El fallo le exige al Estado diseñar y conformar, dentro de los próximos tres meses, una comisión de Guardianes del Río Magdalena, integrada por representantes del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, Cormagdalena, Gobernación del Huila y la Corporación del Alto Magdalena, para que trabajen por la protección del Río Magdalena. 

Para que esto se ejecute, el Juzgado exige la creación de una mesa intersectorial que haga veeduría a todas las acciones que puedan garantizarle el derecho al río de tener un medio ambiente sano.

El fallo fue proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva y en él,  el juez Víctor Alcides Garzón reconoció a este cuerpo hídrico, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, Enel- Emgesa y la comunidad. 

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En el fallo, el jurista decidió tutelar en favor de las generaciones futuras los derechos fundamentales al agua, salud, vida digna y a vivir en un medio ambiente sano. Reconoció, además, que éstas son sujetos de derecho de especial protección. 

El Río Magdalena ha debido enfrentar doferentes afectaciones medioambientales. Foto: Nicolás Acevedo Ortíz

La decisión del Juez se sustentó al fallar una acción de tutela instaurada el pasado 10 de octubre por Andrés Felipe Rojas Rodríguez y Daniel Leandro Sanz Perdomo, en la que sustentan que el Magdalena y sus afluentes han venido presentando graves afectaciones ambientales ocasionadas por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

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Los accionantes fundamentan que esta situación "ha generado contaminación como consecuencia del llenado del embalse y la biomasa inmersa, hecho que dio lugar a la afectación aguas abajo del embalse y el vertimiento de aguas servidas originadas en los municipios ribereños".

En relación con este último aspecto se remiten a informes de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena dentro de sus informes que plantean que 20 de los 37 municipios cuentan con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Sin embargo, otras poblaciones como Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, que son los mayores aportantes de cargas contaminantes en el departamento del Huila, no tienen este tipo de sistemas.

El río Magdalena alberga diversidad de especiaes a los largo y ancho de su recorrido. Foto: Nicolás Acevedo Ortíz.  

En la tutela se expone que tanto las afectaciones ocasionadas por el proyecto El Quimbo, como la contaminación por vertimientos directos de aguas servidas y la cuestionada eficiencia de las Ptar, han puesto en evidencia la grave afectación al ecosistema a causa de las enormes implicaciones ambientales y sociales originadas en los municipios de la ribera a los afluentes del Río Magdalena. 

Indican que en los últimos dos años, el río ha presentado problemas que han sido sustentados no solo por la opinión pública, sino por diferentes medios de comunicación que le han hecho seguimiento al tema. 

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La demanda fue instaurada contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Gobernación del Huila, Aguas del Huila, Corporación Autónoma Regional del alto Magdalena, Empresas Públicas de Neiva, Municipios de Neiva, San Agustín, Pitalito Saladoblanco, Oporapa, Altamira, Guadalupe, Hobo, Yaguará, Aipe, Villavieja, Gigante, Garzón, Paicól, Tesalia y Palermo, por la vulneración a los derechos fundamentales a la salud, agua, medio ambiente sano y a la vida digna de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del Río Magdalena.

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El Magdalena entra a engrosar la lista de ecosistemas que han sido declarados sujetos de derecho, como es el caso de la Amazonia, el páramo de Pisba, el departamento de Nariño, además de los ríos Otún, Cauca, Combeima, Cocora y Coello. En todos se busca preservarlos con el fin de garantizar su derecho a un ambiente sano, en pro de las futuras generaciones.

Diferentes especies conviven en este afluente hídrico. Foto: Nicolás Acevedo Ortíz.