Las decisiones en torno a la descontaminación del río Bogotá, siguen en el orden del día. La Procuraduría informó que convocará para la próxima semana dos mesas de trabajo con el fin de evaluar el avance en torno a este tema.

Según el órgano de control, las obras de recuperación de este cuerpo de agua no pueden paralizarse de manera unilateral y su avance no puede frenarse por la destitución e inhabilidad de 10 años impuesta al director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Néstor Franco, en primera instancia.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que “las decisiones tomadas hasta el momento para viabilizar el proyecto PTAR Canoas, están en firme y no las puede revocar ningún funcionario de manera unilateral. El deber de cumplimiento de la acción popular para la descontaminación del río Bogotá, es un imperativo”.

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De acuerdo con la Delegatura para la Conciliación Administrativa, los compromisos fueron adquiridos por la CAR y otras entidades a título institucional, y no personal; atendiendo una orden del Consejo de Estado, que en marzo de 2014, al fallar una acción popular, estableció la implementación de medidas para la descontaminación del río Bogotá y la protección del cauce a futuro.

Según el informe, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), entidad que realizó los estudios técnicos preliminares y primarios para la construcción de la PTAR Canoas, el trámite para la contratación de la planta, previsto para 2020, está en curso, de acuerdo con la planeación diseñada.

La primera de las dos mesas de trabajo que convocará la Delegada para la Conciliación Administrativa la próxima semana, será con las cabezas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la EAAB al frente del proyecto de descontaminación del río Bogotá, y la segunda con el Consejo Directivo de la CAR. Desde 2017 a mayo de 2019 se han realizado 18 mesas técnicas de seguimiento a la PTAR y su estación elevadora.

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“El Ministerio Público continuará su vigilancia para que los ciudadanos que hacen los aportes a la CAR, para la financiación de estos proyectos, no vean frustrados sus derechos constitucionales a la salubridad, saneamiento y acceso al agua potable”, puntualizó Carrillo Flórez.