Hidroituango, deforestación y líderes amenazados: el balance ambiental de Colombia en el 2018

*Mongabay Latam

El 2018 ha sido un año especialmente complicado y desafiante para la gestión ambiental en Colombia. No solo la salida de la guerilla de las FARC de las selvas del país aceleró procesos como el acaparamiento de tierras y el conflicto socioambiental, también los índices de deforestación crecieron como nunca antes, los incendios forestales intencionales aumentaron y la llegada de economías ilegales se disputaron a muerte el territorio. Los pueblos indígenas, en especial los del borde norte de la región -en límites con la cordillera de Los Andes y la Orinoquía- han visto invadidos sus territorios y están intimidados por los asesinatos y amenazas contra sus líderes.

Por otro lado, Hidroituango, el mayor proyecto de generación eléctrica en el país, que garantizaría la energía hasta el 2025, causó una crisis ambiental y social en el norte del departamento de Antioquia, al noroccidente de Colombia. La alerta de riesgo sigue latente y la viabilidad del megaproyecto aún es una incógnita. Al mismo tiempo, defensores ambientales y sociales pasaron por un 2018 cargado de amenazas, intimidaciones y hasta muerte.

Lo malo: alerta roja en la Amazonía colombiana

Aunque el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicará la cifra oficial de deforestación del 2018 en unos meses, la expectativa es pesimista. Solamente el Parque Nacional Natural Tinigua, una de las zonas con la máxima categoría de protección, perdió más de 5600 hectáreas de bosque en los primeros tres meses de este año y según el reporte del Ideam para el último trimestre del año, la Amazonia concentró el 43 % de las alertas tempranas de deforestación de todo el país.

La preocupación de los expertos se sustenta también en la tendencia mostrada desde el año pasado. En el  2017 Colombia perdió 219.973 hectáreas de bosques -equivalentes a cerca de 110 000 canchas de fútbol-, un incremento del 23 % respecto al 2016. La Amazonía concentró el 65,5 % de la deforestación total del país.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), asegura que la zona que más preocupa es el área de frontera agropecuaria de los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. Los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, La Macarena, San José del Guaviare, El Retorno y Calamar concentran las tasas más altas de deforestación.

“La principal causa es el acaparamiento de tierras. Ocupaciones en predios grandísimos que definitivamente no corresponden a pequeñas inversiones ni a uso intensivo de la tierra. Primero empieza la apropiación y luego viene la instalación de sistemas económicos; el más sencillo y común es la ganadería. También está la aparición descontrolada de vías locales y regionales que son las que mayor impacto están teniendo en este momento”, le dice Botero a Mongabay Latam.

Pero hay fenómenos más recientes que también llaman la atención de quienes trabajan en la región amazónica. Entre ellos está el avance de proyectos agroindustriales, en particular de palma africana en el departamento de Guaviare. De hecho, a Botero le llama mucho la atención este fenómeno por la magnitud de la inversión que se empezó a dar en el último año y porque no corresponde a la política y estrategia que ha planteado Fedepalma -organización que agrupa a la mayoría de palmeros de Colombia- , que ha manifestado varias veces su decisión de no querer entrar a la Amazonía. “Lo cual revela que no basta simplemente con los acuerdos sectoriales y que la gente responde a otras dinámicas, a otros intereses económicos y de mercados que no siempre están alineados a los de los gremios”, sostiene Botero.

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Lo más preocupante es que la deforestación cada vez se adentra más en territorios protegidos como reservas forestales y campesinas. “Yo no creo que que en este momento haya personas naturales ni asociaciones campesinas que tengan la capacidad de inversión para transformar estas extensas áreas para la siembra de palma”, enfatiza Botero. Según dice, es muy extraño que las autoridades sepan quiénes son los que están detrás de la deforestación y de los incendios y no se haga nada, sumado a que muchas personas todavía desprecian el bosque y consideran que no ofrece ningún bien o servicio.

En este tema no solo tienen responsabilidad las autoridades ambientales. Si el gran problema es la apropiación de tierras baldías -terrenos públicos que le pertenecen a la nación-,  debería haber, según Botero, una mayor participación de la Agencia Nacional de Tierras, que no tiene ninguna presencia ni capacidad para hacer cumplir la función social de la propiedad, ni la función ecológica ni la zonificación ambiental del territorio. “Es la entidad que más brilla por su ausencia”, dice.

En agosto de este año Colombia tuvo cambio de gobierno. Juan Manuel Santo dejó la presidencia luego de 8 años e Iván Duque, del partido opositor Centro Democrático, asumió el mandato. Esta renovación tenía a los colombianos con muchas dudas sobre cuál sería la nueva postura que se asumiría en materia ambiental, sobre todo por el interés del nuevo gobierno en darle importancia al desarrollo de actividades extractivas como el petróleo y la minería.

Sin embargo, sorprendió la decisión de nombrar a Ricardo Lozano como ministro de Ambiente, pues había sido director del Ideam hace unos años y cuenta con una trayectoria reconocida en el sector ambiental. El ministro dijo que por encima de cualquier otro interés su labor será velar por el medio ambiente y la sostenibilidad.

“Nosotros somos la cartera que orienta al desarrollo económico y social de Colombia por la senda de la sostenibilidad para la conservación de los recursos, para que cualquier aprovechamiento de estos se dé bajo los principios de la prevención, mitigación, restauración e, incluso, de la compensación. Cuando acciones como el fracking pongan en peligro la vida de las personas se deberán incluir todos los parámetros para que eso no suceda, y aquí seremos los garantes para ello”, dijo en una entrevista con el diario El Tiempo.

Lo feo: el  miedo que produce Hidroituango

El Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, más conocido como Hidroituango, es una de las obras de ingeniería más grandes en la historia de Colombia y su costo superará los 11 billones de pesos (cerca de 3.800 millones de dólares). La obra está ubicada en el departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia y afecta al río Cauca, el segundo en importancia después del Magdalena. A pesar de las grandes expectativas que concentró, este 2018 el megaproyecto estuvo envuelto en una gran polémica y escándalo.

Esta gran obra -que debería suministrar el 17 % de la energía del país- colapsó en mayo de 2018, cuando causó la inundación de gran parte de la zona rural del municipio de Valdivia y puso en alerta roja a cerca de 12 poblaciones de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Los pobladores tuvieron que ser reubicados y el desastre, que duró varios meses, puso en entredicho la reputación de una de las empresas más grandes de Colombia (Empresas Públicas de Medellín, más conocida como EPM).

Tras meses de alta tensión, EPM logró construir la presa y la preocupación disminuyó, aunque la alerta de riesgo se mantiene. Todavía se espera la entrega de un informe de auditoría que indicará cuáles fueron las causas reales de lo sucedido: si se trató de eventos imprevisibles o si, efectivamente, como dicen muchos críticos, hubo negligencia en acciones y decisiones por parte de la empresa.

Aunque a principios de noviembre, Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, informó que el proyecto estaba en marcha de manera adecuada y satisfactoria, para Isabel Cristina Zuleta, líder del movimiento Ríos Vivos Antioquia, que ha hecho oposición a Hidroituango desde hace más de 10 años, el riesgo no ha cesado.

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“La zona sigue estando en alerta roja. Los movimientos en masa y los desprendimientos de roca se han mantenido. Lo que hemos podido constatar es la intencionalidad de la empresa, con la terminación del vertedero y la continuación de la obra, de dar la impresión de que ya hay condiciones de seguridad cuando eso no es cierto. Se busca manipular los datos, los registros y toda la información que ha salido a prensa”, le cuenta Zuleta a Mongabay Latam.

Santiago Ortega, profesor de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, asegura que “el funcionamiento del vertedero disminuyó el riesgo, era un hito que había que pasar, pero no soluciona los problemas de fondo que tiene la central” y añade que “todavía viene pasando agua por casa de máquinas, una zona que no está diseñada para eso. Hasta que no deje de pasar por ahí no se sabrá qué tan dañado está el proyecto por dentro ni cuánto cuesta arreglarlo. Además, si casa de máquinas falla, y puede fallar en cualquier momento, tendría unos impactos muy fuertes sobre el proyecto”.

Ortega considera que persiste otro factor de riesgo. Los túneles de desviación no han sido tapados todavía y podrían volver a destaparse. Según dice, si lo hacen, se podría tener de nuevo una creciente como la de Puerto Valdivia el 12 de mayo. “Eso está muy estable, hace mucho rato no pasa nada y ya pasó el invierno, pero hasta que los túneles no estén bien sellados, no se puede decir que el riesgo disminuye para las comunidades aguas abajo”.

Lo preocupante: un año difícil para los pueblos indígenas

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en 2018 se asesinaron 21 líderes indígenas en Colombia, aunque la cifra puede ser mayor debido al subregistro que suele acompañar estos conteos. De hecho, el pueblo indígena Awá del departamento de Nariño habla de 24 muertos en lo corrido del año, solo en esa comunidad.

El evento más reciente ocurrió a principios de diciembre cuando fueron asesinadas dos de las máximas autoridades del Pueblo Indígena Awá en el Resguardo Indígena Palmar Imbi, del municipio de Ricaurte, Nariño: Héctor Ramiro García y Arturo García. El primero fue uno de los fundadores de las organizaciones Unidad Indígena Del Pueblo Awá (UNIPA) y Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI). Arturo era hijo de Héctor, vinculado a la guardia indígena desde hacía diez años y actual gobernador electo para 2019.

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Carolina Gil, directora de Amazon Conservation Team (ACT) en Colombia, una de las organizaciones que trabaja con pueblos indígenas en el país, dice que es muy preocupante el asesinato de líderes indígenas que se ha vivido en 2018. “No solamente implica el fin de la vida de una persona sino que acaban con liderazgos construidos y con la representatividad de las mismas comunidades. Los asesinatos terminan menoscabando todos los procesos que tienen los indígenas en términos colectivos, los fracciona, los debilita y los intimida”, asegura.

Y es que este año las comunidades indígenas y sus líderes han tenido que luchar contra la reacomodación de actores ilegales en sus territorios como parte del proceso de paz y salida de las FARC de estas zonas. Para Gil, las economías ilegales (como algunas formas de minería, tala de árboles y narcotráfico) generan fuertes presiones y los indígenas terminan en medio todo eso, lo que acaba por afectar sus dinámicas de vida.

Rodrigo Botero de la FCDS también hace énfasis en lo que ocurre en territorios indígenas de la Amazonía. Para él, es preocupante que existan entes territoriales que están invirtiendo, dentro de los resguardos indígenas, en poblaciones que han sido invasoras de estos territorios. “No es posible que se hayan creado unidades de planificación administrativas registradas como las veredas -zonas rurales de los municipios-  dentro de los resguardos y que esto lo hagan autoridades municipales y departamentales cuando es claramente algo ilegal. Ponen alumbrados, escuelas y hasta carreteras para otras personas en territorios indígenas”.

Por otro lado, el proyecto que surgió este año para limitar los procesos de consulta previa y así “agilizar proyectos de desarrollo en el país” es interpretado por líderes indígenas como una amenaza directa contra ellos. Robinson López, Coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Organización de Pueblos Indígenas Amazónicos de Colombia (OPIAC), le dijo a Mongabay Latam que “la estrategia del gobierno en este momento es limitar los derechos del pueblo en general, incluyendo a los grupos étnicos. Los indígenas recibimos la limitación a las consultas populares en octubre como una fuerte amenaza”. Para López, eso significaría retrocesos en derechos para los pueblos indígenas, “tenemos temor de que la consulta previa termine siendo limitada como ya pasó con las consultas populares”.

El desafío: no cesan las amenazas contra defensores ambientales

El 2018 fue un año dramático para los defensores ambientales en Colombia. De acuerdo con los datos más recientes de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año, 164 líderes fueron asesinados. 153 fueron hombres y 11 mujeres. La cifra subió un 23,2 % respecto a 2017, cuando mataron a 126 personas y en el conteo de este año todavía falta sumar diciembre.

Isabel Cristina Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, sabe lo peligroso que es este tema y más en su departamento, donde se desarrolla el proyecto Hidroituango. Mongabay Latam hizo un reportaje en mayo de este año donde contó detalles del asesinato de dos hombres opositores a la represa y que hacían parte de la organización a la que pertenece Zuleta.

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“Siempre ha sido peligroso. Ser defensor ambiental es enfrentar los intereses de sectores económicos que están destruyendo el hábitat que nos rodea. Entonces, si nosotros ponemos en riesgo esos intereses, pues eso nos genera un riesgo a nosotros mismos”.

Zuleta considera que el riesgo nunca ha disminuido, solo que “ahora es más notorio que antes y se ha agudizado”. Para ella, cuando se está en un territorio vulnerable en peligro, la defensa ambiental es vital. “Otros optan por no hacer nada, pero en términos de dignidad es muy difícil quedarse quieto cuando todo a tu alrededor se destruye”, resalta.

Muchos temen por la vida de personas como Isabel, incluso más de lo que ella misma al parecer se preocupa. Antioquia, a pesar de tener como capital a Medellín, la segunda ciudad más importante y grande de Colombia, no es un territorio fácil. De hecho, es el segundo lugar del país donde hubo más asesinatos (24) solo superado por el departamento de Cauca (30) donde la población indígena fue la que más sufrió.

Además, Ituango (Antioquia) es el segundo municipio con más homicidios de líderes ambientales y sociales, 4, solo superado por Tumaco (Nariño) con 6 asesinatos. “Enfrentar los intereses políticos y económicos es muy peligroso, pero no hacerlo también lo es porque te están destruyendo todo, te están dejando con enfermedades o simplemente sin medios de subsistencia”, concluye Isabel Cristina Zuleta.

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Según datos del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, entre enero y el 10 de diciembre de 2018 las comunidades recibieron 108 ataques: 27 amenazas, 2 asesinatos a miembros del grupo (Hugo y Luis tal como contó Mongabay Latam), 6 familiares de miembros de la organización muertos, 4 hostigamientos, 20 episodios de seguimiento y vigilancia, 2 desalojos forzosos, entre otros hechos.

Pero en medio de la preocupación y de las noticias negativas que se han vivido en Colombia, también hay un balance positivo y este tiene que ver con la declaratoria de áreas protegidas en el país.

Lo bueno: más áreas protegidas en Colombia

En 1994 Colombia suscribió el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y se fijó tener, para 2020, al menos el 17 % de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 % de las zonas marinas y costeras protegidas, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. Esa meta hoy se superó, pues el país cuenta con 30.923.668 hectáreas protegidas.

Para Carlos Castaño, exdirector de Parques Nacionales Naturales de Colombia y actual director científico de la Fundación Herencia Ambiental Caribe, en 2018 se avanzó no solo en declaración de nuevas áreas y en la ampliación de otras sino, por ejemplo, en estrategias para erradicar la minería de varios ecosistemas estratégicos de Colombia: páramos, manglares y  arrecifes coralinos. “Había que pasar de un 12 % a un 25 % del territorio nacional en estado de protección y eso se alcanzó, y es más, se superó”, dice.

Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, destaca en 2018 la incorporación de ecosistemas que antes no estaban representados en el Sistema de Áreas Protegidas del país, como es el caso de las sabanas inundables de Cinaruco, área que además permite, bajo cierto control, actividades como ganadería y agricultura siempre y cuando no sea a gran escala. Jarro también resalta “la labor que se hizo durante este año por ampliar las áreas marinas protegidas”.

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Pero hay una preocupación que queda para 2019: ¿el presupuesto otorgado por el gobierno al sector ambiental, y en especial a una entidad como Parques Nacionales, será suficiente para cumplir con los retos de gestión y vigilancia?, ¿se llegará a consensos con los campesinos que habitan dentro de las diferentes áreas protegidas y se les garantizarán medios de subsistencia?. Sin duda este será un tema que estará permanentemente sobre la mesa el próximo año.

Lea el artículo completo publicado originalmente en Mongabay Latam

https://es.mongabay.com/2018/12/balance-ambiental-colombia-2018-hidroituango-deforestacion-y-lideres-amenazados/