NACIÓN

Codicia o paz: el video de Global Witness sobre el carbón en La Guajira

La ONG que hace seguimiento a los crímenes contra ambientalistas dedica un capítulo a las comunidades indígenas que viven alrededor de la mina a cielo abierto más grande del país. Cerrejón rechaza los señalamientos.

16 de julio de 2017

37 personas fueron asesinadas el año pasado en Colombia por defender sus tierras, sus bosques o sus ríos. Esta alarmante cifra, publicada ayer por la ONG Global Witness, nos ubica como el segundo país más peligroso para los ambientalistas después de Brasil. Y también resume lo riesgoso que resulta oponerse al modelo de desarrollo extractivo que se ha implementado durante más de dos décadas.

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A pesar de que esta tragedia ha ocurrido a lo largo y ancho del país, Global Witness dedicó el capítulo de Colombia a hablar de la situación de la gente que vive alrededor del Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de Colombia de donde proviene el 37 por ciento del carbón que se exporta al mundo. En un video de cuatro minutos entrevistan a varios líderes cuyas comunidades han sido afectadas por la expansión de esta actividad.

“Las comunidades indígenas acerca de la mina de carbón más grande de Colombia, El Cerrejón, han sido expulsadas de sus tierras y han devastado su modo de vida tradicional. Han sido golpeados por las fuerzas de seguridad y se trasladaron a tierras que no pueden cultivar”, afirma la entradilla del video. Y aunque al final del mismo aclaran que la empresa rechaza estas afirmaciones y está comprometida con las buenas prácticas, lo cierto es que este proyecto extractivo es uno de los que más causa conflictos socioambientales en el país.

¿Qué responde Cerrejón?

Por su parte, la empresa minera, aprovechando la coyuntura del informe, rechazó categóricamente toda amenaza contra la vida y dignidad de los líderes sociales y de derechos humanos. En un comunicado El Cerrejón “rechaza cualquier sugerencia, insinuación o acusación en relación a vínculos con amenazas a líderes sociales o violaciones a derechos humanos, incluyendo las que insinúa Global Witness con base en las declaraciones de la Señora Jakeline Romero en dicho informe”.

Mientras que en respuesta a las acusaciones sobre un supuesto desconocimiento del derecho a la consulta previa dicen que “la empresa ha adelantado procesos transparentes y participativos de consulta previa, teniendo en cuenta las diferentes opiniones, tiempos y decisiones de las comunidades”.