Seguridad y soberanía alimentarias

Foto: David Estrada

Por último está la estabilidad de las otras tres dimensiones en el tiempo, ésta es transversal a las anteriores y abarca aspectos de vulnerabilidad y perturbaciones en el entorno de los alimentos.  Pudiendo tener una ingesta de alimentos adecuada en la actualidad, se considera que está en riesgo la seguridad alimentaria si no se garantiza el acceso a estos de manera periódica. La alta dependencia de importaciones de alimentos básicos, las condiciones climáticas adversas (sequías, inundaciones), la inestabilidad política (el descontento social), o los factores económicos (desempleo, inflación) pueden incidir en la seguridad alimentaria de las personas.

De este modo, la seguridad alimentaria va mucho más allá de la producción de alimentos. Para medirla se han establecido al menos 30 indicadores alrededor de las cuatro dimensiones (disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad), que van desde el índice nacional de precios y la producción de alimentos nacional, hasta el acceso a fuentes de agua mejoradas en los hogares y la tierra agrícola bajo sistemas de riego, pasando por la densidad de carreteras y vías ferroviarias, la población infantil desnutrida y la estabilidad política.

Soberanía alimentaria

Casi diez años después de la definición de seguridad alimentaria acordada por los países en la Cumbre Mundial de 1996, en 2007 otros actores tales como Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales ampliaron el concepto y acuñaron el término Soberanía Alimentaria, el cual se basa en seis pilares (The Six Pillars of Food Sovereignity, Nyéleni, Mali). Estos pueden sintetizarse en elementos como: se prioriza a los alimentos como una necesidad y un derecho; se pone énfasis en valorar los proveedores de los alimentos y sus medios de vida; también se remarca la importancia de que estos sean de origen regional, promoviendo sistemas alimentarios locales y acortando distancias entre productor y consumidor; se reconocen los conocimientos y la preparación de alimentos tradicionales, se rechaza el ‘dumping’ y la ayuda alimentaria inapropiada; y finalmente, se asume más compatible con la naturaleza, priorizando tecnologías conservadoras de los recursos y reduciendo el uso intensivo de insumos para la producción.  En 2012, el Parlamento Latino acordó precisar la soberanía alimentaria como “el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales”.

Sin embargo, el término soberanía alimentaria suele confundirse o interpretarse como un concepto de autonomía y autosuficiencia, bajo un esquema de economía cerrada a los mercados, lo cual provoca polémica en varios sectores. Del mismo modo, en ocasiones el término de seguridad alimentaria suele acotarse a la disponibilidad y al acceso de alimentos sin importar ni su procedencia, ni el grado de dependencia alimentaria del exterior, ni las preferencias y la utilización de éstos.

Hay dos diferencias remarcables entre los dos términos: la primera es la concepción de la alimentación como un derecho en el caso de soberanía y, la otra, es que en el caso de seguridad alimentaria se aceptan tres tipos de agricultura: la agroindustrial y de gran escala, la orgánica y la biológica, y éstas a su vez, pueden involucrar productores tanto grandes, como medianos y pequeños, mientras que en el caso de soberanía alimentaria se focaliza específicamente en la pequeña agricultura y se prioriza la producción orgánica.

A pesar de estas diferencias, hay que subrayar que los dos conceptos son complementarios más que antagónicos. De este modo, la posición de la FAO es mantener el mandato central bajo la seguridad alimentaria, articulando ésta al derecho a la alimentación.  

Resurgimiento de la agricultura familiar

Como resultado de la crisis alimentaria de 2008, muchos gobiernos volvieron a poner atención en las políticas nacionales y en el apoyo al sector rural, por lo que la agricultura familiar comenzó a ser más reconocida como foco de atención, debido a que la mayor cantidad de productores en el mundo es de este tipo, aunque en muchos casos no estén directamente insertados en los mercados.  Adicionalmente, los efectos del cambio climático han obligado a repensar las estrategias de producción agropecuaria y reorientarlas a esquemas de productividad más sostenibles, los cuales también están siendo apreciados por un sector creciente de consumidores que asumen la alimentación como una cultura más que una necesidad corporal.  El fenómeno del ‘slow food’ es un ejemplo de este cambio.  De este modo, la reciente priorización a la agricultura familiar se deriva de restricciones económicas, de condiciones ambientales y de las nuevas realidades y hábitos agroalimentarios.  Tomando en cuenta este contexto, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, ha decretado 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar.


Algunos ejemplos de alternativas para la seguridad alimentaria en el campo colombiano
Tomando en cuenta todo lo anterior, y bajo un marco de construcción de paz, pasemos a un esbozo de lo que se puede hacer en Colombia. A continuación se mencionan unos ejemplos de alternativas de acceso económico y otras de acceso físico a los alimentos, así como oportunidades para ser aplicadas desde la política pública bajo un enfoque de desarrollo de los territorios.  Algunas podrán desarrollarse en áreas rurales ya conectadas a ciudades intermedias o zonas urbanas, otras alternativas son más adecuadas para zonas de propiedad colectiva o uso común, otras más en cinturones periurbanos y otras más en zonas poco pobladas pero con potencial agropecuario.  Del mismo modo, habrá alternativas más acordes a pequeños o medianos productores y otras para la agricultura de mayor escala.

Comencemos con aquellas alternativas no agroalimentarias pero que en Colombia representan oportunidades de acceso económico a los alimentos. Podemos destacar tres: el turismo rural, la producción forestal, los servicios ambientales y, en determinadas zonas, la producción de bioenergía. Las tres primeras representan una gran vocación y medios de vida para generar ingreso y acceder a los alimentos económicamente. Vale la pena enfatizar en los servicios ambientales, de captación de agua, de conservación de biodiversidad y de reducción de riesgo de erosión y deslizamientos de tierra; estas opciones son aún más pertinentes en zonas de tierras colectivas de poblaciones tanto indígenas como afro descendientes, y particularmente dirigidos a las mujeres como principales prestadoras de esos servicios. Recordemos que en Colombia casi la tercera parte de la tierra (39 millones de hectáreas,  aproximadamente el 30%) está bajo regímenes de propiedad colectiva y en estas tierras se encuentran grandes selvas y bosques, y estos servicios podrían ayudar a la reducción de la pobreza en esas zonas que suelen ser distantes de los centros urbanos. El caso de la bioenergía representa también una muy buena alternativa sobre todo si se generan encadenamientos tipo cluster en los que se procesen los productos y generen empleos, bienes y servicios en una región.  Es muy cierto que estas y otras estrategias solamente podrán ser funcionales en un entorno de seguridad social y paz.

Foto: Javier La Rotta

Vayamos ahora con las alternativas agroalimentarias.  La primera gran oportunidad es disminuir los 30 millones de hectáreas de ganadería extensiva a sistemas más eficientes de ganadería sostenible que promuevan los esquemas silvo-pastoriles (árboles y ganado) y con mejoramiento de pasturas.   Se pueden superar las 854.286 toneladas  de carne de res al año y reducir el espacio con estrategias mixtas de cultivos permanentes y producción de carne y leche. Para esto, se necesitará una estrategia muy fuerte de inversión y crédito, pues los resultados se darán de manera gradual.  La superficie que desocupe la ganadería (fácilmente podría superar 6 millones de hectáreas) podrá ser utilizada en otras opciones como las siguientes.  En cuanto a investigación para el desarrollo de sistemas ganaderos sostenibles el CIPAV, COLCIENCIAS y CORPOICA están trabajando bastante en estos temas.

Una propuesta de doble vía representa la producción de frutas y verduras. Tanto las frutas como las verduras representan procesos de valor agregado y generación de empleo mucho más significativos que la producción de granos básicos o commodities. Se dice de ‘doble vía’ porque además de los beneficios a las economías locales, una estrategia es este tipo atendería un aspecto de salud, pues los colombianos consumen 235 gramos diarios de frutas y verduras cuando lo recomendado por la OMS son 400 gramos.  Por otro lado, en cuanto a la producción de verduras no está de más recordar que prácticamente la totalidad de pasta de tomate consumida por los colombianos es importada (de Chile y Perú, principalmente). Del mismo modo, prácticamente toda la semilla de hortalizas es importada (sobre todo de Holanda y E.U.).  Estas y otras opciones, como el aguacate, incrementarían las escasas 366.738 hectáreas  cultivadas de frutas y verduras en el país, con su consecuente creación de empleos, producción de alimentos para la población y posible generación de divisas por la exportación.

Otra alternativa, también de doble vía, podría representar la producción de huertas familiares con tecnología adecuada que produzcan alimentos para los restaurantes escolares bajo los Programas de Alimentación Escolar (PAE). Un reto es la producción de volúmenes constantes, el cumplimiento de estándares de calidad bajo esquemas de asociación de productores y los esquemas de compras públicas por los gobiernos departamentales en los que combinen diferentes tipos de productores bajo los mismos criterios de calidad. Estos esquemas han sido muy exitosos en Brasil, Argentina y Chile.  Con diferentes grados de avance, en Colombia se están haciendo esfuerzos notorios en Antioquia, Cauca y otros departamentos para el establecimiento de este tipo de estrategias, que combinan los mencionados elementos de acceso, estabilidad y utilización de los alimentos, al mismo tiempo que fomentan la producción de sistemas locales y alimentan a los niños en las escuelas con productos de la región.

Un ‘gigante dormido’ que representa una gran alternativa es la acuicultura; con un esquema de extensión e innovación adecuado, y tecnología de fácil acceso se pueden generar empleos fijos en zonas rurales con alta disponibilidad de agua, donde un punto clave es la inversión para las cadenas de frío y la asociación de productores. Hay ejemplos en zonas indígenas que son muy positivos, como las 150 familias de la etnia Guambiana que producen 1.6 toneladas diarias de trucha arco iris en el resguardo de Wuampia, en Cauca.  También hay exitosas iniciativas con especies nativas en Caquetá, como la arawana (pez dragón) con fines ornamentales, donde se cultivan 36 mil ejemplares para exportación, y la apropiación de 180 familias en la producción de Pirarucú, en Florencia, con una creciente demanda. Vale la pena agregar la producción de la cachama o gamitana, en el Putumayo, donde cerca de 1,200 acuicultores de recursos limitados consumen el 15%  de la producción y el 85% lo venden, nutriendo a sus familias y generando medios de vida con tecnología intermedia de fácil acceso. Estos y otros casos exitosos nos muestran el potencial de la acuicultura en un país tan rico en el recurso agua.

En un país de regiones, como Colombia, los mercados de nicho para productos como fríjol cargamanto blanco de Antioquia, la piangua de Nariño, las frutas amazónicas y las marcas o productos regionales también representan una oportunidad si cuentan con una buena estrategia de promoción e identificación de mercado.

Así como las alternativas anteriores son un potencial a desarrollar sobre todo en las zonas rurales conectadas con ciudades intermedias y enfocadas en combinar pequeños y medianos productores, hay otras alternativas para las zonas distantes y poco pobladas, como en la Orinoquía, en las que el contexto es más adecuado para cultivos agrícolas de mayor escala. La palma de aceite, que en encadenamientos tipo cluster donde se agregue valor a la cosecha, pueden generar empleos dignos y no se produzca solo materia prima.  También se pueden producir granos básicos como maíz y soya, aunque una prioridad debería ser el procesamiento de la producción en la misma región para que pueda generar más empleos y detonar economías locales.   

Estas alternativas y otras que no se mencionaron pero están presentes (leche y quesos, caucho, cacao, fique, guadua, cafés y arroz especiales, etc.), ayudarían a hacer de la seguridad alimentaria un excelente argumento para la inclusión social y el desarrollo sostenible en Colombia. En unos años se podrán incrementar los rubros de empleo rural, ingreso per cápita, la disminución de la gran disparidad urbano-rural, así como una reducción en la desproporcionalidad que existe entre varios departamentos respecto a desnutrición y pobreza. Del mismo modo, se mejorarían notablemente aspectos como la ampliación de cobertura de zonas forestales, riesgo de erosión y captación de agua, producción de alimentos para consumo y exportación, sistemas de producción más sostenibles y una balanza comercial agropecuaria más favorable a la actual, que aunque es equilibrada (1.5 billones de dólares ), podría mejorar. Otro rubro que se mejoraría, sin duda, es la sinergia interinstitucional entre los programas de diferentes ministerios involucrados: el de agricultura, el de salud, de educación (con el PAE), de medio ambiente, instituciones como el DPS y el DPN, así como entre los niveles de gobierno. Esta intersectorialidad es uno de los grandes objetivos que se busca lograr en los países latinoamericanos.  

Para concluir, vale la pena enfatizar que en Colombia el potencial es tan vasto y diverso que en este país caben todos: grandes, medianos y pequeños. Si a las alternativas se aúnan las favorables tendencias en el crecimiento económico, disminución de la pobreza extrema, el bono demográfico, y se acompañan de una estrategia política de bienes y servicios públicos rurales e inversión en infraestructura, control transfronterizo; dentro de un marco de paz social que fomente la certeza en la tenencia de la tierra y en la inversión. Estaremos, entonces, muy cerca de la que podríamos llamar, después de la del café, la segunda gran bonanza agrícola de Colombia.