Desde hace más de 20 años, una carretera de 138 kilómetros serpentea entre las densas y biodiversas selvas del Guaviare para conectar a los municipios de Calamar con Miraflores, una trocha ilegal que para su construcción y mantenimiento han cercenado millones de árboles con alturas superiores a los 20 metros de altura. 

La carretera es similar a la distancia que separa a Bogotá de Girardot. Comprende dos tramos: el primero, de 56 kilómetros que va desde la vereda Aguabonita en Calamar hasta el resguardo indígena de Barranquillita, al borde del río Vaupés. El segundo, de 82 kilómetros, llega a Miraflores. El común denominador en la zona es un cementerio de árboles caídos.

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En diciembre de 2019, la Fiscalía General de la Nación pidió como medida cautelar el cierre inmediato de la vía y la prohibición del tránsito de vehículos pesados, incluidos los automotores de la Gobernación de Guaviare y maquinaria amarilla. Un juez de control de garantías de San José del Guaviare dio luz verde a la petición.

Para la entidad, la construcción de la vía no contó con permisos o licencias ambientales. El paso continuo de vehículos pesados y asentamientos posteriores a la tala y quema de los bosques aledaños, incidieron en el deterioro del área protegida y las fuentes hídricas.

La carretera Calamar-Miraflores es conocida como el mayor foco de deforestación en Guaviare. El 16 de marzo, la FCDS encontró 37 nuevos kilómetros. Foto: Rodrigo Botero.

La Fiscalía también estableció que los entonces alcaldes de Calamar, Pedro Novoa, y de Miraflores, Jhonivar Cumbe, habrían facilitado el avance de las obras y al parecer fueron permisivos frente a las irregularidades presentadas.

La deforestación se triplicó en Guaviare durante el periodo de gobierno de los mandatarios: pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018. Varios de los focos deforestados e incendios están relacionados con el área de la carretera”, apuntó la entidad.

Un paso para adelante, dos para atrás

El cierre de la carretera levantó ampolla en el Guaviare. Campesinos y ganaderos manifestaron su inconformidad al asegurar que desataría un desabastecimiento de alimentos en la región. 

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Todo lo contrario ocurrió con los ambientalistas como Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), quien ha denunciado los daños desatados por la carretera y los comportamientos de las mafias deforestadoras en la Amazonia. “Las imágenes satelitales muestran cómo el avance de la vía ha convertido el bosque en vastas extensiones de tierras”. 

Las declaraciones de Botero toman un mayor peso por una medida controversial. El juzgado primero promiscuo de San José del Guaviare, que hace parte del Distrito Judicial de Villavicencio, modificó la medida de protección sobre la carretera y levantó temporalmente las restricciones hasta el próximo 22 de abril.

La decisión fue tomada el 22 de marzo por el juez Edwin Andrés Piñeros, en una audiencia virtual en la que participaron el gobernador del Guaviare Heyder Palacios y el secretario jurídico del Vaupés, Andrei Díaz.

El 16 de marzo de este año, la FCDS sobrevoló Guaviare. Encontró que la vía entre Calamar y Miraflores ahora suma 175 kilómetros. Foto: Rodrigo Botero. 

Este despacho invita a levantar temporalmente las restricciones que existen sobre la vía Calamar-Miraflores, por lo cual queda permitido el transporte terrestre de vehículos de carga de alimentos para consumo humano y animal, así como el combustible que se utilice para el servicio público de energía, en especial para los hospitales y centro de salud y de apoyo social”, cita el fallo conocido por SEMANA SOSTENIBLE.

Creció la vía

El fallo preocupa de manera alarmante a Botero. Aunque comprende que la decisión es temporal debido a la pandemia del coronavirus, las mafias pueden aprovechar aún más las circunstancias para talar y quemar bosque de una manera desaforada.

En los últimos 80 días, aprovechando el pico de la temporada de sequía en la Amazonia, abrieron 37 kilómetros nuevos de vía que, antes permanecían bajo el bosque, generando así una deforestación desenfrenada. Analizando un buffer o área de amortiguación de 500 metros al lado y lado de la carretera, evidenciamos que estas mafias se comieron cerca de 500 hectáreas de selva. Esto es salvaje”.

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Es decir que, la carretera ahora cuenta con cerca de 175 kilómetros en lo que antes fue una densa selva. Para Botero, esto demuestra que la medida inicial del cierre definitivo no fue efectiva ni benefició a los bosques del Guaviare, un panorama que ante la suspensión de las restricciones será peor.

“Entendemos que el levantamiento preventivo se da para atender el tema de las necesidades de movilidad en tiempos del coronavirus. Pero hay que diferenciar la movilidad humanitaria y asistencial con la incapacidad manifiesta de todos los estamentos del Gobierno para detener la deforestación alrededor de la vía, algo que no pasó ni con el cierre definitivo de la carretera”.

Izquierda: los puntos rojos evidencian los 37 kilómetros nuevos de la vía Calamar-Miraflores. Derecha: deforestación en Chiribiquete, otra vpictima de las mafias. 

Para Botero, el asunto no es quitarle la comunicación a la comunidad, sino que el Gobierno tome las medidas necesarias para que dejen de deforestar y apropiarse ilegalmente de la tierra. “El cierre de la vía no condujo a la disminución de la deforestación debido a la falta de acciones por parte de los gobiernos locales, regionales y nacional. Cómo es posible que se lleguen a abrir 37 kilómetros bajo las narices del Estado, eso es una salvajada”.

Si eso ocurrió bajo las medidas sugeridas por la Fiscalía, el director de la FCDS argumenta que tumbar la restricción será la excusa perfecta para tumbar mucho más bosque. “Nadie está parando la deforestación en la Amazonia. La orden del juez no solo era para cerrar la vía, sino que obligaba a todo el Estado, como alcaldías, Gobernación, Policía y Ejército, a tomar medidas, algo que no hicieron”.

La cuarentena por el coronavirus afana a Botero, ya que las mafias en la Amazonia, tanto en Colombia, Brasil y Perú, la están aprovechando para acabar con el bosque y adueñarse de las tierras. “El 16 de marzo de este año, cuando empezó a manifestarse la epidemia del covid-19 en el país, vimos en un sobrevuelo como el resguardo Nukak en Guaviare agoniza por más de 20 incendios intencionales. Se están aprovechando que en estos tiempos de dolor nadie tiene sus ojos puestos en la selva”.

Incendios en el resguardo Nukak identificados en un sobrevuelo del 16 de marzo de este año. Foto: Rodrigo Botero.

Por último, Botero hace énfasis en que la carretera no es el único medio de comunicación que hay entre Miraflores y Calamar. “Existe una vía fluvial que los comunica, el río Unilla, así que no es cierto que la dichosa carretera sea la única posibilidad de transporte. Sin embargo, este río también ha sido víctima de la deforestación: recientemente acabaron con todos los bosques de las cabeceras del río, desde donde arranca la navegabilidad hacia Miraflores, y luego se une al río Itilla para conformar el Vaupés. La navegación es compleja en épocas de verano”.

Mandatarios fueron multados

En diciembre del año pasado, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) sancionó económicamente al entonces gobernador de Guaviare Nebio de Jesús Echeverry y a los alcaldes de Miraflores y Calamar por la deforestación sobre la controversial vía.

El resguardo Nukak en Guaviare se está quedando sin bosque. Así lucía el 16 de marzo, cuando el coronavirus empezaba a manifestarse en el país. Foto: Rodrigo Botero.

La multa a Echeverri, funcionario asociado con la deforestación en Guaviare durante sus dos períodos como gobernador, fue de 1.034.038.535 pesos. Al antiguo alcalde de Calamar, Pedro Novoa, lo sancionaron con 689.359.023 pesos, la misma cifra que le fue impuesta a Jhonivar Cumbe, antiguo alcalde de Miraflores.

La CDA argumentó que estos mandatarios fueron permisivos frente a las irregularidades ambientales encontradas en la ejecución de esta obra. También sancionó con 1.314.737.700 pesos a la ciudadana Hilda Cañón por la tala ilegal de más de 566 hectáreas de bosque en Guaviare desde 2016, terrenos que en su mayoría eran baldíos de la Nación ubicados en una zona tipo A de reserva forestal.