Un total de 348 puntos geográficos entrarían a delimitar el territorio ancestral de los pueblos indígenas asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta.
De esta manera, la denominada Línea Negra, que demarca este territorio, dejaría de estar conformada por 39 zonas y se extendería hacia los departamentos del Magdalena, Guajira, Cesar, Atlántico y Bolívar.

A través de un decreto, que podría quedar en firme la próxima semana, luego de que el presidente Juan Manuel Santos se comprometiera este viernes con las comunidades indígenas de esa región a firmar esa iniciativa, se ampliaría el sistema de espacios sagrados con el fin de establecer medidas y garantías para su efectiva protección.

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"Desde donde esté, junto a mi familia, los recordaremos y lucharemos por esos ideales que ustedes defienden, porque son los más imporantes de la humanidad: la paz y el medio ambiente", indicó Santos en su cuenta de Twitter, luego de su visita a los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar en donde sancionó la Ley de Páramos que -según él- permitirá proteger esas fábricas de agua, generar alternativas productivas sostenibles para quienes habitan esos ecosistemas y garantizar recursos para la inversión ambiental.

El proyecto de delimitación de la Línea Negra ha generado voces de protesta entre los gremios económicos y los gobernadores de los departamentos que conforman la región Caribe, los cuales le habían solicitado al Presidente abstenerse de firmarlo, hasta tanto no fuera debatido de manera concienzuda.

En una carta que le enviaron al Presidente, los gobernadores le manifestaron que el decreto no fue socializado con el rigor necesario, de acuerdo con la importancia de los impactos y consecuencias que traería, por lo que consideran que merece un estudio mucho más riguroso.

Para los mandatarios seccionales la redefinición de este territorio afectaría los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo de origen estatal, así como la inversión privada y los proyectos de impacto regional. Adicionalmente, aseguran que se podría registrar un problema de coexistencia entre las autoridades jurídicas ordinarias y las autoridades indígenas.

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Los gobernantes señalan que los someterían a una ley que se consideraría como prevalente frente a la normatividad jurídica nacional, como lo es la ‘Ley de Origen y el Documento Madre’, de las cuales desconocen su contenido y alcance.

A su vez, el decreto sobre la Línea Negra fue una de las tres iniciativas que el Consejo Gremial le pidió a Santos dejar en manos del próximo gobierno porque consideran que debe tener una mayor discusión antes de ser dictados.

"La definición de esas 348 zonas, contenidas en el proyecto de decreto, carece de las precisiones cartográficas necesarias para determinarlas. Entendemos que esta preocupación es compartida por varias dependencias del Gobierno Nacional y por las autoridades territoriales ordinarias que tienen competencia en esa región del país. En consecuencia, podrían generarse graves conflictos entre autoridades distintas, y entre las comunidades que ellas representan", manifestaron. 

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Por su parte, la Organizacion Nacional Indígena de Colombia y los cuatro pueblos que hacen parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, le solicitan al presidente Santos que expida el decreto antes de culminar su mandato en vista de que lleva debatiéndose cinco años.

Los aborígenes aseveran que ese proyecto no es una amenaza al desarrollo del país.