¿Podría ser la caza deportiva una alternativa económica y de conservación de especies?

Mientras en Colombia la Corte Constitucional decidió prohibir la caza deportiva, en varios países del mundo esta actividad o turismo cinegético -como también se le conoce-, se consolida como una posibilidad económica y una alternativa de preservación de especies y conservación del ambiente.

En Argentina, por ejemplo, la provincia de Córdoba se consolida como la meca de esta actividad, que se desarrolla desde hace unas tres décadas y que atrae a más de 10.000 cazadores por año, de los cuales un 75% provienen de destinos como Estados Unidos, Chile y países europeos.

En la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo estiman que el gasto diario promedio de una persona que llega a la región para practicar la caza deportiva es de unos US$740. En Córdoba ofrecen alojamiento de lujo y gastronomía de autor, que incluye platos con palomas; precisamente uno de los animales que cazan en la región.

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Las personas que llegan a la zona tramitan sus licencias y son provistas de armas y cartuchos para que puedan ejercer su actividad de acuerdo con la reglamentación establecida.

Ingresos rurales

Otro país que le apuesta a esta alternativa de turismo es México. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, se propone ubicarlo dentro de los generadores de ingreso para las comunidades rurales, así como para los dueños de ranchos. La caza deportiva genera en ese país una derrama económica valorada en 3.700 millones de pesos mexicanos.

En España, la caza está valorada en 6.475 millones de euros, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora Deloitte. De este monto, de acuerdo con la investigación los propietarios y administradores de terrenos cinegéticos destinan anualmente unos 287 millones de euros a acciones de gestión y conservación de la caza y la fauna silvestre.

El análisis indica que particularmente destinan 233 millones de euros a repoblaciones e inversiones de conservación medioambiental y los restantes 54 millones de euros al mantenimiento de accesos, pantanos, y a podas, cortafuegos y otras mejoras del monte.

Frente al tema, The Guardian considera que los turistas armados no son la mayor amenaza para la vida silvestre. El diario británico asegura que en países como Kenia, Botswana y Zambia, donde las autoridades han prohibído la caza deportiva, lo que ha hecho la medida es un aumento descomunal de la caza furtiva o ilegal que tiene en jaque algunas especies.  

The Guardian destaca que hay instituciones, incluido el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, que indican que existen pruebas que respaldan la afirmación de que en algunas circunstancias esta práctica puede respaldar la conservación y la población local. Si bien es deseable poner fin a este tipo de caza, a las personas se les debe dar otros incentivos para proteger la vida silvestre para que la prohibición tenga sentido.

“Los cazadores de trofeos son repugnantes, pero la pérdida de hábitat y presas, la caza furtiva y los mercados asiáticos de partes de animales representan una amenaza mayor”, dice la publicación.

Un tema sin evaluar

Para Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander Von Humbolt, estos países tienen razón en lo técnico; sin embargo, la discusión ético- política es otra cosa y pensar si ésta práctica puede favorecer la propia conservación de las especies y sus hábitats es un tema que en Colombia no se ha considerado.

La discución generada en los útlimos días en torno al tema, se dio porque, según José Ignacio Lombana, vicepresidente de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva, hay muchas zonas grises. En su concepto, hay mucho mito y leyenda urbana alrededor de esta actividad, con argumentos ‘moralistas‘.

En el país, la práctica de este deporte estaba legalizada y era el propio Estado el que se encargaba de vender las armas que usan los cazadores, a través de Indumil. Se trata de elementos que pagan impuestos y cuentan con salvoconductos de tenencia, según explica Lombana.

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Camilo Villareal, experto en el tema, precisa que buena parte de la cacería que se practica en el territorio nacional es de patos, debido a que hay regiones en donde por cultivos como el arroz u otros cereales, llegan bandadas de estos animales que pueden terminar rápidamente con estas cosechas.

“Cuando los cazadores no hacen estos procesos de cacería, normalmente los cultivadores terminan envenenando a estas aves, las cuales pueden contaminar a otros animales que se las coman; generando un problema mayor”, dice.

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente clasifica la caza en Colombia según su finalidad en: comercial, científica, de control, de fomento y de subsistencia. Para todas se requiere un permiso previo, menos para la última, que normalmente es practicada por comunidades que derivan su sustento de la misma.

Con la decisión tomada este miércoles por la Corte Constitucional, Colombia se suma a países como Costa Rica, el primero en la región en tomar una decisión en este sentido.