La palabra urgencia se convirtió en el común denominador en la Gran Conversación Nacional sobre Medioambiente, que se llevó a cabo ayer jueves en la Casa de Nariño y en la que los ambientalistas, además de presentar un completo informe de las urgencias ambientales del país, le pidieron al Presidente Iván Duque acelerar políticas y decisiones con el fin de evitar que Colombia llegue a un punto de no retorno en esta materia.

Tras escuchar la intervención del Duque, quien presentó un rápido balance de lo realizado por su Gobierno en materia ambiental, voceros de sectores sociales, academia, fundaciones defensoras del medioambiente, congresistas, directores de centros de investigación, entre otros, hicieron sus planteamientos y peticiones.

Prohibir el fracking y el uso del glifosato, declarar una emergencia climática, frenar la deforestación, firmar el Acuerdo de Escazú, detener el asesinato de líderes ambientales y proteger los páramos fueron temas recurrentes de las intervenciones de los ambientalistas ante el presidente Duque y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano.

Uno de los primeros en intervenir fue Carlos Andrés Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking, quien pidió al Gobierno declarar la “emergencia climática y humanitaria”, tal como lo hizo el parlamento europeo y de esta manera encontrar fórmulas que ayuden a mitigar los efectos generados por el calentamiento global. 

El vocero, quien más tarde se retiró de la mesa por considerar que el Presidente había mostrado su intención de continuar con el trámite de la licencia ambiental a Minesa para desarrollar un proyecto cerca del Páramo de Santurbán y también con la posibilidad de realizar los pilotos de fracking, insistió en que esta práctica no se puede desarrollar en el país como tampoco se debe aprobar el uso del glifosato.  

Germán Andrade, biólogo y profesor de la Universidad de los Andes, consideró que debe haber una mayor conexión con la sociedad. “Tenemos que generar confianza por eso escogería equidad, biodiversidad y población vulnerable como temas para esta mesa. También tenemos que cumplir el Acuerdo de Escazú y proteger a las comunidades campesinas", dijo. 

Precisamente, el Acuerdo de Escazú fue uno de los temas más recurrentes. Camilo Prieto, vocero de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, dijo que es urgente que Colombia firme y ratifique este acuerdo internacional, pues es el primer tratado que busca proteger de forma conjunta el ambiente y los derechos humanos, lo cual se sustenta en el concepto de justicia ambiental.

Sin asumir un compromiso, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, dijo que este es un tema relevante para el país y que le hará seguimiento, pues por más políticas que se tengan de protección para los líderes sociales, ella considera que Colombia debería suscribirlo.

Freno a la deforestación

Juan Pablo Ruiz, columnista y maestro en estudios ambientales, planteó, a su turno, que el Gobierno debe promover el uso sostenible del suelo para reducir la deforestación, a partir de acciones como la regulación predial, el impulso al catastro multipropósito y la restricción de titulación y licenciamiento en zonas de reserva forestal. "Esto a excepción de los títulos comunitarios que serían administrados por las comunidades indígenas, la juntas de acción comunal u otras organizaciones sociales", dijo.

El experto afirmó que la zonificación ambiental participativa que se adelantará en los 170 municipios que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) deben constituirse en una herramienta de planificación que permita conservar la estructura ecológica y explotar el territorio de manera sostenible.

Ruiz hizo, además, un llamado a revisar el proceso de elección de los representantes de la  sociedad civil ante el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), al considerar que se registran muchas irregularidades.

Adriana Soto, experta ambiental, a su turno, sostuvo que las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo frente a la deforestación deben ser más ambiciosas para que el país no llegue a un punto de no retorno.

Para Soto los esfuerzos del Gobierno deben centrarse en la conservación y ampliación de las áreas protegidas, así como en la reducción de la frontera agrícola. "Hay que enfocarse en temas como el catastro, la asistencia técnica y la financiación de proyectos sostenibles, allí está el medio para desescalar la deforestación en el país", aseguró.  

Para Ernesto Gulh, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en Colombia se está creando un territorio insostenible y por eso la necesidad de aprovechar esta oportunidad para hacer un cambio de dirección de los temas ambientales y socioambientales. 

“Los problemas socioambientales en las diferentes regiones del país son diversos y por ello la necesidad de conocer el territorio y este conocimiento es el que da las prioridades para atender cada una de las regiones”, manifestó. 

En su concepto, la participación de la gente que vive en el territorio debe dar la información para la toma de decisiones. “Lo fundamental es que la ciencia y la política se hablen porque en el pasado no lo han hecho. Se requiere investigación científica y el conocimiento de las comunidades”. 

No al aleteo de tiburón

Sandra Bessudo, directora de la Fundación Malpelo, entre tanto, solicitó que se corrija la resolución expedida por el ministerio de Agricultura a través de la cual se establecieron  las cuotas globales de pesca del país para el 2020, al considerar que tiene errores. Según ella, se debe hacer énfasis en el monitoreo científico real, en mayores controles y en la educación. "Necesitamos orden para saber qué estamos pescando, que está saliendo y qué está entrando al país. Es urgente ordenar la casa".

Para ella, este es un tema álgido, pues no solo implica la pesca, también, la seguridad alimentaria. "Nosotros no tenemos información real de las cuotas que tenemos y es indispensable saberlo, de lo contrario todo lo que se haga será un saludo a la bandera", dijo.

Precisamente, en torno al tema de cifras, el ministro Ricardo Lozano manifestó que los datos y el conocimiento es lo único que lleva a ser efectivos en la sostenibilidad. Por esta razón, consideró necesario sentarse con fundaciones y la academia y generar un monitoreo de las diferentes especies, para tener información real que permita la toma de decisiones adecuadas.

Aseguró que el gobierno es el más abierto a revisar cifras y por eso la resolución en torno a la cuota de pesca está en análisis. “Esto hay que mirarlo como una oportunidad para tener los datos y cifras”.

Nicolás Martelo, integrante de la organización 2030,  resaltó, por su parte, la importancia de reconocer la gobernanza ambiental. Para él, esta sería una solución hacia las problemáticas que se registran. "La verticalidad gubernamental no ha sido efectiva, la participación en los territorios debe concretarse, pues en Colombia tenemos tantos conflictos ambientales y definiciones de medioambiente como biodiversidad", expresó.

Por su parte, Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, consideró que el gobierno no puede seguir teniendo concesiones con la industria, sino que llegó la hora de que se tomen decisiones radicales. 

Citó como ejemplo al sector plástico que considera que  por considerar que "está dilatando la transición con consecuencias sociales y ambientales que está pagando la ciudadanía".

“El gobierno no puede mantener a todo el mundo contento porque el tiempo se acaba y es una prioridad  que primen los derechos colectivos sobre los particulares de las industrias”, agregó Gómez.

Estudios científicos y técnicos

Frente a los diferentes planteamientos, el presidente Duque dijo que cuando se habla de ecosistemas se debe investigar y con base en eso se pueden tomar decisiones. “Es importante lograr un balance en lo productivo y en la conservación del medio ambiente. Las políticas públicas se deben hacer con base en los estudios científicos y técnicos”, dijo. Y agregó que esta es una de las mejores formas de generar confianza. 

Manifestó, además, que las decisiones no se pueden tomar en un mismo momento y que no se pueden basar en las exigencias. “Este no es un tema ideológico, sino que es de interés general. Esto no es un pulso sino un ejercicio democrático para buscar soluciones a los problemas medioambientales”. 

Al final de por lo menos 40 intervenciones de voceros de diferentes organizaciones, fundaciones y academia, entre otros, quienes insistieron en la premura del tiempo para tomar decisiones que salven al medio ambiente, la vicepresidenta Ramírez, indicó que trabajarán en las propuestas presentadas con el fin de hacer una selección y de esta forma determinar cuáles son los aspectos a los que se les dará prioridad para avanzar en la búsqueda de fórmulas que permitan el logro de resultados en la materia.