El asbesto en Colombia se utiliza para la fabricación de tejas y otros materiales. Foto: archivo/Semana

IMPACTO

El asbesto tendría sus días contados en Colombia

De acuerdo a fallo judicial, el Estado colombiano tiene cinco años para encontrarle sustituto al asbesto. Una medida histórica que contrasta con la iniciativa de prohibición que lleva 12 años haciendo trámite en el Congreso , y que aún no ha sido aprobada.

4 de marzo de 2019

El clamor de Ana Cecilia Niño, su familia y cientos de víctimas del asbesto en Colombia parece haber sido escuchado. El fallo proferido por el juzgado 39 administrativo de Bogotá frente a una demanda instaurada en 2005 por Juan José Galindez, abre la puerta a la sustitución de este material en el país. 

En la sentencia el juez Leonardo Galeano ordena al Estado implementar una política para sustituir el asbesto en un plazo de cinco años. La decisión, que sería presentada esta semana, debe ser ejecutada por los ministerios de Salud y Trabajo.

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Galeano precisa que técnicamente no es una prohibición, sino que es la orden a los mencionados ministerios de diseñar, implementar y ejecutar dicha política para que termine la ejecución en el periodo indicado. 

La determinación se basa, según el Juez, en diferentes circunstancias, entre ellas las planteadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su instituto especializado de cáncer, “que determinaron que el asbesto no tiene un umbral seguro para su exposición, tanto ocupacional como ambiental". 

Es de recordar que el asbesto es un material que sirve como aislante y también como materia prima para la fabricación de tejas o pastillas de freno y viene siendo utilizado desde hace muchos años en el país.

Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, celebró la decisión, pues ha sido tanta la dilación y la demora que - según ella- cualquier avance en materia legal y normativa es un buen comienzo. Si bien en el país no hay datos exactos del número de ciudadanos afectados por este material, según los subregistros manejados en el Ministerio de Salud, son 520 las personas que resultan enfermas de cáncer a causa del mismo.

Las enfermedades relacionadas con los efectos del asbesto se manifiestan 20 o 30 años después de que la persona empieza a ser afectada con el mismo y lo más complejo es que cuando se evidencia ya es poco lo que la ciencia puede hacer para contrarrestar sus efectos.  

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Una de las afectaciones más comunes por la inhalación de este material es el mesotelioma, que no es otra cosa que la formación de células malignas en el revestimiento del tórax o el abdomen. Sin embargo, no es la única, pues también puede generar cáncer de de ovario, laringe o pulmón, entre otros.

Es tan grave la afectación del asbesto, que en el mundo fallecen más de 107.000 personas al año por cáncer de pulmón relacionado con este material, asbetiosis y mesotelioma, a pesar de que más de 60 países ya han prohibido su uso, incluidos los miembros de la Unión Europea. Se dice que en el contexto mundial unos 125 millones de personas están expuestas a la inhalación de este material.

Nueva lucha

Y mientras se ven luces al final del túnel por cuenta de las decisiones del Juez 39 Administrativo, un nuevo “round” inician quienes luchan porque el Proyecto de Ley que cursa en el Congreso continúe avanzando y que en 12 años se ha caído 7 veces. Esta es la oportunidad en la que ha logrado llegar más lejos.

Este mes será radicado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con la esperanza de que sea debatido en comisión y plenaria y sea aprobado. La encargada de presentarlo es la senadora conservadora Nadia Blel, luego de que se lograra que en 2018 fuera aprobado en la Comisión Séptima y la Plenaria del Senado.

En el país el rechazo al uso de este material es amplio, sin embargo, se sigue permitiendo. Para Silvia Gómez, los argumentos de la industria que trabaja esta materia prima no tienen ningún tipo de validez, pues es absurdo pensar que este mineral bien manejado no genera efectos dañinos para la salud. 

Adicionalmente, considera inaudito que estas empresas se hayan dedicado a dilatar todos los procesos emprendidos, argumentando que en el país no había estudios que demostraran el daño causado, cuando existían todas las evidencias e investigaciones de lo que estaba sucediendo en el mundo.

“Estudios de las universidades del Rosario y de Los Andes coinciden en que se trata de una sustancia cancerígena; sin embargo, las empresas se dedicaron a hacer lobby logrando dilaciones”, manifiesta.

Cuenta que en 2018, la ONG que dirige, acompañada de quienes han tomado esta causa como una bandera, empezaron a ejercer presión en la Comisión Séptima del Senado exponiendo las caras de los legisladores que tenían la responsabilidad de aprobar el proyecto y presionando para que asistieran a los debates. Esto dio resultados.

El proyecto, que se espera continúe avanzando en el Congreso, tiene el sello de Ana Cecilia Niño, una periodista que falleció en enero de 2017 por causa de cáncer de mesotelioma, provocado por el contacto con este mineral, dado que vivía en el barrio Pablo Neruda, cerca a Sibaté (Cundinamarca), donde está ubicada la fábrica de Eternit, firma productora de tejas.

Ahora, quienes han honrado su causa, siguen luchando para pedir que este material se elimine y que se proteja la vida de muchas personas que están expuestas a él.