Una nueva comisión de expertos será la encargada de analizar los riesgos y efectos que traería para Colombia la implementación del fracking. 

A diferencia de la que había sido conformada por el Ministerio de Minas, esta no tendrá relación alguna con el gobierno. 

La Universidad Nacional de Colombia será la encargada de integrar el nuevo grupo de expertos. Así quedó determinado en la audiencia inicial que se adelantó en las instalaciones del Consejo de Estado, en Bogotá, en el proceso judicial que suspendió el marco normativo del fracking en el país.

Durante la audiencia el despacho consideró necesario la realización de un dictamen pericial que responda a una serie de preguntas de carácter técnico, científico, local, regional, nacional y global, que permitan dar claridad y certeza antes de proferir un fallo definitivo.

Para tal fin, el Consejo instó a la creación de un grupo interdisciplinario de expertos, en un término de 15 días. Los resultados de ese dictamen deberán ser entregados tres meses después de su conformación. 

Entre los interrogantes que plantea el despacho en el cuestionario están: los impactos a los usos del suelo, a la salud humana, a la biodiversidad y a los caudales del agua, al igual que los riesgos socioambientales que traería la implementación del fracking.

La alta corte también busca que se resuelvan las dudas sobre qué tipos de líquidos y aditivos se usan para el fracking y su grado de toxicidad, así como si el país está preparado normativa e institucionalmente para monitorear y mitigar los riesgos que implica esta técnica.

Así mismo, el magistrado ponente Ramiro Pazos, señaló que en el informe que deberá realizar la Universidad Nacional se debe determinar si las normas que se están demandando en el proceso (decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014 ) contemplan todos riesgos y contribuyen a minimizar sus impactos. 

El Ministerio de Minas solicitó, entre tanto, que el despacho escuche a varios de los expertos que integraban la Comisión de Fracking que el gobierno nacional convocó y que en abril de 2019 entregó sus recomendaciones, petición a la que el magistrado accedió. Inicialmente serán escuchados tres expertos.

A su turno, los demandantes pidieron que se tenga en cuenta el informe de riesgos realizado por la Contraloría este año. Adicionalmente, solicitaron que no se adelanten los proyectos piloto que Ecopetrol pidió ejecutar en su recurso de súplica. Ante esta solicitud el magistrado señaló que será la Sala Plena de la Comisión Tercera del Consejo de Estado la que decidirá si aprueba o no los pilotos. 

En esta audiencia también fueron fijadas las pruebas de oficio, así como las solicitadas por el demandante, los demandados y los coadyuvantes.

Las primeras audiencias de pruebas y recepción testimonial quedaron fijadas para realizarse el 19 y 29 de julio, a las 8:00 de la mañana.