Entre sábado y domingo se adelantó la audiencia pública dentro del trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG). 

Pese a la férrea oposición expuesta por parte de varias organizaciones ambientales, sociales, indígenas y académicas respecto a la metodóloga virtual y semipresencial que sería utilizada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Policía Nacional (Dirección Antinarcóticos), la diligencia se realizó.

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De esta forma, el Gobierno nacional comienza a dar cumplimiento parcial a uno de los requisitos exigidos por la Corte Constitucional, que en 2015 suspendió las aspersiones aéreas con este herbicida como medida cautelar, ante los nocivos impactos a la salud y el medioambiente que se podían registrar. Asimismo, se acerca a su propósito de retomar las fumigaciones como estrategia para contrarrestar el aumento de cultivos ilícitos y atacar el narcotráfico. Y es que solo si los cambios del Plan de Manejo Ambiental (PMA) son aprobados por la Anla, el Gobierno podría regresar a las aspersiones. 

Por esa razón, la realización de esta audiencia pública ambiental era determinante, ya que se trataba de una condición ineludible para poder continuar. 


Previo a la audiencia pública, la Anla y la Policía adelantaron 27 reuniones entre virtuales y semipresenciales. Foto: Anla. 

Durante la jornada, prevista para un solo día (sábado), pero que debió extenderse hasta el domingo, la mayoría de las personas que intervinieron en representación de distintas organizaciones y sectores, se mostraron en desacuerdo no solo con el regreso de la aspersión aérea con glifosato, sino con la realización de la audiencia como tal, al considerar que se vulneraba el derecho a la participación real y efectiva de los directamente involucrados ante la falta de conectividad y herramientas tecnológicas, pero además, porque se hacía a solo seis días de la celebración de la Navidad y cuando los picos de contagio por la covid-19 se encontraban de nuevo en aumento. 

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Sobre el particular, Edilberto Peñaranda, asesor de la Anla, indicó durante la audiencia, que previo a este trámite, se adelantaron 27 reuniones informativas de manera virtual y semipresencial, y que ese era un mecanismo de participación en el que se daba la opción a las autoridades, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía para que opinaran y presentaran información relacionada con la actividad que se pretende desarrollar (aspersión aérea). Así mismo, que la participación estuvo garantizada en todas las fases previas al desarrollo de esa jornada. 


Retomar la aspersión aérea con glifosato es la estrategia a la que le apuesta el Gobierno para disminuir los cultivos de uso ilícito. Foto: archivo/ Semana.

Entre tanto, la Policía, recurrió a un video a través del cual explicaba en detalle las características del plan de manejo ambiental, incluyendo la manera como se adelantó la socialización. En el material audiovisual se dio a conocer también la forma como se realizaría la fumigación, consistente en identificar las áreas cultivadas, a partir de imágenes satelitales. 

"Se identifica qué tan grandes son los cultivos, si son productivos o no, se hace una extracción de las áreas, la información se carga el sistema de los aviones y la aeronave va censando el área para que sea lo más puntual posible. Vamos a ir a áreas que ya están deterioradas, por eso creemos que la tarea no vaya afectar más. Esto es con base en la tecnología y en los grandes cultivos se hace la aspersión aérea. Es como en los cultivos lícitos, pasa el avión y aplican justo donde es”, señala el video. 

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La Policía hizo énfasis en que los avances tecnológicos pueden garantizar la precisión no solo en la limitación del área, sino además, en la dosificación que se necesita aplicar. Por otro lado, desde esa institución señalaron que la nave con la que se hará la aspersión es de vocación agrícola (AirTractor) y tiene sistemas de control inteligente de flujo que permite mantenerse dentro de los parámetros y garantizar que la aspersión dará en el punto exacto y no por fuera del área delimitada.

En lo referente al uso del glifosato, la Policía señaló que se hizo estudio riguroso para que la mezcla para la aspersión que se use sea justamente para afectar el arbusto de coca. “Está diseñado de una forma cuidadosa. Más del 60 por ciento de la mezcla es agua condicionada, el glifosato es el 33 por ciento y un coadyuvante mineral que le da estructura y peso para que quede como lo necesitamos", dijeron. 

Agregaron que el glifosato poseía unas características similares al suelo en cuanto a PH, situación que hacía que fuera absorbido y existiera una probabilidad casi nula para que se desplazara y contaminara el suelo. "Es sistémico en las plantas, ingresa por las hojas, se incorpora, marchita el tejido y al estar muriendo, la planta no puede realizar fotosíntesis”, manifestaron integrantes de esa institución.

Los reparos

No obstante, una vez terminó la audiencia, las voces de desacuerdo frente a este proceso no se hicieron esperar. Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas de Dejusticia, señaló que frente a este trámite esa organización siempre había sido muy crítica desde que la citaron la primera de las tres veces. 

"Nosotros siempre cuestionamos que se celebrara en un formato virtual, en primera instancia por la brecha digital y la conectividad a internet, además, porque el documento por discutir era de más de 3.000 páginas, supremamente difícil de comprender en un país con una de las tasas más altas de analfabetismo en la población rural", apuntó. 

La politóloga sostuvo, de igual forma, que la alternativa que se presentó frente a la apertura de algunos espacios presenciales (17) era una irresponsabilidad, en vista de que los casos de coronavirus estaban volviendo a subir y mientras las autoridades de salud insistían a la ciudadanía que se quedaran en sus casas. "Entre tanto, el Gobierno adelanta eventos de esta índole para que la gente participe. No es lógico", comentó Pereira.


La fumigación aérea con glifosato se encuentra prohibida en Colombia desde 2015 por la Corte Constitucional. Foto: archivo/Semana.

La coordinadora de Política de Drogas de Dejusticia hizo énfasis en que esta no era la época adecuada para efectuar este proceso, en vista de que estamos en Navidad. "Si usted se fijó, los espectadores de la audiencia el sábado en la mañana fueron máximo 60 personas, en una actividad que va a tener impacto en 104 municipios, de 14 departamentos. Esto obedece a que la gente está en otro cuento y ponerse hacer una audiencia para un tema de tal envergadura en diciembre, es un despropósito", afirmó.  

Pereira subrayó, además, el hecho de que ningún alcalde ni gobernador o representante a la Cámara hubieran participado en la audiencia pública como tal.  

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Para la politóloga, la Policía tampoco hizo bien la tarea, pues - según ella - la audiencia era el espacio propicio para presentar al público los riesgos, los costos ambientales, la estrategia sobre cómo planeaba mitigar y prevenir los efectos de la aspersión, "pero lo que dio a conocer fue un video, varias veces, que más parecía un publirreportaje, indicando el daño que le ha hecho el narcotráfico al país y como el glifosato no producía ningún impacto ambiental. Por el contrario, lo presentaron como la gran panacea", dijo.

Sostuvo que tampoco se resolvieron muchas dudas que existen alrededor de este tema. "Desde la Anla informaron que en los próximos 5 días presentarán el acta de la audiencia, es decir, para agarrarnos en Navidad, distraídos, situación que no debería suceder", argumentó Pereira, quien explicó que, una vez presentada la resolución en la que la Anla otorga la modificación del plan de manejo ambiental, es probable presentar una demanda de nulidad del proceso ante la falta de participación. 

Lo que viene

Tras la realización de la audiencia pública ambiental, la Anla deberá expedir un acta donde se condensan los principales aspectos planteados durante la jornada. 

Después, la autoridad deberá emitir un pronunciamiento de fondo, a partir del análisis de la información recolectada y entregada por todos los actores. En ese proceso la Anla se pronunciará para archivar, negar u otorgar la modificación del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG). "Solo existen esas tres opciones", señaló Paulo Pérez, subdirector de Mecanismos y Participación Ciudadana Ambiental de la Anla. 

Luego los terceros intervinientes o los solicitantes podrán interponer un recurso de reposición si no están de acuerdo con la decisión emitida por la Anla.  

"Sobre este tema hay mucha desinformación, ya que no es lo único que se requiere, porque la gente piensa que después de que la Anla da su concepto, ya arranca la aspersión y eso no es así, nosotros solo somos uno de los pasos", destacó Pérez. 


Varias organizaciones se oponían a la realización de la audiencia pública sobre la aspersión aérea con glifosato al considerar que las condiciones de participación real y efectiva no estaban dadas en los territorios. Foto: archivo / Semana.

Daniel Páez, jefe de la Oficina Jurídica de la Anla, señaló, a su turno, que una vez la Anla resuelva de fondo la petición del PMA, si la respuesta llega a ser positiva, el trámite pasará a manos del Consejo Nacional de Estupefacientes que se encargará de autorizar si el programa de fumigación aérea con glifosato retorna en el país. 

"Ahí la Anla termina su trabajo, pues no es miembro ni invitado del Consejo Nacional de Estupefacientes", expresó el jurista, quien recalcó que adicional a la audiencia, el Gobierno está obligado a cumplir otra serie de condiciones exigidas por la Corte Constitucional.

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Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas de Dejusticia, indicó, por ejemplo, que si en algún caso la Anla llega a autorizar la modificación del Programa de Manejo Ambiental, no era suficiente para que el Gobierno pudiera comenzar a fumigar, pues recordó que la Corte había exigido otros seis requisitos que se debían cumplir, entre los que se encuentran un mecanismo de recursos, quejas y reclamos que todavía no existe, al igual que un plan de evaluación y manejo de riesgos para la salud (en trámite), y un decreto reglamentario que fue presentado hace un año y todavía no se ha adoptado. 

"Aún si la Anla autoriza esas modificaciones al plan de manejo todavía no se podría asperjar, ya que sería ilegal que arrancaran porque aún faltan por cumplir más requerimientos", puntualizó. 

Según los cálculos de diferentes organizaciones, la decisión de fondo de la Anla se estaría dando a finales del mes de enero de 2021.