Las actuaciones del Gobierno de Juan Manuel Santos en materia medioambiental parecen ser guiadas de manera aleatoria. Si hace unas semanas los ambientalistas celebraban con júbilo la delimitación de 8 nuevos paramos para blindarlos frente a la minería, hoy salen a la luz denuncias sobre el licenciamiento para la exploración y explotación de varios pozos petroleros en cercanías a la serranía de La Macarena, una situación que afectará el frágil ecosistema del que hace parte uno de los lugares insignia de la biodiversidad colombiana: Caño cristales, ubicado en pleno corazón de la serranía de la Macarena. 

El permiso para dichas actividades fue entregado a la empresa Hupecol bajo la resolución 0286 del 18 de marzo de 2016. En el documento y en el mapa a continuación se evidencia que varios de los puntos en los que se realizarán las actividades exploratorias limitan con varias áreas protegidas de la serranía. El proyecto contempla 150 pozos en un área cercana a las 30.000 hectáreas. (Ver resolución)

Sin embargo, en lo que parece un ‘lavado de manos’ la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se cuidó de no tocar las áreas protegidas sin tener en cuenta que los impactos sobre los ecosistemas colindantes podrían ser desastrosos. 

(Vea: ANLA, una crisis de autoridad)

Ante la avalancha mediática la ANLA hizo una rueda de prensa para desmentir que vaya a haber exploración en Caño Cristales, no obstante, “la exploración se hará a 68 kilómetros de la zona”, aseguró el director de la entidad Fernando Ireguí. Y añadió que "No existe afectación en Caño Cristales con la exploración petrolera licenciada". Incluso el ministro de ambiente trinó en su cuenta, desconociendo que los impactos de este tipo de proyectos tiene un área de influencia mayor así no toque directamente las áreas de reserva. 

Sin embargo, una distancia de 68 kilómetros no debe ser considerada menor dada la interconexión y fragilidad de los ecosistemas del área. Incluso varios expertos señalan que los pozos tendrían impacto en los nacimientos de los ríos Guayabero, Duda, Lozada y en el emblemático Caño Cristales. Ante esto la ANLA señaló que de las 30.000 hectareas solo el 43% puede ser usado para la exploración porque el 57% restante figura como zona de exclusión, es decir en dicha área existen ecosistemas que de ser intervenidos estarian en serio peligro. 

Por su parte, el alcalde de La Macarena, Ismael Medellín, asegura que “la preocupación se da principalmente porque nosotros en La Macarena nos hemos preparado 15 años para ser una zona turística y ambiental”. Y es que en la zona los turistas tienen prohibido introducir pequeñas cantidades de químicos presentes en aerosoles por lo que al alcalde le parece inaudito que se habilite la exploración.

Con este nuevo caso se evidencia una vez más la falta de coherencia en la política mineroenergética en Colombia, porque mientras se intenta proteger algunos ecosistemas y la Corte Constitucional ordena su protección, desde el Gobierno de Juan Manuel Santos se continúa impulsando proyectos mineros y petroleros a gran escala. Todo esto con el aval de una entidad como la ANLA que cada vez está más en entredicho.

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