“Si usted hace el recorrido desde Salahonda hacia Tumaco va a encontrar la inmensidad de troncos de madera que salen a través del río Patía sin ningún tipo de control”, relata Armando Ortiz, representante legal del Consejo Comunitario de Acapa. Para el primer trimestre de 2017, apenas unos meses después de haberse firmado la paz, Tumaco ya aparecía entre los 25 municipios con mayores alertas tempranas de deforestación, según cifras del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam). Las cifras son más alarmantes si se tiene en cuenta que Tumaco, un territorio de tan solo 3.760 km2,  representa el 1,5% de las alertas nacionales.

A estas desoladoras cifras las acompaña otro aviso, el que hace más de dos años hizo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc): Tumaco es la región del país donde se concentra la mayor parte de la siembra de coca. En un informe publicado en julio del año pasado, la misma organización escribió: “Su situación es tan crítica que es el único municipio catalogado en la categoría de mayor nivel de amenaza y donde se presume que habrá mayor cantidad de coca en el año siguiente”.

Lo que es más preocupante son las cifras de aumento del cultivo. Entre 2014 y 2015 la siembra aumentó en 89,2%. Según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de 2016: “Tumaco continúa siendo el municipio con mayor afectación en el país, con 23.148 hectáreas, que representan el 16% del total del país”. Por supuesto que cuando de siembras ilícitas de trata –“del  producto ese que afecta”, como lo llama la comunidad– el problema no viene solo.

Durante el encuentro con alcaldes del país, llevado a cabo en abril de 2018, el fiscal Néstor Humberto Martínez advirtió sobre el crecimiento de homicidios, especialmente en las zonas de más presencia de narcotráfico. Si se compara el primer trimestre de 2017 con el primer trimestre del año corriente, los homicidios en Tumaco incrementaron 73%.

“No le podemos contar mucho… ya son muchos los desaparecidos. Solo que se trata de negocios ilícitos que giran uno alrededor del otro: el tráfico ilegal de madera y la siembra de cultivos ilícitos, con uno financian el otro”, afirma Ortiz.

Y es que como también relata Lidoro Hurtado, representante legal del consejo comunitario de Bajo Mira y Frontera, los ‘chorizos’ de madera que viajan por el Patía son el principal recurso para sembrar coca, un círculo vicioso que parece no tener fín en el sur de Colombia. “Todo se mueve desde la ilegalidad, porque tumbar esa cantidad de bosque ya es ilegal y, por supuesto, luego sembrar coca también”, afirmó.

Lo más cuestionable de esta situación es que, según cuentan los tumaqueños, los camiones cargados de madera tienen un paso obligado: la oficina de la Corporación Autónoma de Nariño –Corponariño–. “Por frente a Corponariño pasan los cargamentos, visibles, pero ellos se hacen los de la vista gorda, entonces, uno qué puede esperar”, manifiesta otro líder comunitario.

Redd+, una alternativa de paz 

Ante este panorama de ilegalidad y complicidad, algunas comunidades negras organizadas en sus consejos comunitarios le siguen apostando a mantener el bosque en pie. “El gobierno nacional ha sido muy parco, muy lento después de la firma de la paz; se ha aumentado la presión sobre los bosques, porque aunque vivimos en una zona que produce mucho plátano y cacao, la gente se ha desmotivado. Mientras que puedes sacar un kilo de coca caminando tranquilamente y tener diez millones de pesos facilito, para tener diez millones de pesos en cacao tendrías que llevar una embarcación grande y los costos serían elevados. Pero, el tema aquí también es de cultura, porque la coca no nos identifica como negros. Esa no es nuestra cultura. En cambio el bosque para nosotros es todo, el bosque es la vida”, asegura Hurtado.

Por esto, desde hace unos años, algunas comunidades se han unido para sacar adelante proyectos productivos con los que no solo puedan mejorar sus condiciones de vida, sino mantener su cultura. Paradójicamente, el bosque, que sirve como refugio de la guerra y financiador del narcotráfico, podría también ser el reconstructor de tejidos sociales y económicos, que les permitan a los tumaqueños vivir en paz.

La deforestación y la degradación de los bosques son la segunda causa principal del cambio climático, responsables aproximadamente del 15% de la emisión de gases de efecto invernadero, según cifras de Forest Carbon Partnership Facility, asociación que busca disminuir la emisión de estos gases cuidando el bosque. Este alarmante dato fue lo que llevó a que en 2008 la ONU creara el Programa para Reducir las Emisiones por la Deforestación y la Degradación del Bosque, (REDD, por sus siglas en inglés). Una de las estrategias pensadas principalmente para reducir el calentamiento global fue incentivar la creación y compra de los bonos de carbono, medida que pretende calcular las toneladas de CO2 capturado por los bosques. REDD+ es una vertiente de este programa que se centra en propulsar los bonos de carbón en los países en vías de desarrollo.

Así, el programa busca incentivar que comunidades en países subdesarrollados cuiden su bosque y obtengan una remuneración económica por hacerlo. Por cada tonelada de gases invernaderos que los bosques de las comunidades ayuden a capturar, obtienen un certificado de carbono, que después puede ser transado en el mercado, donde diferentes entes las compran para mitigar o compensar la huella de carbono de sus operaciones.

Augusto Castro Núñez, investigador de estrategias para reducir emisiones de carbono, asegura en uno de sus estudios que una de las coincidencias más directas que tiene que ver con la paz y los bosques es que no solo cumplen un papel primordial en la captura de carbono, también son anfitriones del conflicto armado.

Esto ya había sido notado por la comunidad. Sin embargo, lo que es más revelador de esta tesis es una de sus ideas centrales. Explorando la relación entre los conflictos armados en Colombia, encontró que la preservación de los bosques está asociada con conflictos armados reducidos. El estudio afirma que por medio de la conservación de sus bosques y la emisión de bonos de carbono, Colombia cumpliría con su misión de seguridad, ofreciendo menos oportunidades para que los grupos guerrilleros operen.

Mauricio Salazar, coordinador ambiental de Fondo Acción, ha acompañado el proceso de las comunidades de Tumaco para cumplir con los requisitos de venta de bonos de carbono, además de apoyar en el fortalecimiento de sus sistemas de gobernanza comunitaria y de alternativas productivas que no dependan de la madera.

De la mano de este programa, la comunidad ha comenzado a buscar alternativas productivas que generen riqueza localmente, contrario a lo que suele suceder con la extracción de madera ilegal. Así, han fortalecido cadenas productivas alrededor del coco y el cacao. Su chocolate, producido y transformado localmente, fue incluso reconocido internacionalmente en Francia.

“Es preocupante la deforestación en nuestra zona. Si no se confronta, no solo nuestros bosques serán disminuidos, también nuestras fuentes hídricas se van a ver menguadas y los manglares y la producción de alimentos marinos va a ser menor. Y de esto depende la vida de nosotros. En nuestra comunidad cada día crece más la conciencia, ahora incluso las mujeres se escandalizan cuando ven un pescado demasiado joven”, aseguran los líderes comunitarios, que con su trabajo ambiental han logrado extender la conciencia del medio ambiente.

Salazar asegura que parte primordial del éxito de este nuevo viraje económico y social de la región se encuentra en poder fortalecer la gobernanza comunitaria, ya que solo esto les daría control sobre sus bosques y territorios, de títulos comunitarios. Este es, según los líderes, uno de los puntos neurálgicos, puesto que gran parte de la deforestación ocurre en sus territorios. “Queremos sentarnos con diferentes actores institucionales para tratar y denunciar la situación. No es posible que con un título de propiedad privada expidan salvoconductos de extracción de madera, cuando estos títulos no tienen ninguna validez en territorio colectivo”.

El futuro del bosque y la comunidad

“Nosotros deseamos que lo que nos diferencie sea la construcción de paz a través de REDD+. Ya somos muchos más que antes, nuestras necesidades han cambiado y tener un sistema de salud y educación de calidad es obligatorio. Este proyecto nos permitiría permanecer en nuestros territorios con los recursos suficientes para hacer las inversiones sociales que necesitamos, donde invertiremos los recursos que la venta de bonos de carbono traiga para la comunidad. Porque lo que está sucediendo ahora no nos representa. El marido va pa’l monte y ahora la mujer también tiene que ir a trabajar. Y mientras tanto se quedan los niños en abandono, en casas que permanecen solas. Esto para nuestra cultura es una ofensa y una amenaza, porque abre la puerta a otros problemas sociales”, cuenta Lidoro.

En el camino hacia la protección de los bosques, la comunidad solamente debe certificarse como emisor de bonos de carbono para poder ponerlos en el mercado. Sin embargo, mientras más corre el tiempo, más se ven en apuros para solidificar este proyecto. Según sus propias observaciones, en los últimos tres años se ha perdido la tercera parte de la capacidad de los bosques, alrededor de 404.000 toneladas de captura de carbono. El proyecto es, sin duda, la posibilidad de convertir el bosque en un aliado de la paz.