En las 14 páginas que conforman el anexo especial del informe final sobre los efectos ambientales y económicos de la exploración de yacimientos no convencionales (YNC), más conocida como fracking, el filósofo Manuel Ramiro Muñoz, el zoólogo Gonzalo Andrade Correa y el economista Juan Pablo Ruiz Soto dejaron plasmados sus conceptos frente a temas a los que no pudieron llegar a ningún consenso con los demás miembros de la comisión de expertos que creó el gobierno nacional. 

La identificación y realización de inventarios de los pasivos ambientales de los yacimientos convencionales existentes fue uno de los aspectos que quedó en este documento. "El Estado o las empresas deben compensar a las comunidades por los daños ocasionados por proyectos petroleros o mineros ya ejecutados, antes de iniciar a implementar cualquier otra técnica de extracción, solo así logrará generar la confianza suficiente y obtener la licencia social que requieren esta clase de iniciativas", comenta Ruiz.

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Sobre el particular, el anexo señala que la licencia social debe empezar a gestarse de manera previa a la ejecución de los proyectos pilotos de investigación que fueron aprobados por dicho comité. "La ejecución de los proyectos piloto son un excelente espacio para la construcción de confianza que debe llevar a la licencia social para los procesos de exploración y explotación con fines comerciales de los YNC, si se toma la determinación de avanzar a esa etapa. Un paso inicial para construir confianza, es ajustar la normatividad, siguiendo las exigencias actuales en materia ambiental y social", dice el documento.  

También se hace énfasis en la fluidez de la información a todos los niveles y de todos los contenidos requeridos, es decir, en la transparencia institucional y de información. 

El consultor del Banco Mundial indica que otra de las diferencias frente a la comisión es que ellos decidieron no considerar el caso de Inglaterra como un referente, mientras que para estos tres expertos sí se debería tener en cuenta. "Es interesante ver cómo las empresas y los gobiernos en ese país lograron llegar a acuerdos con las comunidades en cada lugar. Allá fueron compensadas las colectividades por cada pozo", afirma. 

La propuesta de los tres expertos plantea que las comunidades sean compensadas por cada pozo que se explote. En la imagen se observa un campo de fracking en Estados Unidos. Foto: archivo/Semana. 

Ruiz explica que tampoco lograron ponerse de acuerdo sobre la participación a nivel económico que tendrían las comunidades. "Nosotros planteábamos una participación sobre el valor total de las ventas, lo que implicaría la realización de una veeduría constante. La idea era que las comunidades se convirtieran en socias, lo que ayudaría a la construcción de confianza. Sin embargo, en el informe final no quedó especificado cómo se daría esa participación", comenta.

El experto considera, además, que se debe gestionar un pacto de Estado. "Para que el uso del fracking se asocie a la gestión de territorios sostenibles y al desarrollo sostenible del país, más que una política de gobierno es necesaria una política de Estado, donde se articulen todos los actores en torno a una nueva matriz energética, que permita el desarrollo integral y sostenible. Dicho pacto constituiría una oportunidad para impulsar la diversificación de la economía y alinearse con los convenios internacionales como la OIT, el Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible", expresa. 

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En lo referente al principio de precaución, Ruiz aclara que "solo en la medida en que se cumplan las recomendaciones establecidas antes, durante y después de la realización de las pruebas piloto, se debe establecer si se implementa o no dicho principio. No hubo una reflexión específica sobre este tema", apunta. 

Adicionalmemente el economista asevera que debe haber un fortalecimiento de la capacidad local para hacer un buen uso de los recursos de regalías.

La obtención de la licencia social es una de las principales recomendaciones que realizó la comisión. Foto: archivo/Semana. 

Ruiz informa que lo que viene ahora es que los ministerios de Minas y Ambiente revisen el informe y determinen si acatan o no las recomendaciones y en qué grado, ya que estas no son vinculantes y el gobierno no está en el deber de acogerlas.  

"En el documento se planteó la conformación de un grupo de seguimiento independiente que determine si se cumplieron a cabalidad cada una de las recomendaciones que se realizaron. De ese equipo deben hacer parte las comunidades, la academia, los gremios y, por supuesto, el gobierno", dice Ruiz, quien expresa sentirse satisfecho con el resultado del informe, al considerar que es un producto proveniente de una deliberación muy profesional, desde diversas disciplinas y posiciones. 

"El informe es el fruto de una reflexión académica ilustrada, con argumentos y contraargumentos", afirma Juan Pablo Ruiz.

Ruiz subraya que la convocatoria hecha por el gobierno a esta comisión es positiva, en el sentido en que no tenía el deber de haberla hecho para abordar este tema. "Me parece importante que tuvo la voluntad de abrir el debate", señala. 

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En cuanto si la comisión tuvo algún tipo de presión por parte del gobierno luego de la presentación del informe preliminar en febrero de este año, el experto expresa que no, aunque sí resalta que recibieron dos recomendaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía mientras se estaba adelantando el proceso de corrección de estilo. "Fue una de carácter técnico y otra de índole jurídica. La propuesta de ajuste fue transmitida a los integrantes de comisión, se debatió y finalmente se decidió no tenerla en cuenta con el fin de mantener la independencia, razón por la cual el documento no fue modificado", comenta Ruiz. 

Ahora está en manos del gobierno nacional implementar o no las recomendaciones que planteó la comisión.