Procesiones de Popayán a punto de desaparecer

Más de 450 años de tradición en el suroccidente colombiano tambalean. Una demanda pretende que ni la nación, ni el departamento del Cauca, ni el municipio de Popayán puedan asignar dineros a las reconocidas celebraciones. La historia comenzó el 18 de marzo de este año, cuando una estudiante universitaria en Tunja demandó por inconstitucional el artículo 4 de la Ley 891 de 2004 en la cual se declara Patrimonio Cultural Nacional a las procesiones de Semana Santa en Popayán.

Según ella, la norma infringe el artículo 19 de la Constitución sobre libertad de cultos y el artículo 136 que le prohíbe al Congreso decretar a favor de personas o entidades donaciones, gratificaciones o auxilios no destinados a satisfacer créditos o derechos reconocidos. “El Legislativo no se debería inmiscuir y menos autorizando a la administración nacional, departamental del Cauca y municipal de Popayán para asignar partidas presupuestales, teniendo en cuenta que son dineros del erario público, los cuales se deben utilizar para satisfacer las necesidades en pro del interés general, ya que las personas con religiones distintas a la católica o no creyentes, se estarían excluyendo”, dice en un fragmento de la demanda. Semana Sostenible intentó comunicarse con la demandante, pero no fue posible obtener su respuesta.

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Un mes después de instaurada la acción, la Corte Constitucional la admitió y ordenó comunicar el inicio del proceso a comunidades religiosas, ONG y a las universidades Nacional, Javeriana y La Sabana, con el fin de que emitieran conceptos. Sin embargo, los payaneses solo en mayo se enteraron, y por casualidad, de lo que ocurría, ya que la corte no invitó a participar a ninguna organización caucana.

¿Más que religión?

Aunque es indudable que tienen un origen religioso, para participar de las procesiones no es obligatorio profesar el catolicismo. De hecho, cientos de personas de otros credos o no creyentes han asumido los roles de cargadores y sahumadores, y la Iglesia católica no organiza ni patrocina el evento. Es más, desde 1939 la Junta Permanente Pro Semana Santa de Popayán, una organización privada laica, administra las celebraciones.

Harold Casas, vocero y expresidente de la junta, dice que los dineros nunca llegan a las arcas de la Iglesia, ni ella los administra. “Los sacerdotes ni siquiera son responsables de organizar las procesiones. La mayoría del país no sabe que desde hace mucho tiempo esto es una manifestación cultural multitudinaria que hace parte de la identidad payanesa y caucana”, asegura.

A pesar de la seguridad de sus afirmaciones, la realidad es que, en caso de que la corte llegara a darle la razón a quien interpuso la demanda, no solo estaría en juego la suerte de la ciudad sino la imagen del país.

En 2009, la Unesco declaró Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad a  las Procesiones de Popayán y estas son la única manifestación de esa naturaleza incluida en la lista. Debido a esto, Colombia tiene que asegurarle al mundo que pondrá todos sus esfuerzos en preservar y mantener ese patrimonio intangible. “El evento es de innegable origen religioso pero se ha convertido en una manifestación cultural inmersa en el imaginario colectivo. Es importante abordarla desde la mirada semiótica, filosófica y antropológica. La Unesco las aceptó como Patrimonio porque comprendió el origen laico y cultural”, comenta María Cecilia Velásquez, antropóloga y vicepresidenta de la Academia de Historia del Cauca.

El origen religioso se debe a que en la época de la Colonia no había otra opción más que convertirse al catolicismo. Pero aún bajo esa premisa, no se puede negar que actualmente las procesiones hacen parte de la identidad de casi todo payanés. En eso coincide el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, oriundo de la capital del Cauca, quien conoce de primera mano lo que significa esta celebración para su pueblo. “El actual rector de la Universidad del Cauca es ateo y comunista, pero cada Semana Santa participa de la procesión. Eso dice mucho sobre cómo se pasó de un evento religioso a un evento identitario y cultural”, asegura.

Aunque todos estos argumentos tienen alto calibre, el temor por la decisión que tome la Corte Constitucional se acrecentó luego de que, recientemente, el mismo alto tribunal le prohibió a la Alcaldía de Pamplona (Norte de Santander) financiar las procesiones de su municipio.

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No obstante, las procesiones de Pamplona sí estaban ligadas a una práctica religiosa. “No es el caso de Popayán. Los ritos de la liturgia católica deben ser ejecutados por sacerdotes investidos, mientras que nuestras procesiones obedecen a una manifestación cultural nacida de la entraña laica, no apegada a lo que mandan los estrictos cánones de la iglesia”, afirma Jorge Illera, abogado de la Fundación Pro Semana Santa.

Economía y turismo

El año pasado La Junta Pro Semana Santa de Popayán recibió aproximadamente 500 millones de pesos para las procesiones y con ello cubrieron los gastos logísticos, los alojamientos de músicos y artistas, la restauración de las imágenes, publicidad y otros costos que genera la celebración.

Si no es posible recibir ese dinero, el riesgo de que no se pueda preservar ese patrimonio de la humanidad es muy elevado. “Este evento no vende publicidad como el carnaval de Barranquilla o la Feria de Manizales. Es un evento difícil de comercializar”, asegura Casas.

El senador Velasco comparte la preocupación. Cree que la economía de la capital caucana se vería gravemente afectada si la corte decide prohibir que el Estado la financie, así sea en parte. “Sería una decisión terrible. Popayán es capital de un departamento que está saliendo de una guerra y que sí sabe lo que es el conflicto. La Semana Santa es la posibilidad de posicionarse como un eje turístico y traer progreso a los pobladores de esta región en una época que representa el mejor momento económico del año para la ciudad”, concluye.

En Popayán creen que 460 años de tradición y el reconocimiento de la Unesco prueban que sus celebraciones hoy son parte de su identidad. Sin embargo, la decisión está en manos de la Corte Constitucional, que determinará cuáles argumentos tienen más peso. Decida lo que decida, lo cierto es que desde hace tres meses Popayán permanece en tensión.