Derechos sexuales y reproductivos: entre la legalidad y la legitimidad

Todo se ha dicho. Que la mortalidad materna es un fenómeno evitable y, sin embargo, el 60 por ciento de los departamentos del país cuentan con altísimas tasas de muertes ocasionadas por esta –mayores a 125–, constituyéndose como una constante, debido a las condiciones de pobreza y falta de educación de algunas zonas del país, y a la pertenencia étnica. Que existen desigualdades en las relaciones entre hijos y padres. Que el embarazo en la adolescencia es un fenómeno deseado por muchas de las adolescentes y jóvenes. Que el no deseado cuenta con tasas de crecimiento considerablemente altas y que solo la educación brinda a las jóvenes herramientas para evitarlo. Que el acceso al aborto está limitado por múltiples barreras. Que si bien la mortalidad relacionada con él ha disminuido a expensas del uso de los medicamentos para llevarlo a cabo, la tasa de tratamiento por complicaciones aumentó, especialmente en mujeres pobres del medio rural.

También que la violencia de género –especialmente aquella que sucede contra las mujeres en el ámbito de lo privado– es tan alta que casi la mitad de las mujeres han experimentado alguna forma de violencia. Que estas soportan el peso de la reproducción no solo biológica (como explican los datos y cifras presentados en esta revista), sino social. 

Más allá de conocer los problemas y desnudar las desigualdades que en el ámbito reproductivo rezagan a gran parte de la población del desarrollo, se hace urgente asegurar y conocer los marcos normativos que definen el norte de las acciones relativas a este campo. 

En 2013, se llevó a cabo la primera Compilación analítica de las normas de salud sexual y reproductiva en Colombia, en cinco temas específicos: salud sexual y reproductiva (SSR) de los adolescentes; salud materna e interrupción voluntaria del embarazo; anticoncepción; ITS-VIH/sida; violencia sexual y de género. Esta permitió constatar que, en temas clave del sistema de salud, hay una sobreproducción de normas que genera problemas a los prestadores de servicios de salud para su adecuada interpretación y aplicación. Este hecho afecta a la ciudadanía, pues en ocasiones las dificultades interpretativas contribuyen a disminuir la efectividad y la realización plena de los derechos de las personas. 

La sobreproducción en Colombia, ¿en que se expresa? En la existencia de un número muy elevado de disposiciones para regular la SSR y en la presencia de varias normas que regulan un mismo tema en términos similares, resultando innecesarias. También en la existencia de normas que se contradicen o pueden producir resultados contradictorios; y/o en la presencia de lenguaje vago y contradictorio.

Las consecuencias de la sobreproducción se reflejan en dos facetas: la del prestador (incertidumbre) y la de los usuarios del sistema (desconocimiento de derechos), especialmente las mujeres, quienes suelen ignoran hasta dónde están amparados sus derechos. 

En este contexto, se recomienda lo siguiente: 

Mirar más allá de las normas. No todos los temas que merecen atención especial son necesariamente objeto de regulación. En algunos casos los esfuerzos deberían dirigirse a implementar las normas, a difundirlas, o a reformular las políticas públicas en SSR. 

Considerar las diferencias regionales. De acuerdo con lo que señalan los indicadores en SSR, las diferencias socioeconómicas, de género, etnia o raza, entre otras, se acentúan en las distintas regiones, lo que supone asegurar que se implementen las políticas y se apliquen las normas en todos los niveles y en todas las regiones. 

Introducir el enfoque diferencial. Con el fin de responder a la diversidad de un país como Colombia y abordar los determinantes sociales que se derivan de la posición social, la raza, la etnia, el género, la orientación sexual, la identidad de género y otras condiciones particulares, como la discapacidad, el desplazamiento o la diversidad sexual, las medidas sobre SSR deben incorporar de manera sistemática el enfoque diferencial, brindar mecanismos que permitan formular normas y políticas acordes con estos enfoques, y definir indicadores para hacer mediciones y seguimiento. 

Si bien los retos que plantea la situación de salud sexual y reproductiva son muy grandes y los marcos normativos que los acompañan son robustos –aunque en ocasiones contradictorios o abundantes–, la distancia más grande por recorrer está en el camino hacia la legitimidad. La actual situación de falta de autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos, su reproducción y su sexualidad, se suma a la ausencia de la dimensión reproductiva del desarrollo. Esta ausencia refleja, en cierta medida, esta falta de legitimidad, que amenaza la necesaria sostenibilidad de cualquier visión sobre el desarrollo.