En circunstancias que aún están por establecerse, fue asesinado en el norte del Tolima, el líder ambiental Carlos Aldario Arenas Salinas, quien fue uno de los promotores de la Ruta del Cóndor, un reconocido proyecto ambiental y ecoturístico que no solo busca facilitar el avistamiento de esta reconocida y amenazada especie, sino que destaca la cultura, costumbres y tradiciones del pueblo cafetero, a través del turismo comunitario. Era guía del mismo.

"Cejas", como lo llamaban sus amigos y quien tenía 44 años, amaba el páramo y hacía lo que estuviera en sus manos por defenderlo. Las primeras versiones en torno a su muerte apuntan a que habría tenido inconvenientes con un vecino por tala de árboles, circunstancia que Arenas denunció ante las autoridades ambientales del departamento. Era campesino y habitante del páramo de Santa Isabel y buscaba que el Tolima se convirtiera en una de las entradas principales al Parque Nacional Natural de los Nevados. Fue un defensor del agua y los recursos naturales.

La activista ambiental Katherine Ariza afirmó que “era defensor del agua, del Valle de los Frailejones y de las especies animales del Páramo. Tanto amaba el Páramo que luchó por su preservación hasta el final, arriesgando su vida anoche fue ultimado presuntamente por un grupo armado en el sector de Totarito".

Hasta el momento lo que se conoce es que fue atacado por dos hombres armados que llegaron a la Finca El África, quienes le dispararon de manera indiscriminada, ocasionándole la muerte. El comandante de la policía del Tolima Coronel Rodolfo Carrero, confirmó que el ataque se generó a 10 horas del casco urbano del municipio de Santa Isabel, en la zona norte de la región que limita con el departamento de Risaralda.

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En torno a este hecho, Jorge Rojas Rodríguez, ex secretario de Integración Social de Bogotá, afirmó en su cuenta de twitter que se trataba de un líder que quería el agua y no el oro y que su trabajo se concentró en cuidar el páramo de Santa Isabel. 

El asesinato de este líder se suma al de muchos otros que en los últimos días han sido víctimas de las balas, por defender sus territorios o los recursos que en ellos se encuentran. Es de recordar que el año pasado fueron asesinados 24 líderes ambientales en Colombia, según el informe anual de Global Witness. Esta cifra convirtió al país en el segundo más peligroso para quienes se dedican a proteger el territorio y a luchar por los intereses medioambientales, una razón de peso para que el gobierno firmara el Acuerdo de Escazú, que pretende trabajar en la defensa de los derechos ambientales en la región. 

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Este Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América latina y el Caribe, fue ratificado recientemente en el marco de la Asamblea de la ONU, en donde 20 países respaldaron esta alternativa para proteger a estas personas, dada la vulnerabilidad y el número creciente de ambientalistas asesinados que se presentan cada año en esta parte del mundo. Solo en 2018, el número ascendió a 83, más de la mitad del total reportado por la ONG inglesa, que habla de 164 en el contexto global. Colombia no lo firmó, pues el gobierno consideró que existen instrumentos nacionales e internacionales que ya vinculan al país en materia de protección para defensores medioambientales. Activistas criticaron la medida y temen por la vida de más defensores.