El Tribunal Superior de Bogotá convocó una serie de audiencias para verificar si el gobierno está cumpliendo o no lo estipulado en la sentencia 4360 de 2018, la cual declaró a la Amazonia como sujeto de derechos y le ordenó a 94 entidades del orden nacional y local a proteger a toda costa los bosques de esta zona del país.

Este histórico fallo está compuesto por cuatro órdenes principales: formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación en la Amazonia; crear el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (PIVAC); actualizar e implementar los Planes de Ordenamiento Territorial por parte de los municipios; y un plan de acción con medidas policivas, judiciales o administrativas sobre los problemas de deforestación evidenciados por el IDEAM.

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En los primeros cuatro días de audiencias, Dejusticia, centro de estudios jurídicos y sociales en Colombia, evidenció pocos avances por parte del gobierno del presidente Iván Duque frente al cumplimiento de las órdenes de la Corte Suprema, las cuales buscan debilitar la creciente deforestación en la Amazonia. También constató un gran desinterés frente a las audiencias. 


En el marco de las audiencias han intervenido los niños que interpusieron la acción de tutela. Foto: Esteban Vega/Semana.

“Los ministerios decidieron enviar al tribunal a funcionarios públicos que no eran los responsables de implementar la sentencia, como fueron los casos de las carteras de Defensa, Minas y la misma Presidencia. Los voceros de los ministerios de Comercio y Cultura no se presentaron”, denunció la organización.

Sin embargo, destacó un gran interés de la sociedad civil y de los jóvenes accionantes frente a la defensa de la Amazonia en la primera ronda de audiencias, las cuales se extenderán hasta el 19 de noviembre. 

“Ante los magistrados, los jóvenes han sido claves como veedores de la implementación de las órdenes. Intervinieron para entregar su preocupante balance frente al proceso de implementación de la sentencia, llamaron la atención sobre los incumplimientos del gobierno y cuestionaron a los representantes del Estado frente a la manera como vienen interpretando las órdenes de la corte”.

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Los magistrados estuvieron de acuerdo con el sinsabor evidenciado por Dejusticia. El 22 de octubre, luego de cuatro días de audiencias, manifestaron que llevan más de un año desde la sentencia de la corte y no ven acciones concretas por parte de las autoridades. 

“Lamentablemente vamos a tener que tomar decisiones, porque el tiempo se nos acaba. Las audiencias van a terminar y desde el gobierno solo hemos escuchado que ahora sí van a empezar a conceptualizar cómo actuar. Reducir la deforestación en el Amazonas es una tarea gigantesca. Si no la ejecutamos, nos va a coger la noche y no hemos hecho nada más que hablar”, concluyeron.

Lo bueno, malo y feo

Expertos de Dejusticia hicieron un análisis de las cuatro audiencias, información que catalogaron en lo bueno, lo malo y lo feo de los testimonios del Gobierno, con una ñapa adicional de las acciones a medias o tibias. 

Lo malo

  • Presidencia: no entregó avances sobre la creación del plan de acción para frenar la deforestación en la Amazonia. Un vocero dijo que el tema no es competencia directa de ninguna de las altas consejerías presidenciales. 
  • No hay cabeza: los magistrados le llamaron la atención a la Presidencia por la gravedad de no contar con funcionarios encargados del cumplimiento de la sentencia, lo que genera retrasos y falta de articulación.
  • Se botan la pelota: algunas carteras afirmaron que la deforestación no es su responsabilidad. “El control de los cultivos de palma ilegal le corresponde a otras entidades”, aseguró Agricultura. MinInterior agregó que la creación de un plan de acción articulado no era de su competencia.
  • Ministerio de Ambiente: aseguró que ha delimitado los motores de deforestación. Según esta cartera, las alertas de deforestación del 2019 están actualizadas. Pero Dejusticia encontró que el último informe no está disponible en ningún portal del gobierno.
  • Poco peso: los jueces criticaron que los funcionarios que asisten a las audiencias tienen poca información y no cuentan con poder decisión.
  • Cero ejecución: los magistrados no vieron ninguna ejecución de proyectos en el Amazonas, como lo ordena la sentencia. “No buscamos informes de gestión. Queremos que nos informen qué es lo que se va a hacer en la Amazonia, no en el resto del país”.
  • CAR: expusieron sus dificultades para poder ejercer control a la deforestación. El de la CDA aseguró estar perdiendo el año por situaciones económicas y de orden público y que reforestar es muy caro.
  • Falta apoyo: los jueces les dieron la razón a las CAR y le exigieron celeridad al gobierno para darles medidas de protección. “Las autoridades ambientales están actuando solas y maniatadas en zonas con fuertes problemas. ¿Cuánto tiempo más le va a tomar al Ministerio de Defensa llegar a estas zonas?

    Lo feo

  • Abusos del Estado: organizaciones campesinas denunciaron presuntos abusos por parte de las autoridades en zonas como el Parque La Paya. “Pertenencias, casas y animales fueron incinerados durante la intervención”, dijo Arnulfo Tusarma, delegado campesino de Leguízamo. 
  • No atacan el problema: Jesús Medina sostuvo que la tutela no busca atacar los eslabones más débiles de deforestación. “La finalidad es que el Estado identifique los grandes motores estructurales”.
  • Operativos: Parques Nacionales informó que entre 2018 y 2019 se han realizado sobre cinco operativos contra la deforestación, que arrojaron campesinos judicializados y ninguna cabeza de las mafias. Los magistrados preguntaron si ha previsto brindarles reubicación o ayuda a estas personas, a lo que Parques respondió que no es la autoridad competente. 
  • Actuaciones: los magistrados llamaron la atención frente a la manera reactiva con la que las instituciones interpretan el fallo. A Parques le pidió revisar la forma de los operativos para que proteja los derechos de las víctimas.

    Lo bueno

  • Las voces: de los accionantes, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas y campesinas que enriquecen el debate.
  • Comunidades locales: enviaron mensajes de alerta para que el fallo no sea malinterpretado y afecte la vida de las poblaciones rurales.
  • Defensoría, Procuraduría y Contraloría: entregaron un panorama más amplio sobre deforestación y los déficits económicos de unas instituciones.
  • Compromiso de lo magistrados: han escuchado, hecho preguntas y llamado la atención al gobierno por lo lento de sus actuaciones y falta de articulación.
  • Exigencias: los magistrados exigieron una articulación de las entidades para avanzar en planes y presentación de documentos. Exigieron informes a Parques y Agencia Nacional de Tierras sobre las recientes actuaciones.
  • Llamado urgente: a Corporinoquia y Mindefensa para que entreguen un plan que permita atender los focos de deforestación en el resguardo indígena Selva Matavén (Vichada), donde la deforestación creció 87 por ciento.

    A medias

  • MinTIC: aseguró estar promoviendo el uso sistemas de divulgación de información sobre bosques, conectividad en zonas de deforestación, apropiación de tecnología y sistemas de información. Para esto tendrá que articularse con los medios de comunicación local.
  • Ministerio de Educación: dijo que la educación frente al cambio climático se ha vuelto un tema imperativo para las instituciones. Pero no supo responder frente a sí había evaluado el impacto de la educación ambiental en los estudiantes.

Llamado a nuevos alcaldes

En la audiencia del 23 de octubre estaban citados cinco municipios y 12 áreas no municipalizadas de la Amazonia, cita a la que solo asistieron los alcaldes de Puerto Nariño en Amazonas y Taraira en Vaupés.  

Según denuncia Dejusticia en su portal, durante la audiencia la Presidencia le solicitó al Tribunal Superior que se aplazaran las siguientes intervenciones, para así poder vincular al cumplimiento de la sentencia a los alcaldes y gobernadores que resulten elegidos. 

“Pese a que los jueces negaron la petición de aplazamiento, sí le solicitaron al gobierno que vinculara a los dirigentes electos a las audiencias, con el objetivo de ir adelantando el empalme sobre el cumplimiento del fallo”, dijo la organización.

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Los magistrados dijeron que si bien va a presentarse un relevo, el objeto de la audiencia consiste en establecer cuál es el cumplimiento que han dado las autoridades a la sentencia. “Si de lo que se trata es de evaluar el cumplimiento, las autoridades actuales son las competentes para dar las respuestas”.

Dejusticia concluye que los alcaldes electos tendrán que asumir la implementación de la sentencia de la Amazonia. “Durante estas audiencias ya hemos hablado de cuáles son los principales motores de deforestación, pero ¿cuándo comenzamos a discutir sobre los motores de protección?”, cuestionó Mauricio Albarracín, subdirector de la organización.