Las elecciones presidenciales en Colombia ya están cerca. El próximo domingo 27 de mayo los colombianos irán a las urnas para elegir al sucesor del presidente Juan Manuel Santos, quien abandonará la Casa de Nariño el próximo 6 de agosto luego de estar ocho años en el poder (agosto 2010 – agosto 2018). A solo 15 días de la trascendental decisión, el panorama político está agitado y una de las grandes preocupaciones es qué pasará con el Acuerdo de Paz firmado en 2016 ante un escenario donde la derecha y su principal candidato Iván Duque —quien viene liderando en las encuestas en gran medida gracias al apoyo político del expresidente Álvaro Uribe— llegan al poder. El otro escenario sería una novedad para un país tradicionalmente conservador si el representante de la izquierda y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, asumiera la presidencia. Ambos candidatos van punteando en las encuestas.

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En una arena política convulsionada donde las propuestas en seguridad y crecimiento económico siempre están en primer lugar, 14 organizaciones, entre las que se encuentran  Transforma, Dejusticia, OpEPA, Fundación Natura, Avaaz y Gaia Amazonas decidieron unirse para llamar la atención sobre el medio ambiente, un tema que muchas veces es pasado por alto en los discursos y propuestas de los candidatos. Incluso lanzaron la campaña #ColombiaVotaSostenible en la que buscan poner sobre la mesa de las campañas presidenciales, y de la sociedad en general, la importancia de construir un desarrollo socioeconómico más incluyente, equitativo y bajo en carbono, sustentado en la enorme biodiversidad del país.

El objetivo es impulsar la agenda ambiental en la esfera política y económica del futuro gobierno de Colombia.  Decidieron priorizar cinco temas que, según han manifestado, deben estar presentes en las discusiones que se den durante los próximos meses: nuevos modelos de desarrollo, cambio climático, ordenamiento territorial, deforestación y agua.

Para cada uno de los temas realizaron una infografía que incluye un diagnóstico, algunas recomendaciones de política y una hoja de ruta para el periodo presidencial 2018-2022. Las 14 organizaciones compararon el trabajo realizado con las propuestas de las campañas a la Presidencia y crearon una especie de semáforo informativo sobre cómo va cada una en materia de sostenibilidad. Si un candidato está en color verde es porque tiene propuestas, muestra cómo piensa implementarlas y hay metas claras y medibles; el que esté en color amarillo es porque tiene algunas propuestas pero son ambiguas en torno a cómo se van a implementar; y el candidato que esté en rojo es porque no tiene propuestas sobre el tema o tiene propuestas que ponen en riesgo la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible.

“La iniciativa surgió como una preocupación que teníamos pues al inicio de campaña se notaba la ausencia del tema ambiental en todos los procesos de los candidatos. Los gobiernos no suelen tomar en serio el tema del desarrollo sostenible. Hasta hace un mes no había ninguna mención  en ninguno de los foros y conversaciones”, dice Luis Alberto Camargo, director de OpEPA.

La pérdida de bosques están destruyendo la Amazonía colombiana. Foto: Juan Gabriel Soler / Amazon Conservation Team
La pérdida de bosques están destruyendo la Amazonía colombiana. Foto: Juan Gabriel Soler / Amazon Conservation Team

A pesar de que el tema ambiental no es el principal asunto abordado en campaña, en los últimos días ha estado entrando en la agenda de los candidatos. “En la primera evaluación que hicimos todos estaban en rojo. A medida que se hicieron reuniones empezamos a ver que se aumentó la inclusión del tema ambiental y esto se aceleró por el tema del pozo de petróleo Lizama y la discusión asociada al fracking. Esto ayudó a incluir la importancia de los temas ambientales”, dice Camargo. Según cuenta, el análisis que hicieron ha tratado no solo de mirar lo que dicen los candidatos en el discurso y en el papel sino qué tan consecuentes y viables son esas dos cosas.

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Deforestación

 Este tema es prioritario ya que Colombia se ha comprometido internacionalmente a reducir la deforestación  y muchos recursos de países europeos y de Estados Unidos se han destinado a programas con este objetivo. Colombia está entre los 10 países del mundo que más deforesta y según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entre 2015 y 2016 este fenómeno se incrementó en un 44%, pasando de 124.035 hectáreas deforestadas en 2015 a 178.597 hectáreas en 2016.

El análisis propuesto asegura que el problema no es de reglamentación sino de acción, pues Colombia está implementando leyes, iniciativas y estrategias para reducir la pérdida de sus bosques: Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques  (EICDGB) – Bosques Territorios de Vida, Visión Amazonía, Proyecto GEF Corazón Amazonía, Iniciativa de Paisajes Forestales Sostenibles del Banco Mundial, Política Nacional de Cambio Climático, Estrategia Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, Política de Bosques, Estrategia y Plan de Acción de Biodiversidad, Plan Nacional de Desarrollo Forestal y el  Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Entre las recomendaciones realizadas se encuentran: destinar un porcentaje del impuesto al carbono para implementar medidas y acciones propuestas en la Estrategia Integral de Control a la Deforestación, Restauración y Gestión de los Bosques; la implementación de planes, programas y políticas ya formuladas como la reglamentación de pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación como la política de Ganadería Sostenible. Finalmente, es necesario consolidar la gobernanza territorial de grupos étnicos, comunidades campesinas y rurales.

“Colombia es un país forestal pero no ha tenido nunca desarrollo forestal. No alcanza ni siquiera el 1% del PIB. El próximo presidente también tiene una gran responsabilidad pues el país lleva todo un proceso de programas y mecanismos tratando de proteger sus selvas y bosques. No se puede perder de vista que gran parte de los motores de la deforestación vienen desde la planeación nacional, regional y local de los territorios”, asegura Angélica Beltrán de la Asociación Ambiente y Sociedad.

Guaviare, cuya selva conecta la Amazonía y la Orinoquía, es uno de los cinco departamentos con mayor tasa de deforestación en Colombia. Foto: Semana.
Guaviare, cuya selva conecta la Amazonía y la Orinoquía, es uno de los cinco departamentos con mayor tasa de deforestación en Colombia. Foto: Semana.

El semáforo de la deforestación

Sergio Fajardo (en verde): Tiene una propuesta contra la deforestación con una proyección a 2030, a través de acciones que podrán ser financiadas por destinación de recursos del impuesto al carbono y bajo criterio de manejo comunitario de los bosques.

Humberto De la Calle (en verde): Su propuesta se enfoca en promover la actividad forestal como una actividad productiva para las comunidades rurales, de acuerdo a la vocación el suelo, la tenencia de la tierra y una gobernanza forestal fortalecida.

Gustavo Petro (en amarillo): Aunque aborda la problemática sus propuestas se enfocan principalmente en solo uno de los motores de la deforestación (minería). Es importante incluir criterios de vocación del suelo en la propuesta de acceso a tierras para la actividad agrícola.

Germán Vargas Lleras (entre amarillo y rojo): Su propuesta está dirigida a controlar la deforestación causada por minería ilegal y narcotráfico, dejando de lado el control de otras actividades ilícitas.

Iván Duque (en rojo): La propuesta de concientizar a la población sobre la riqueza de la biodiversidad o el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) no son suficientes para controlar la deforestación. Es necesario profundizar en la forma como se involucrará a los diferentes sectores económicos y a la comunidad.

Deforestación en la Amazonía colombiana avanza. Fotografía: Sobrevuelos PNN-IDEAM-CDA-Corpoamazonia, 2016.

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Agua

 De acuerdo con el Programa de Monitoreo del Agua en Colombia, presentado por el Ministerio de Ambiente, el Ideam y la embajada de Suiza,  la mayoría de la población colombiana (74%) vive en las cuencas de los ríos Magdalena-Cauca y en la cuenca Caribe, pero estas zonas solo tienen el 22,6% del rendimiento hídrico del país. Además, según el Estudio Nacional de Agua de 2014 publicado por el Ideam, las principales fuentes de contaminación hídrica son las aguas residuales domésticas y las aguas residuales industriales (sacrificio de ganado, desechos de la industria del café, vertimiento de mercurio por la minería y el uso de agroquímicos).

En el análisis hecho en el marco de la campaña #ColombiaVotaSostenible se asegura que las cuencas abastecedoras de agua en Colombia reciben grandes presiones como la deforestación, la agricultura y ganadería extensivas, la minería, la urbanización y el cambio climático. “Estas presiones, unidas a procesos deficientes de planeación del territorio, incrementan los riesgos de disponibilidad de agua en cantidad y calidad”, dice un aparte de la infografía del agua.

Entre las recomendaciones que hacen las 14 organizaciones ambientales destacan: aumentar el acceso a agua potable en las zonas rurales y manejo de aguas residuales; fortalecer los mecanismos de protección y restauración de la infraestructura natural de las cuencas hidrográficas; formular una política de educación y desarrollo de capacidades en materia de recurso hídrico con programas obligatorios y de actualización de conocimientos a nivel institucional y comunitario; y endurecer el recaudo y funcionamiento de los instrumentos económicos existentes para la conservación de las fuentes hídricas como por ejemplo, aumentar la tasa al uso de agua.

Isabel Cavelier, codirectora de Transforma, afirma que es muy importante alinear los incentivos económicos en torno a la conservación del recurso hídrico. “Uno de los incentivos que tenemos es la tasa por uso del agua, la cual tiene un nivel de recaudo ínfimo comparado con el volumen del recurso usado. La tasa es tan baja que el costo del recaudo muchas veces supera el dinero recolectado con la tasa”, dice.

Sólo la ciénaga de Zapatosa cuenta con una extensión de entre 30.000 y 40.000 hectáreas en verano y 70.000 hectáreas en invierno.
Sólo la ciénaga de Zapatosa cuenta con una extensión de entre 30.000 y 40.000 hectáreas en verano y 70.000 hectáreas en invierno.

El semáforo del agua

Sergio Fajardo (en verde): Dentro de su propuesta ambiental se incluye un capítulo que incorpora medidas de incremento de los instrumentos económicos existentes, protección de las fuentes de agua, articulación con los sectores productivos, calidad del recurso hídrico y medidas puntuales para la protección y recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.

Humberto De la Calle (entre verde y amarillo): Sus propuestas son válidas pero no totalmente efectivas. Dice que garantizará el acceso al agua en cantidad y calidad pero no precisa cómo. Se resalta su propuesta de que no habrá minería en páramos y el trabajo conjunto para la protección, gestión y producción del recurso hídrico.

Gustavo Petro (entre verde y amarillo): Propone el agua como derecho fundamental y la priorización de su uso para consumo humano y la producción de alimentos. No hay una propuesta contundente o un plan de cómo piensa hacerlo. Deja de lado otros aspectos fundamentales para la conservación y uso sostenible del recurso hídrico.

Germán Vargas Lleras (en rojo): Propone crear la Agencia Nacional de Agua y asegurar acceso a agua potable. Sin embargo, el acceso no es el único problema.

Iván Duque (en rojo): Dice que “el agua es eje central de su política” pero no tiene ninguna propuesta concreta. Estaría abierto al fracking como opción de desarrollo si fuera necesario.

Los Lagos de Tarapoto están conformados por un complejo de 22 lagos. Foto: Fundación Omacha.

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Cambio climático

El cambio climático es uno de los temas que más genera preocupación en el mundo y cuyo hito se dio en el marco del Acuerdo de París durante la Conferencia de las Partes (COP) 21 en 2015. Algunas de sus consecuencias en Colombia serían el aumento del nivel del mar, afectando ciudades costeras; pérdidas de fuentes y cursos de agua y afectación de acueductos veredales; mayor incidencia de enfermedades; reducción en productividad agropecuaria, afectando los precios de alimentos; mayor incidencia de olas de calor, especialmente en zonas urbanas; incremento de la desertificación por menores lluvias; incremento en deslizamientos e inundaciones por mayores lluvias; impactos negativos en la economía y competitividad del país; y daños de la infraestructura vial, especialmente en áreas de montaña.

Dentro del diagnóstico hecho por las 14 organizaciones ambientales aliadas en la campaña #ColombiaVotaSostenible se indica que “los 20 departamentos con mayor riesgo representan el 69% del PIB nacional (2016) y albergan el 57% de la población del país”. Así mismo, dentro de sus recomendaciones se encuentran: impulsar la transición hacia energías renovables no convencionales, promover ciudades resilientes y sostenibles,hacer un uso adecuado del suelo, educación para el cambio climático y alianzas con la sociedad civil y, finalmente, que las inversiones en construcción de paz financiadas a través de lo recaudado por el impuesto al carbono cumplan realmente con objetivos de conservación ambiental.

El semáforo del cambio climático

Manglares de la Ciénaga Grande. Foto: Mitchell Gilbert.

Sergio Fajardo (en verde): Su plan incluye: diversificación económica para zonas productoras de carbón e inclusión de este mineral dentro del impuesto al carbono, electrificación del transporte público y uso de sistemas silvopastoriles.

Gustavo Petro (entre amarillo y verde): Se propone la electrificación del transporte público y la diversificación de la matriz energética a través del uso de energías renovables no convencionales. Faltan medidas alrededor del impuesto al carbono.

Humberto De la Calle (amarillo): Incluye concientizar a ciudadanos sobre impactos del cambio climático, impulsar las energías renovables y la electrificación del transporte público. Faltan medidas alrededor del impuesto al carbono y diversificación económica en zonas productoras de carbón.

Germán Vargas Lleras (entre amarillo y rojo): Incluye propuestas como uso de energías renovables no convencionales en el sistema eléctrico y la inclusión del cambio climático en instrumentos de planificación territorial. Se contradice al querer potenciar la industria minero-energética.

Iván Duque (en rojo): Incluye incentivar el compromiso ciudadano con el ambiente, invertir en la renovación de la institucionalidad ambiental y promover mejor gestión de residuos. Faltan medidas alrededor de un mejor uso del suelo según su vocación y de la electrificación del transporte público.

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Nuevos modelos de desarrollo sostenible

 Si bien Colombia es el país más biodiverso por km2, su trayectoria de desarrollo econo´mico se ha fundamentado, en gran medida, en la extraccio´n de recursos naturales renovables y no renovables, en la expansio´n de agricultura mecanizada a gran escala, en el avance de grandes obras de infraestructura y procesos de urbanizacio´n y en la prevalencia de sistemas  financieros y poli´ticos que au´n no reconocen la importancia de mantener la base de recursos que sustentan el desarrollo econo´mico y el bienestar de la poblacio´n.

Algunas de las sugerencias son: acoger las recomendaciones de la Misión de Expertos de Crecimiento Verde que contemplan avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono y poner en marcha políticas económicas que catalicen una transición a un desarrollo bajo en carbono como por ejemplo, la economía circular, la economía azul, las finanzas climáticas, y los productos y servicios verdes.

Isabel Cavelier considera que este quizás es el punto que menos presente y desarrollado está en las propuestas de los candidatos y en eso coincide Luis Alberto Camargo. “En los modelos de desarrollo es donde vemos que necesitamos mucha más claridad para sincronizar una visión a mediano y largo plazo mucho más contundente”, asegura.

Pescador en la Ciénaga Grande. Foto: Gilbert Mitchell.

El semáforo de los modelos de desarrollo sostenible

Sergio Fajardo (en verde): En sus propuestas incluye diversificar la economía, generar empleos verdes, renovar la matriz energética, combatir la deforestación y garantizar la protección de las cuencas.

Humberto De la Calle (en verde): Su plan incluye frenar la deforestación, ordenar el territorio desde lo local, diversificar la economía y hacer una transición energética efectiva. No hay estrategia multiactor para proteger las cuencas o garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las áreas protegidas.

Gustavo Petro (en amarillo): Propone eliminar la dependencia de los combustibles fósiles, rehabilitar ecosistemas degradados, incentivar empleos y sistemas financieros verdes y garantizar el acceso al agua. Faltan estrategias multiactor para proteger las cuencas y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las áreas protegidas.

Iván Duque (entre amarillo y rojo): Se propone la “economía naranja”, centros sacúdete y fortalecer la judicialización de los delitos ambientales. No hay incentivos a empleos, mercados y sistemas financieros verdes. Faltan propuestas para ordenar el territorio desde lo local, combatir la deforestación y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las áreas protegidas.

Germán Vargas Lleras (entre amarillo y rojo): Propone fortalecer las Corporaciones Autónomas Regional (CAR) pero no hay propuestas integrales para el Sistema Nacional Ambiental (SINA). La maximización de la renta petrolera desincentiva una transición energética efectiva. Faltan propuestas para incentivar empleos, mercados verdes y para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las áreas protegidas.

Parte fundamental de los nuevos modelos de desarrollo es tener en cuenta la relación de las comunidades con los ecosistemas. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.
Parte fundamental de los nuevos modelos de desarrollo es tener en cuenta la relación de las comunidades con los ecosistemas. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.

Ordenamiento territorial

 El problema es este: en Colombia existen cerca de 60 instrumentos diferentes que inciden en el ordenamiento del territorio y en las actividades que allí se desarrollan: planes de ordenamiento municipales, de cuencas, planes de infraestructura y otros sectores, planes de gestión del riesgo, etc. La preocupación desde #ColombiaVotaSostenible es la superposición de estas figuras, su poca articulación y, en algunos casos, la inconsistencia entre las mismas. Esto hace que la aplicación de los instrumentos de ordenamiento territorial y su posterior seguimiento sean extremadamente difíciles. Además, los institutos de investigación producen demasiada información que luego debe ser tenida en cuenta para el ordenamiento y en muchos casos esta producción es difícil de unificar y centralizar.

En un artículo publicado hace unas semanas por Mongabay Latam, se mostró cómo Colombia es el país más desigual de América Latina en tenencia de tierras. Aida Pesquera, directora de Oxfam Colombia, entidad autora del informe Radiografía de la desigualdad, le dio a este medio algunas cifras contundentes y muy preocupantes, entre ellas que el 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana y el 19 % de tierra restante se reparte entre el 99%  de las fincas. Además, de las 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura. La situación debería ser inversa, pues se recomienda que 15 millones de hectáreas se usen para ganadería pero se usan más del doble. Por su parte, 22 millones son aptas para cultivar pero el país está lejos de llegar a esa cifra.

Entre las recomendaciones que hacen las 14 organizaciones que analizaron la presencia del medio ambiente en las propuestas de los candidatos, resaltan: Fortalecer las capacidades y los recursos, así como la coordinación y articulación entre las diferentes entidades con competencias sobre el ordenamiento del territorio.

Uno de los temas más preocupantes para Isabel Cavelier es que se necesita una mejor manera de abordar la concesión de grandes proyectos productivos, sobre todo cuando implican tensión con intereses de comunidades locales. “Es necesario que existan procesos de concertación previa a las concesiones en los territorios”, resalta. De igual manera destaca la importancia que tiene un buen ordenamiento territorial a la hora de enfrentarse a otros temas complejos como la deforestación. “De un saludable ordenamiento del territorio depende que seamos capaces de solucionar el problema tan grave que tenemos de deforestación en Colombia. Sin duda esa es una de las prioridades si queremos ser más sostenibles. El bosque provee una enorme cantidad de servicios ecosistémicos de los cuales la población no siempre es consciente, pero de los que dependemos enormemente”, comenta.

Con la ampliación, el Parque Nacional Natural Chiribiquete tendrá 4.3 millones de hectáreas protegidas. Foto: Esteban Montaño.

El semáforo del ordenamiento territorial

Sergio Fajardo (en verde): Propone un ordenamiento territorial y ambiental basado en la concertación con entidades territoriales y herramientas para un uso más eficiente de la tierra.

Gustavo Petro (en verde): Propone ordenar el territorio a partir del agua, fortaleciendo la participación en la construcción del ordenamiento desde lo local. Prioriza la utilización de la tierra para la economía campesina.

Humberto De la Calle (entre amarillo y verde): Busca impulsar un ordenamiento que tenga en cuenta las necesidades del territorio. Propone incentivos para cadenas productivas sostenibles, economía circular y un uso del suelo acorde con su vocación. No tiene propuestas sobre articulación de instrumentos de ordenamiento.

Iván Duque (entre rojo y amarillo): Se compromete con hacer más sostenible la agricultura. No tiene propuestas frente a la articulación de instrumentos de ordenamiento, ni sobre la gestión del ordenamiento integral desde lo local que garantice armonía entre el uso y la vocación del suelo.

Germán Vargas Lleras (en rojo): Sus propuestas no están encaminadas a garantizar la participación local en los procesos de ordenamiento territorial. No hay propuestas para garantizar un uso sostenible y eficiente de la tierra, acorde con su vocación.

En la foto se ve el páramo de Santurbán en el departamento de Santander. Uno de los objetivos del gobierno es delimitar estos ecosistemas. Foto: CONSTRUYENDO REGIÓN.
En la foto se ve el páramo de Santurbán en el departamento de Santander. Uno de los objetivos del gobierno es delimitar estos ecosistemas. Foto: CONSTRUYENDO REGIÓN.

Finalmente, Luis Alberto Camargo cree que el ejercicio propuesto no puede ser visto como absoluto. “Los semáforos son fotografías de los momentos cuando se hicieron los análisis. Este termómetro más que hacer un juicio busca decir si el candidato está caliente o frío en alinearse a estos cinco mínimos necesarios. Lo que sí creemos es que todos los candidatos deberían estar en verde, enfocados en hacer políticas claras y contundentes en ordenamiento territorial, deforestación, agua, nuevos modelos de desarrollo sostenible y cambio climático”, comenta.

Tampoco puede decirse que al final cada candidato quedará estático en la posición presentada en los semáforos. Muchos de ellos están tratando de fortalecer sus programas y discusiones y es probable que a la hora de las votaciones tengan propuestas mucho más avanzadas… Por lo menos eso es lo que Colombia espera.