La pasada temporada de huracanes fue especialmente dura para los Estados Unidos. Tan solo en Texas se calcula que Harvey dejó entre 30.000 y 100.000 millones de dólares en daños y que apenas un tercio de los bienes afectados estaban asegurados. Por lo tanto, será el gobierno federal el que se encargará de cubrir las afectaciones, con unas inversiones que varios expertos sugieren terminarán desperdiciadas debido a las políticas ambientales de la nueva administración de la Casa Blanca.

Diez días antes del paso de Harvey por Estados Unidos el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que pasó desapercibida ante la opinión pública. En ella cancelaba una orden del mismo tipo que el expresidente Obama instauró en 2015, en la que instaba al gobierno federal a tener en cuenta los riesgos de inundación y posibles aumentos en el nivel del mar por efectos del cambio climático a la hora de construir nueva infraestructura.

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Por su carácter técnico, la anulación no tuvo mayor impacto, pero ante la inminente reconstrucción necesaria tras los huracanes, se hizo evidente que tendrá terribles repercusiones a futuro. Todas las obras de infraestructura no tendrán en cuenta riesgos de inundación en terrenos vulnerables como Texas y La Florida, lo cual propiciará que se reconstruya donde no se debe reconstruir. Con la posibilidad de tormentas cada vez más devastadoras, la falta de preparación puede salirle muy caro al país, en especial cuando se estima que por cada dólar invertido en mitigar impactos ambientales se ahorran cuatro destinados a reparar desastres.

Sin embargo, este tipo de cálculos tienen sin cuidado a Trump. Este grave reversazo es solo uno de los 52 que han eliminado regulaciones del gobierno federal para combatir el cambio climático. El diario británico The Guardian calificó las medidas de Trump contra el medioambiente como un arma de “eficiencia silenciosa”, que llegó a su clímax con el anuncio del retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París.

Esta situación es preocupante pero nada sorpresiva, tanto por la pública oposición del actual presidente contra Obama como por su escepticismo frente al cambio climático. Incluso, desde que era un empresario inmobiliario afirmaba que ese tema no era más que una “estafa bien planteada” y en uno de sus tweets más recordados indicó que el calentamiento global era un concepto creado por China para quitarle competitividad a Estados Unidos. Eso sin contar su costumbre de pedir “más calentamiento global” cada vez que hace una aparición pública en lugares donde hace frío.

Sin embargo, después de llegar a la Casa Blanca existe una política de no revelar si el presidente tiene una posición sobre el tema. Probablemente porque en su contra juega un fallo de 2007 en el que la Corte Suprema de Justicia, que retomando investigaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA en inglés), encontró que el cambio climático es real y causado por el hombre, y por lo tanto debe ser combatido por esta última institución.

Además, en agosto de este año, trece agencias federales presentaron un reporte que afirma que los efectos del calentamiento global ya afectan a los estadounidenses. A pesar de esto, todo parece indicar que la opinión pública no ha oído los ecos ‘negacionistas’ de su presidente, pues según un estudio de la Universidad de Yale, un 70 por ciento de los ciudadanos cree que se necesitan políticas para combatir el cambio climático.

La táctica de mantenerse en silencio sobre el cambio climático ha beneficiado a la administración, pues muchos lo interpretan como un compromiso que favorece a la lógica científica sin dejar en ridículo a la Presidencia. Sin embargo, el supuesto cambió de opinión de Trump sobre el calentamiento global deja de ser un misterio cuando se analizan sus acciones al respecto. Es claro que hay una estrategia para deshacer la lucha por el medioambiente, el legado más importante de Barack Obama de acuerdo con analistas norteamericanos y el propio expresidente.

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Su plan comenzó con el nombramiento de Scott Pruit en la dirección de la EPA, quien públicamente ha declarado que no cree que el dióxido de carbono aporte al calentamiento global. La agencia ambiental también recibió el mayor recorte presupuestal de todas las instituciones federales y se eliminó toda inversión en investigación sobre cambio climático y programas para prevenirlo.

Luego vino el alud de órdenes ejecutivas, como la que tumbó la regulación de construcciones en zonas de riesgo de inundación. Se han cancelado medidas que incluso pueden ser consideradas vitales para la salud pública y la preservación del entorno, como exigir reportes de emisiones de metano, no permitir la explotación petrolera en el Ártico y no considerar los desechos de la producción de metales como residuos tóxicos.

Ni siquiera las fuertes y mediáticas protestas en contra de la construcción de los oleoductos Dakota Access y Keystone XL hicieron dudar al presidente a la hora de poner de nuevo en marcha las obras, canceladas por el gobierno anterior. Este último sufrió un grave derrame el pasado 16 de octubre que derramó 210 mil galones de petróleo en el estado de Dakota del Sur, causando además graves críticas por la adjudicación exprés y sin mucha consideración para el licenciamiento que le brindó la Casa Blanca al proyecto.

Además del retiro progresivo de los Acuerdos de París, uno de los mayores golpes al legado Obama fue el freno al Plan de Energía Limpia, una de las banderas de su administración. El plan, que buscaba reducir en un 32 por ciento las emisiones de dióxido de carbono para 2030, fue llamado a revisión por Trump apenas dos meses después de su posesión y oficialmente revocado el pasado 10 de octubre. Ahora, sin regulaciones, se espera incluso que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero, propiciadas por el revitalizado sector del carbón.

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Preocupa sobre todo la retórica de justificación del presidente, que se escuda en escoger hechos que le convengan para maquillar medidas como beneficiosas. Por ejemplo, su desbordado impulso a la industria carbonífera lo enmarca como una manera de devolver la oferta laboral en este campo a cientos de regiones que vivían de la extracción del mineral. Sin embargo, nunca tiene en cuenta que, a futuro, serán pocas las opciones para esta industria cuando la explotación de gas se dispare y ofrezca una solución energética mucho más barata.

Afortunadamente, la ciudadanía le dará la pelea en la Corte, pues prácticamente todas las medidas de la administración Trump que afectan al medioambiente han sido demandadas por grupos sociales y ambientalistas. Tomando en cuenta el precedente de la Corte Suprema sobre la importancia de combatir el cambio climático, lo más probable es que logren su objetivo de tumbar las decisiones del presidente. Pese a esto, los resultados tomarán un tiempo que el medioambiente no tiene. Por ahora, la pelea la gana Trump, pero la pierde el planeta.