AngloGold Ashanti, Cerromatoso y Drummond: En la mira

AngloGold Ashanti

En 2007, la compañía sudafricana descubrió el depósito de oro de La Colosa, en Cajamarca, Tolima. Con las primeras exploraciones, aseguró que el yacimiento contendría 12,3 millones de onzas. Pero en septiembre de 2011 y tras reanudar los trabajos –luego de una suspensión de dos años por una restricción gubernamental sobre el uso de la reserva forestal de Cajamarca– AngloGold dio una nueva cifra: 16 millones de onzas; incluso podrían ser 24 millones.

La explotación será la más importante del país y la mina de oro más grande a cielo abierto de Suramérica. Según AngloGold, en la etapa de exploración invirtió 200 millones de dólares, a los que adicionará otros 300; además, construirá una planta de 4.000 millones. Por impuestos y regalías, durante 20 años el país recibirá 500 millones de dólares y generará 5.700 empleos directos y 500 indirectos.

Pero los pobladores de la zona y los ambientalistas tienen su propio análisis. El proyecto está en una zona protegida; cada año, La Colosa consumirá 9 millones de metros cúbicos de agua, amenazará al río Cuello –la principal fuente de agua de la mina– y utilizará 4 millones de kilos de cianuro anuales, que contaminarán el agua y el suelo.

La región cambiará su vocación productiva (agrícola), se destruirán miles de empleos y solo se crearán 500. Por regalías, la nación recibirá en 20 años solo el 4 por ciento de las ganancias que obtendrá AngloGold, estimadas en 25.000 millones de dólares.

Las voces oficiales también sonaron. En marzo de este año, Cortolima le ordenó a la compañía suspender las operaciones en el municipio de Piedras, por intervenir en un área prohibida, de alta fragilidad.

En abril, la Contraloría General advirtió sobre irregularidades fiscales de la empresa y, en septiembre, alertó sobre una amenaza sísmica en la zona en que la minera construirá su planta.

Y mientras la empresa pide que la medida de Cortolima se revoque, los pobladores del municipio votaron en una consulta popular por el ‘no’ a las explotaciones mineras auríferas a gran escala en su territorio.

Cerro Matoso S.A.

Está ubicada en Montelíbano, Córdoba. En las últimas tres décadas se convirtió en la mina a cielo abierto más grande de América y la cuarta en el mundo, al producir 910.000 toneladas de níquel y registrar ingresos brutos por 20,9 billones de pesos.

La empresa que la opera se llama igual que la mina y pertenece, desde 2005, a la minera más grande del mundo: la angloaustraliana BHP Billiton.

A los vecinos de la explotación minera, en su mayoría indígenas zenú, les da igual quiénes sean los dueños. Durante años, sin importar qué compañía opera Cerro Matoso, o cuántos millones ha recibido el Estado por regalías, ellos han visto cómo el paisaje –que antes era verde– se cubre de polvo rojo, que no es más que la tierra contaminada que se saca de la mina para extraer el níquel; las partículas del mineral se quedan en el aire que respiran.

Tampoco pudieron volver a tomar agua de las quebradas que otrora eran su única fuente del líquido. Allí la empresa, según los indígenas, ha vertido las aguas con las que lava el mineral y los residuos de la limpieza. Los pozos subterráneos que se vieron obligados a cavar también dejaron de ser una opción: la basura tóxica se filtra por el subsuelo.

A las quejas de la comunidad también se suman las de los exempleados de la mina. Unos y otros aseguran que están enfermos por el níquel. Cáncer, dermatitis, malformaciones y enfermedades pulmonares son diagnósticos frecuentes en la región.

La compañía asegura que esas enfermedades no tienen nada que ver con su operación, pero los afectados instauraron una demanda contra Cerro Matoso para lograr que los indemnice por los daños causados al ambiente y a la salud, y para que sea obligada a mejorar sus prácticas.

Por su parte, la Procuraduría investiga supuestas irregularidades en la prórroga, por 15 años, en la concesión que el Gobierno le otorgó a BHP Billiton para el proyecto, pues considera que se debió esperar hasta 2029, cuando se terminaba el contrato original.

Drummond

Desde los años noventa, la compañía estadounidense explota las minas de La Loma y El Descanso, en Cesar. Desde allí saca carbón, a través del tren de Fenoco, y lo lleva al puerto marítimo de la compañía, ubicado cerca a la ciudad de Santa Marta, de donde se exportan casi 25 millones de toneladas del mineral.

Pero los vagones cargados de carbón no son lo único que acumula la compañía. Las quejas de las comunidades vecinas y de los ambientalistas también abundan.

Los primeros reclamos vinieron de los vecinos de las vías del tren. El paso de los vagones cargados del mineral ha dejado por años millones de partículas y polvillo de carbón en el ambiente, que causan afecciones respiratorias y contaminan el aire y el océano, pues los fuertes vientos de la región se han encargado de esparcirlos por toda la zona (Vea: histórica multa a Drummond).

Solo en julio 2013, la Corte Constitucional le dio la razón a uno de los pobladores que demandó a Drummond y le otorgó tres meses a la compañía para adquirir la tecnología de punta que le permita reducir la contaminación ambiental. Se obligó a la empresa a instalar lavadoras, cubiertas y recuperadores de carbón y de partículas del material, así como a mitigar el ruido y la dispersión.

La decisión se dio seis meses después de otro incidente. En enero, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le suspendió temporalmente la licencia de cargue y descargue de carbón en el puerto tras confirmarse que había vertido varias toneladas del mineral al mar, cuando una de sus barcazas cargadas por poco se hunde.

Los líos no pararon. En octubre de 2012, la Contraloría denunció que Drummond ha dejado de pagar 50 millones de dólares por regalías en la última década, al parecer, por una mala liquidación de las mismas y obligó a que se hagan los pagos faltantes.

Las relaciones laborales tampoco son el fuerte de la empresa. Durante su operación registra varias huelgas de los empleados –la más reciente en septiembre pasado– quienes exigen mejores condiciones de contratación.