Solo tres días en el poder lleva el presidente de Brasil Jair Bolsonaro y sus decisiones frente al sector medioambiental ya generan fuertes críticas.

En su primer día de mandato, este exmilitar determinó, por ejemplo, traspasar al Ministerio de Agricultura las funciones de identificación, delimitación y creación de nuevas reservas indígenas. A través de un decreto, el jefe de Estado le quitó la competencia a la Fundación Nacional del Indio (Funai), entidad vinculada al Ministerio de Justicia. Asimismo, le transfirió a la cartera de Agricultura el Servicio Forestal Brasileño, entidad que se encarga de la reforestación en áreas devastadas y de las políticas para regular la explotación sustentable de regiones selváticas. Este servicio estaba vinculado al Ministerio de Medio Ambiente.

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La norma también establece que el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), pasaría a formar parte del Minagricultura. El Incra se encarga de regular las reservas de los quilombolas, denominación que se les da a los descendientes de los negros prófugos en la época de la esclavitud. Así las cosas, Bolsonaro no acabó con el Ministerio de Medio Ambiente, como lo había planteado en época electoral, pero sí restringió su poder.

De esta forma, Bolsonaro le dio el ‘guiño’ a la agro-industria, una de sus principales apuestas económicas, al satisfacer una antigua demanda de la industria pecuaria y de la soya, sectores que fueron claves en la elección del mandatario. El hecho de nombrar a Tereza Cristina Dias como ministra de esa cartera, también es otra clara muestra de sus aspiraciones, pues se trata de una reconocida líder de los grandes propietarios rurales en Brasil, quien fue la diputada al frente de la bancada que representaba los intereses de la industria agro-ganadera.

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“Somos 200 millones de habitantes y una de las cosas que está funcionando es la cuestión del agronegocio y la agricultura familiar. No podemos dificultar el progreso, aseguró Bolsonaro a través de sus redes sociales.

Adicionalmente, en campaña, el presidente de 63 años se había comprometido a abrir más tierras a la explotación comercial, a detener la demarcación de nuevos predios para los pueblos indígenas, y a autorizar explotaciones mineras, así como la construcción de hidroeléctricas en territorios aborígenes.

“Más del 15% del territorio nacional es demarcado como tierra indígena y quilombolas. Menos de un millón de personas viven en estos lugares aislados de Brasil de verdad, explotados y manipulados por ONGs. Vamos juntos a integrar estos ciudadanos y valorar a todos los brasileños”, tuiteó.

De ser así la Amazonia colombiana podría estar en riesgo, pues gran parte de las zonas que serían abiertas para la explotación agrícola, ganadera, minera y energética se ubican en este bosque del que Brasil posee el 60% de su área total. El otro 40% se distribuye entre Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador, Guyana y Surinam.

"Los ecosistemas son continuos, no están limitados en las fronteras, entonces si de un lado van a extraer o explotar recursos naturales, a nosotros igual nos va a afectar", indicó Martin von Hildebrand, etnólogo y antropólogo, quien considera que cualquier intervención que avale el gobierno de Brasil en su frontera puede traer consecuencias para Colombia.

"Así como los ríos nacen aquí y desembocan allá, allá nace el vapor y llega acá por medio de las nubes, eso quiere decir que toda el agua que baja se devuelve, entonces si comienzan a deforestar eso nos afecta a nosotros por cuenta del ciclo hídrico", apuntó.

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En Brasil existen 1.209.000 indígenas, distribuidos en cerca de 600 resguardos, que ocupan el 12,5% de el territorio nacional. Sin embargo, no todas estas zonas están delimitadas legalmente.

Pero no solo el tema de la expansión de la frontera agrícola y ganadera en la selva podría afectar a Colombia. El hecho que Brasil esté estudiando la posibilidad de retirarse del Acuerdo de París, tal y como lo anunció Bolsonaro en campaña y lo ratificó al renunciar a la candidatura para acoger la cumbre mundial sobre el cambio climático en 2025 antes de posesionarse, le generaría a Colombia fuertes impactos ambientales.


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egún el Fondo Mundial para la Naturaleza el 17 por ciento del bosque amazónico ya desapareció. Foto: archivo/Semana.com

Se teme que con esta decisión se incremente la deforestación en la Amazonia y al año 2050 mucha de la capacidad forestal de esa zona desaparezca definitivamente. Además, que aumente el tráfico de flora y fauna, y se pongan en riesgo las especies que se han podido conservar y recuperar en el bioma.

Según Greenpeace, la deforestación en los años 70 alcanzaba un 1% de la Amazonia y actualmente está cerca al 20 por ciento.

"Dentro de todos los servicios ecosistémicos globales que tiene la Amazonia, uno del que poco se habla es el de guardar el stock de carbono para evitar su emisión a la atmósfera. Si perdemos esa capacidad habrá consecuencias importantes para el tema de regulación de clima, agua y el aporte de líquido al planeta", explicó Luz Marina Mantilla, directora general del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi).

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Entre otras propuestas de Bolsonaro que podrían atentar contra el medio ambiente brasileño están la reducción del tiempo para la concesión de licencias ambientales y la eliminación de las multas a las grandes multinacionales que comprometan seriamente a los ecosistemas.

Así las cosas, Brasil comienza a alejarse del desarrollo sostenible, tal y como se temía tras la elección de Bolsonaro, y da un paso hacia el agronegocio y la industria extractivista, en detrimento del planeta.