos los sábados, a los peces del acuario del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía

Así son las penas alternativas impuestas por la Vara Especializada en Medio Ambiente y Cuestiones Agrarias (comúnmente abreviada Vemaqa) del Estado de Amazonas, en Brasil, uno de los ejemplos más representativos de tribunales ambientales en el mundo.

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La Vemaqa fue fundada en 1998 y desde entonces es la encargada de juzgar sobre una gran variedad de asuntos, desde maltrato animal hasta minería ilegal. Hoy, es famosa por su enfoque restaurativo. Como cuenta Adalberto Carim Antonio, juez de la Vemaqa, “el perfil de este tipo de criminales es diferente y la posibilidad de que aprendan y tengan una reinserción social es grande”, reporta el medio local A Crítica.

La Vemaqa prefiere educarlos con penas alternativas que generen una conciencia ambiental y sanciones económicas que produzcan un beneficio social. Incluso cuenta con una escuela nocturna a la que deben ir los infractores para aprender de la importancia del medioambiente.

Un laboratorio de ideas

Estos tribunales empezaron a surgir a mediados de los años setenta y, desde entonces, han crecido en números impresionantes: hoy hay más de 1.500 en 44 países, de acuerdo con un artículo recientemente publicado en el Journal of Energy & Natural Resources Law.

La idea detrás de estos es que, como señala Cassandra Burdyshaw en ¿Qué puede aprender Chile de otros tribunales ambientales en el mundo?, pueden “adoptar enfoques integrados que abarquen las diferentes leyes ambientales en su conjunto, a diferencia de lo que pasa con los tribunales ordinarios.

Así, un tribunal del medioambiente podría tener la autoridad para revisar de forma simultánea todos los permisos ambientales relativos a las necesidades de desarrollo (zonificación, construcción, permisos de salud pública, aire, agua, permisos de residuos, estudios de impacto ambiental, requisitos de preservación ecológica, derecho indígena, preservación histórica y cultural, etcétera) en lugar de que tales decisiones las tomen diferentes autoridades, en diferentes momentos y con diferentes —y a veces contradictorios— resultados”.

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Un ejemplo de dicho beneficio es la Corte de Tierra y Medio Ambiente (LEC, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva Gales del Sur, en Australia. Esta fue, en 1980, la primera corte suprema en temas medioambientales en el mundo y su jurisdicción es de las más amplias: no solo resuelve disputas civiles sino que revisa continuamente cualquier decisión de gobierno que impacte el medio ambiente y, a menudo, las reversa.

Para ejercer esta competencia, el tribunal adopta un enfoque meritocrático. Su objetivo se vuelve “juntar a los expertos, crear una sinergia y facilitar el libre intercambio de información. Se convierte en un laboratorio de ideas en derecho ambiental”, como dijo Brian J Preston, presidente de la LEC, en un discurso magistral en un foro en Vancouver, Canadá.

Por eso, en Australia se pueden nombrar expertos de temas relacionados con el desarrollo sostenible para que funjan de “comisionados”, funcionarios del tribunal con autoridad para dirimir los conflictos menos graves.

Justicia restaurativa

En cuanto a Latinoamérica, Costa Rica fue el primero, en 1995, en tener uno. Su Tribunal Ambiental Administrativo obliga a reparar el daño incluso antes de que haya una valoración económica. En 2010, en un caso histórico, el tribunal sentenció a una minera canadiense a pagar 6,4 millones de dólares por el proyecto de una mina de oro que ni siquiera pudo empezar, pero que tuvo “irregularidades” en la concesión de los permisos y que alcanzó a talar ilegalmente un bosque de almendros.

El tribunal incluso pidió abrir un proceso contra el expresidente Óscar Arias por declarar el proyecto en su momento de “interés nacional”.

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De ahí que grandes empresas, como la Agropecuaria Las Brisas, el año pasado, prefieran acceder a acciones restaurativas como sembrar 2.300 árboles nativos en un área protegida que invadió, antes que enfrentar un juicio. En 2005, el tribunal logró una tasa de acuerdos del 95 por ciento. Estos son aprobados por el propio tribunal y tienen fuerza de ley.

Casos de éxito como estos han vuelto muy popular este tipo de jurisdicción especializada. Además de Brasil y Costa Rica, hay tribunales ambientales funcionando en Bolivia (desde 2000), Chile (2010), Argentina, El Salvador (2014) y, más recientemente, Perú (en mayo de este año).

En Colombia poco se ha hablado de esta alternativa judicial. Mas siendo uno de los 10 países con más conflictos mediambientales en el mundo, según el Atlas de Justicia Ambiental, ¿será que llegó el momento de considerar su creación?