Un nuevo opositor le salió al paso a la Resolución 350 del 25 de octubre de 2019, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que establece la cuota de pesca de tiburones y que tanta polémica ha causado. 

Esta vez es la  Procuraduría General de la Nación que le pidió a la mencionada cartera, la modificación, suspensión, o revocatoria de la norma, al considerar que no existe información científica suficiente, ni claridad sobre el control que se realizará a los pescadores por parte de las autoridades.

Así lo dio a conocer el órgano de control en carta enviada a la secretaria General del ministerio, Ana María López Hernández, en la que alertó sobre la ausencia de estudios científicos en el país, que permitan determinar los efectos de la pesca de tiburón sobre la red trófica (red alimenticia), teniendo en cuenta su posición dentro de la misma.

La Procuraduría recordó que la Resolución 1743 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible prohíbe la práctica del ‘aleteo’ (cercenamiento y retención de las aletas de tiburón, y descarte del resto del cuerpo al mar), razón por la cual la Resolución 350 de este año “no debería incluir el término ‘aleta’, toda vez que se podría interpretar como una autorización de la práctica del ‘aleteo’, más aún cuando se hace referencia a la pesca artesanal”.

Para el Ministerio Público es necesario tener suficientes datos que soporten el análisis estadístico diferenciado por especie, toda vez que cada una de ellas cuenta con su propia tasa de crecimiento, edad de madurez reproductiva, patrones migratorios, entre otros, por lo que “un análisis grupal no sería confiable para determinar el stock pesquero y las respectivas cuotas”.

Tiburón de aletas blancas. Fundación MarViva

De igual forma, la Procuraduría solicitó aclaración sobre los controles que ejercerán las autoridades a la pesca de tiburón, teniendo en cuenta que los pescadores artesanales llevan el producto de su faena a sitios diferentes a los puertos. 

En la misiva, la Procuraduría advirtió, además, que a la fecha no se tienen tallas mínimas, lo que puede llevar a la explotación de individuos que no han alcanzado su madurez reproductiva, poniendo en riesgo la supervivencia de las poblaciones.

Por último alertó sobre la falta de un estricto seguimiento a la pesca de las especies Alopias pelagicus y Carcharhinus falciformis, catalogadas como vulnerables en el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia e incluidas en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites).

Alta oposición

Hay que recordar que son muchos los ambientalistas y otros sectores que se han opuesto a la mencionada resolución, por considerar que se le está dando vía libre al aleteo, práctica que consideran reprochable. 

La directora de la Fundación Malpelo, Sandra Bessudo, fue una de las primeras en oponerse a la norma y ha sido enfática en que se debe corregir por considerar que tiene errores.  La bióloga también hace énfasis en que se debe hacer un monitoreo científico real, que haya mayores controles y que se fortalezca el tema de educación. "Necesitamos orden para saber qué estamos pescando, que está saliendo y qué está entrando al país. Es urgente ordenar la casa".

Para Bessudo, este es un tema álgido, pues no solo implica la pesca, sino también la seguridad alimentaria. "Nosotros no tenemos información real de las cuotas que tenemos y es indispensable saberlo, de lo contrario todo lo que se haga será un saludo a la bandera", dijo.