Ante el ultimátum entregado en las últimas horas por parte de supuestas disidencias de las Farc a los funcionarios de Parques Nacionales que cumplen su trabajo en el eje de los ríos Caquetá y Putumayo, para que salgan de los parques de la Amazonia lo antes posible, la Procuraduría General de la Nación advirtió que es imperativo la puesta en marcha de acciones inmediatas para la protección de la vida de quienes ejercen funciones de defensa ambiental en el país, garantizan el control territorial y la autoridad ambiental.

Fernando Carrillo Flórez, procurador General, señaló que los parques nacionales están siendo utilizados por las mafias y que sus guardianes terminan en peligro al descubrir sus rutas y formas de desplazamiento. "La recuperación del control físico territorial ha sido imposible y por eso hoy existen en el país parques vedados, que exigen una mayor presencia de la fuerza pública y de la policía”, sostuvo. 

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El funcionario indicó que ratificará esta petición el próximo lunes 24 de febrero, en el municipio de El Cocuy (Boyacá), durante el desarrollo del consejo de seguridad en el que se analizará la situación de riesgo que afrontan los defensores de recursos naturales, tras el reciente asesinato del guardaparques asignado a una de las zonas de control del Parque Nacional Natural El Cocuy. 

Carrillo afirmó que insistirá en el argumento de que los funcionarios y contratistas que desempeñan labores en zonas protegidas y estratégicas ambientalmente, al igual que las poblaciones campesinas en esas áreas, están en alto grado de vulnerabilidad.


Además de su labor de protección del territorio, los guardaparques también ayudan en la labor investigativa de los institutos y universidades. Foto: Parques Nacionales Naturales. 

Desde el órgano de control señalaron que le pedirán, una vez más, al Gobierno naciona la creación de alianzas de seguimiento a las alertas tempranas coordinadas por la Defensoría del Pueblo y la ratificación del Acuerdo de Escazú, así como la activación de alertas en territorios con alteraciones ambientales o que tengan como población en situación de riesgo a funcionarios de Parques Nacionales Naturales o indígenas de resguardos.

Diego Trujillo, procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, señaló, a su turno, que los violentos no quieren que nadie de la institucionalidad esté presente en esas zonas, ya que se encuentran en proceso de retoma del control de un territorio, que la institucionalidad poco conoce, y que es vital para sus acciones ilícitas. 

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"En la Colombia profunda están asesinando a los guardaparques humildes y desarmados, cuya labor es cuidar el patrimonio ecológico del país. Saben que con este tipo de acciones amedrentan al resto y ponen a la institucionalidad en una encrucijada, ya que saben que no van a poder mantener a sus funcionarios en esos sitios y cada vez va a ser más difícil que alguien quiera trabajar allá", apuntó. 

Para el procurador delegado es clave que el Gobierno entienda que no basta con la presencia de la fuerzas militares, sino que debe hacerse parte de lo que esa Colombia distante requiere, para que su ausencia no sea un caldo de cultivo para el reclutamiento, el despojo de tierras y el acaparamiento ilícito de territorios. "La deforestación es la cuota inicial de los incendios y abre la puerta a la llegada de los cultivos ilícitos, la ganadería y los monocultivos que, en últimas, dan paso a la minería ilegal, pero también la formal, ya que esta última solamente está esperando la degradación de estos ecosistemas para obtener los títulos mineros", expresó. 

Se espera que a la reunión convocada por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, asistan la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda, así como alcaldes, representantes del sector ambiental y de los organismos de seguridad.