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AFP

La sanción impuesta a Chevron en Ecuador supera la multa de 4.500 millones de dólares inicialmente impuesta a ExxonMobil (la cifra luego fue reducida a 507 millones de dólares) tras un derrame de crudo en Alaska en 1989, cuando el buque "Exxon Valdez" chocó contra un arrecife.

"La sentencia anunciada el día de hoy por la Corte Constitucional de Ecuador es consistente con el patrón de denegación de justicia, fraude y corrupción contra Chevron en Ecuador", señaló James Craig, asesor de comunicación de la petrolera, en un comunicado enviado a la AFP.

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Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, entre ellos indígenas, dijo a su vez que tras el pronunciamiento del organismo constitucional "no hay ningún recurso pendiente" que pueda interponer la empresa para evadir la millonaria condena.

"Después de cuatro años de batalla en la Corte Constitucional y 25 años de este juicio, el día de hoy la Corte Constitucional decidió por unanimidad rechazar la acción de protección planteada por Chevron", dijo a la AFP Fajardo.

Chevron fue sentenciada en Ecuador por daños ambientales que se le atribuyen a Texaco -firma que adquirió en 2001- en la selva ecuatoriana durante sus operaciones entre 1964 y 1990.

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La empresa endosa la contaminación a la estatal Petroecuador, con la que Texaco operó en consorcio, y se rehúsa a pagar la indemnización alegando que la sentencia en su contra fue obtenida mediante fraude y sobornos.

El litigio continúa


Debido a que Chevron no posee activos en Ecuador, los demandantes han intentado homologar sin éxito la sentencia en países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Canadá para obtener el embargo de bienes de la mayor petrolera estadounidense.

Aunque los ecuatorianos tuvieron que retirar sus pedidos en esas naciones -excepto Canadá donde aún mantienen abierto un frente de batalla- Fajardo consideró que tras el fallo constitucional "no hay vuelta atrás".

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"Nos puede costar quizás un poco más de tiempo de litigio en cortes extranjeras, pero Chevron tiene que pagar. No puede actuar como prófugo de la justicia siempre", expresó el abogado.

Para la petrolera el hecho de que la homologación no haya prosperado en cortes estadounidenses, brasileñas y argentinas es una señal de que "la fraudulenta sentencia ecuatoriana debe ser inejecutable en cualquier corte que respete el estado de derecho", según Craig.

Los demandantes ecuatorianos sostienen que el derrame de miles de millones de desechos tóxicos derivados de la explotación petrolera contaminaron suelo y fuentes de agua, afectando a unas 30.000 personas, entre ellas colonos e indígenas de las nacionalidades siona, siekopai, cofán, shuar, kichwa y waorani, que habitan las provincias de Sucumbíos y Orellana (este, limítrofes con Colombia y Perú).