Al sobrevolar el Parque Nacional Sierra de La Macarena, es fácil reconocer los parches de árboles talados y quemados que interrumpen la inmensidad de este bosque. En algunos puntos las matas de coca, aún pequeñas, están reemplazando grandes extensiones de árboles. En otros, solo se ve la tierra teñida de un color oscuro, rastro de incendios provocados a principios de año, en la época de verano. Sin importar hacia donde se mire, es imposible no darle la razón a los expertos: “El Estado no pudo recuperar el control territorial, ni siquiera el de sus áreas protegidas”.

Desde arriba, también es muy fácil responsabilizar a los pocos campesinos que viven en los parques y en las zonas de amortiguación, pues los cultivos de coca y el ganado parecen estar muy cerca a sus viviendas. Sin embargo, a medida que nos adentramos en la selva, por donde no se ven ni carreteras ni trochas, parece que ellos no son los únicos en vivir de la deforestación. En medio de la nada aparecen otros parches, algunos de más de 600 hectáreas, en los que solo se ven restos de árboles. Un costo que el bolsillo del campesino es incapaz de asumir.

Es cierto que, una vez que las Farc salieron de estas zonas, o al menos una gran parte de ellos, fue casi ‘pan comido’ para los delincuentes apropiarse de estas áreas. Según Óscar Hernández, representante legal de la Corporación Ambiental Ecoamen, quienes suenan como los posibles responsables son lo nuevos colonizadores, que llegan a comprar o a apropiarse de tierras con el permiso de las disidencias de las Farc. Y es que, de acuerdo con Hernández, “hay una especulación enorme alrededor de la tenencia de tierras dentro de Parques Nacionales Naturales (PNN)”.

Su plan es, desde la ilegalidad, generar sus propios proyectos productivos. Según Hernández, estos nuevos colonos, que son grandes hacendados, le pagan a un campesino por tumbar y quemar cuatro hectáreas diarias por 30.000 pesos. En muchos casos venden estos terrenos, en otros, los usan para tener ganado, que más tarde venden. Es un negocio redondo con las tierras públicas, ya que no pagan impuestos y tampoco tienen restricciones de uso.

Erradicar el miedo

Después de 15 minutos de sobrevuelo, aterrizamos en la vereda Laguna Gringa, en el municipio de Puerto Rico, Meta, uno de esos puntos que fueron deforestados a gran escala para la producción de cultivos ilícitos. En medio de árboles convertidos en carbón y de cientos de plantas de coca aún agarradas a la tierra, aparecen más de 20 hombres de entre 20 y 50 años que nos saludan. Son conocidos como “erradicadores”, campesinos que reciben 60.000 pesos diarios por arrancar, con sus manos, la planta de la coca, aquella que el año pasado el presidente Juan Manuel Santos prometió erradicar por completo de todos los PNN.

Son ellos quienes mejor conocen la dinámica. Elmer Espitia, de Florencia, Caquetá, quien se dedica a la erradicación desde 2009, es uno de ellos. Por su experiencia, aseguró que las matas que estaban arrancando en ese momento tenían por lo menos cinco años. Es decir, que estaban acabando un cultivo que ya había dado suficientes ganancias. Además, otros contaron que el terreno que estaban limpiando muy probablemente se volvería a usar para sembrar más coca. Es lógico, después de que la Policía Antinarcóticos se marche, las tierras quedarán “sin Dios, ni ley”.

También señalaron que, durante los 150 días que están trabajando, viven “enterrados” en la selva por temor a las disidencias de las Farc que operan en la zona. Un día antes de nuestra llegada, el coronel José James Roa, de la dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, expresó que en la vereda La Tigra, muy cerca de donde estábamos, se dio un hostigamiento por parte del frente de alias Gentil Duarte. Aunque no murió ninguno de sus hombres, es el cuarto hostigamiento en lo que va del año.

Pero esta presión no solo la encara la policía y los erradicadores. Ya de regreso a Bogotá, Semana Sostenible habló con PNN para coordinar una visita a la Serranía de la Macarena con la intención de hablar con algunas de las más de 870 familias que viven en el parque Tinigua, pero no fue posible. La institución dice que desde diciembre del año pasado sus guardabosques y su equipo técnico no pueden ingresar debido a las amenazas que han recibido por medio de panfletos y, más grave aún, con la quema de varias de sus cabañas. Una de ellas, recientemente construída para mejorar el servicio de ecoturismo en Caño Cristales, el destino más emblemático del posconflicto.

Parques, el reflejo de la incompetencia

Además de que PNN no cuenta con los recursos suficientes para su operación, ni con personal, desde diciembre del año pasado tampoco pueden ingresar a su lugar de trabajo. De acuerdo con Carolina Jarro, subdirectora técnica en la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, “tenemos 40 personas distribuidas en el parque La Macarena, Tinigua y Los Picachos, quienes ahora no pueden monitorear las áreas más apartadas. Aún desconocemos quiénes están detrás de esto”.

Frente a las críticas que cualquier lector haría en este caso, Rodrigo Botero, director de la territorial Amazonía de PNN por diez años y ahora director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, explica que es normal que el país se sorprenda al saber que la entidad no tiene y nunca ha tenido el control de sus áreas protegidas. “Pero es injusto exigirle a PNN, con su poca capacidad, que responda por lo que el Estado no pudo recuperar, ya que no hay presencia permanente de ningún miembro institucional en esas áreas”. Botero hace referencia, especialmente al Ejército que, a pesar de estar en algunas zonas, las comunidades aseguran que no hace mucho para impedir la tala y quema indiscriminada de los bosques.

Esa falta de coordinación también salpica al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía y a las autoridades ambientales, quienes no han encontrado y judicializado a los responsables no solo de la paulatina destrucción de la Sierra de la Macarena, de la reserva natural Nukak, del Paramillo, de los Picachos, de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino también de la quema de 5.000 hectáreas del parque Tinigua en tan solo dos meses de este año. Un hecho que viene sucediendo, según Germán Andrade, biólogo y profesor de la Universidad de los Andes, desde por lo menos hace 20 años, pero a menor ritmo.

Si las cifras continúan incrementando –según Óscar Hernández, en noviembre inicia la época de tala y en enero, la de quema– no es descabellado pensar que estos parques van a desaparecer como institución de conservación, ya que, según los expertos, no funcionan si no tienen conectividad. Para Andrade, el complejo de estas áreas protegidas (que abarcan parte de Sumapaz, La Macarena, La Lindosa, Tinigua y Picachos), es posiblemente la zona con mayor biodiversidad del mundo, en término de riquezas de especies. “Esto se sabe desde hace mucho: tiene la Orinoquía, la Amazonía, dos páramos, selvas andinas en los Picachos, las selvas y las formaciones únicas de la Serranía de la Macarena, las sabanas amazónicas representadas en el Llano del Yarí, pero podríamos perder esa conectividad en un abrir y cerrar de ojos”, explicó.

La incoherencia del Estado

Tanto Rodrigo Botero como Germán Andrade afirman que el Estado ha lanzado señales equivocadas, ya que muchas de la políticas están priorizando otros modelos de desarrollo que se van a ver reflejados dentro de los parques. Es decir, según Botero, “se están desarrollando proyectos que estimulan la apertura de nuevas carreteras; están pensando en desarrollar infraestructura para sacar un modelo de matriz energética, basada en hidrocarburos y biocombustibles en esos territorios; no hay modelos económicos sostenibles que reemplacen el cultivo de coca y ni un estímulo a la formalización de la propiedad en las áreas de amortiguación”.

Pero, además de llevar a cuestas una responsabilidad abismal, el gobierno, bien intencionado, declaró el año pasado nueve áreas más para que PNN las “proteja”. Es decir, 2.500.000 hectáreas de áreas más que tendrán que ser conservadas con los mismos recursos y bajo la misma filosofía con la que están operando todas las instituciones actualmente. Para Andrade, es importante que el gobierno, cualquiera que llegue, “reconozca y entienda que estamos en posconflicto, por lo tanto no pueden tratar de resolver problemas futuros como se hacía antes”.

Para entender su hipótesis, Andrade recuerda lo que sucedió en Parques Nacionales de Sudáfrica en la transición hacia la nueva república sudafricana, después del apartheid. Como el sistema de parques nacionales fue una imposición a los nativos por parte de los afrikáners, el pueblo quería acabar con los parques. Pero Nelson Mandela entendió temprano que si no transformaba la gobernanza de las áreas protegidas, se podían perder para siempre. “Por eso creó espacios de generación de beneficios para las comunidades locales con reservas privadas y comunales, y servicios ecoturísticos. Así la gente logró preservar los parques”, concluye.