La próxima semana, en la Sala Plena de la Corte Constitucional, iniciaría el estudio de la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos que pidió, al parecer, mantener la prohibición del uso del glifosato para aspersiones aéreas en cultivos ilícitos. 
La discusión, prevista para adelantarse a partir del próximo miércoles 17 de julio, se enfocará en el estudio de la sentencia de la tutela T- 236 de 2017, a través de la cual se suspendió el uso de este herbicida por considerar que afectaba la salud y el medioambiente en el municipio de Novita

De esta manera se le dará trámite a la solicitud hecha por el Gobierno nacional de modular el mencionado fallo, con el fin de poder retomar la fumigación aérea como estrategia para contrarrestar el auge de hectáreas de coca en el país

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Tras la petición, la corte le indicó al Gobierno que debería cumplir con seis requisitos para levantar la medida restrictiva. 

Frente a la posibilidad de que se retomen las aspersiones aéreas, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, afirmó que bastaría con la duda para que un Gobierno sensato decidiera mantenerlo prohibido y proteger a su población y su territorio. 
"Nos negamos desde el sur a que esa sea de nuevo una realidad que ya padeció el departamento de Nariño durante 10 años. Yo creo que el debate es todavía bastante complejo", afirmó el mandatario en una entrevista para W Radio. 
La erradicación manual es el único método avalado en Colombia contra los cultivos ilícitos. Foto: archivo/Semana. 

El gobernador aseguró que había tres factores que le generaban dudas frente al uso del glifosato. El primero tenía que ver con los efectos que podría producir este herbicida en la salud, el ambiente y la vida. "Hay un argumento muy fuerte en este aspecto y es que en 2008, el Gobierno ecuatoriano interpuso una demanda internacional contra Colombia, la cual fue resuelta en una conciliación. Finalmente, luego de cinco años, al país le correspondió pagar a Ecuador, 15 millones de dólares como compensación por los daños causados por las fumigaciones aéreas. Además, lograron proteger una franja del territorio nariñense", manifestó. 
 
Romero cree también que la aspersión aérea no ha sido efectiva. "Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, del 2005 al 2014, en el departamento de Nariño nos asperjaron 3.700.00 litros de glifosato, en un equivalente a 370.000 hectáreas, es decir, nos inundaron, nos llovió herbicidas en cantidades", apuntó. 
El mandatario informó que en 2005, en esa región del país se encontraban sembradas 3.875 hectáreas de coca y nueve años después, en 2014, se tenían cultivadas 17.285 hectáreas. "Eso significa que el Gobierno actual lo que nos está diciendo es que va a venir con la misma fórmula que no le dio resultado hace nueve años en el departamento de Nariño, pero con el agravante que ahora van a tener que asperjar 3.850.000 litros de glifosato para erradicar las 45.000 hectáreas que existen en la actualidad", mencionó.  
Para el gobernador el tercer factor está vinculado a los costos de la fumigación. "Se pensaba que cuando el Gobierno se iba a inclinar por esa fórmula (fumigación con glifosato) era porque le costaba menos, porque desde el escritorio iba a reducir los gastos, pero encontramos que es uno de los métodos más costosos. Según varios informes académicos y periodísticos acabar con una hectárea de cultivos de uso ilícito no baja de 72 millones de pesos, es decir, el doble de lo que le costaría la erradicación manual", resaltó. 
El gobernador aseguró, también, que la fumigación no va a resolver el problema de fondo, ya que la gente repetiría patrones como estaba acostumbrada, es decir, se desplazaba hacia otros territorios a sembrar cuando se adelantaban las aspersiones aéreas.
El mandatario concluyó su intervención preguntando: ¿cuál es la lógica o el negocio para que el Gobierno nacional insista en el uso del glifosato sobre un territorio como el departamento de Nariño? El interrogante deberá ser resuelto.