Un desastre forestal llamado Quimbo

El proyecto hidroeléctrico El Quimbo desarrollado por Emgesa, que entró en funcionamiento a finales de 2015 prometía generar el 5 por ciento de la energía eléctrica del país. Sin embargo, el desarrollo del proyecto carga con el presunto aprovechamiento forestal ilegal de más de 3.000 hectáreas de bosque seco.

Esta historia de incumplimientos y permisividad inició en 2009 cuando el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgó licencia ambiental a Emgesa para desarrollar el proyecto sobre la cuenca alta del río Magdalena al sur del departamento del Huila en 8.500 hectáreas ubicadas en la Reserva Forestal de la Amazonia. La zona en la que se llevaría a cabo el proyecto tendría un impacto directo sobre ecosistemas de bosque seco, muy seco y premontano con más de 324 especies de flora registradas según el Estudio de Impacto Ambiental desarrollado por Ingetec.

Pero el aprovechamiento forestal de las 3.230 hectáreas de bosque aprobadas en la licencia ambiental, tenía una delicada particularidad que no fue incluida: el área a intervenir, tenía una veda de aprovechamiento, transporte y comercialización de especies epífitas (plantas como musgos, líquenes, quiches, lamas y orquídeas que crecen sobre otras plantas usándolas como soportes para su desarrollo) declarada por el Inderena desde 1977, resolución aún vigente.

Para aprovechar un bosque con especies protegidas había que pedirle al Ministerio de Ambiente que levantara la veda. El primer paso para hacer el aprovechamiento era sustraer del área de reserva forestal 95 por ciento de los terrenos donde estaría ubicado el proyecto. Para lo anterior, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, por medio del ministro de Minas Mauricio Cárdenas, declaró los predios como “utilidad pública” para favorecer la construcción y operación de El Quimbo.

Después de cinco años de aprobado el proyecto y más de ocho modificaciones de licencia, Emgesa adelantó el aprovechamiento forestal de las 3.230 hectáreas de bosque seco sin tener en cuenta que la veda de epífitas que estaba vigente.

La Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) solicitó a la Anla la suspensión temporal del aprovechamiento forestal en junio de 2014, hasta tanto no se tramitara el permiso de levantamiento de veda ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en cabeza de María Claudia García Dávila. Pero la Anla respondió que “la realización del levantamiento de la veda no era una obligación de la licencia ambiental”, dejando al descubierto que la licencia nunca contempló una veda de epífitas. Sin más, Emgesa inició el aprovechamiento del bosque en agosto de 2014.

Meses más tarde, la CAM emitió nueva orden a Emgesa, a través de la resolución 2134 del 20 de octubre de 2014, para suspender el aprovechamiento forestal hasta tanto se diera cumplimiento al trámite de levantamiento de la veda. La Anla permitió que la empresa desacatara la medida y erradicara el bosque a pesar de contener especies en veda.

En medio de entidades públicas que nunca se pusieron de acuerdo y en un país en donde se cree que pedir perdón es mejor que pedir permiso, Emgesa solicitó en mayo del 2015 el levantamiento de veda ante el Ministerio de Ambiente cuando ya no había nada que hacer, pues el 92 por ciento del bosque seco ya se había aprovechado.

La Dirección de Bosques consignó en la resolución de levantamiento de la veda que los terrenos en donde se encontraban las epífitas solo correspondían al 0,06 por ciento, equivalente a 193 hectáreas de las 3.230 sobre las que se debía aplicar la medida.

La Resolución 1526 del 23 de junio de 2015 especificó que la empresa aprovechó el 99 por ciento del bosque del área mientas aún estaba en veda. Tres días más tarde, la Anla levantó la medida preventiva que le había impuesto la CAM a Emgesa y con ello permitió que se usara el material para llenar la represa.

El director de Emgesa, Lucio Rubio, afirmó que 15 días antes del llenado de la represa la compañía retiró 250.000 metros cúbicos de biomasa gracias a un trabajo desarrollado durante los 18 meses anteriores. Según Rubio, “con respecto a las epífitas, la obligación es solicitar el permiso del levantamiento de veda y una vez levantada hacer el monitoreo y el manejo de estas, cosa que también hemos cumplido”.

Durante 18 meses se acumuló la biomasa, pero el permiso de levantamiento de veda se otorgó solo siete días después de la entrevista y cinco antes del llenado. Es decir, 18 meses haciendo aprovechamiento forestal sin cumplir con la ley.

Según Hilda Dueñas, el inventario para el levantamiento de la veda no incluyó, por considerarse de difícil acceso, el área que alberga el mayor número de especies amenazadas.

“El levantamiento de veda no es claro o por lo menos es dudoso: no se especifican las especies por sus nombres científicos, no hay una identificación a nivel de especies e incluso, en el caso de las orquídeas, es necesario identificar subespecies y variedades pero el inventario no lo contempla así”.

Un mes después de iniciar el llenado de El Quimbo, Anla abrió una investigación preliminar contra Emgesa por no aprovechar la totalidad del material vegetal del vaso de la represa tal y como lo impuso la licencia ambiental. No se habla, sin embargo, del presunto aprovechamiento ilegal del bosque seco ni del peligro sobre las especies epífitas de inmensa importancia para la salud del bosque.

¿Y las epífitas qué?

Las categorías de epífitas incluyen musgos, líquenes, bromelias y orquídeas. Son plantas que no son parásitas pero crecen sobre otras para aprovechar su luz, agua y soporte. Según Andrea Barrera, experta de la Universidad de los Andes, su función en el ecosistema es fundamental: “proveen refugio y alimento a insectos, arácnidos, aves y anfibios pequeños que habitan en el dosel, especialmente en la época seca, ya que actúan como reservorios de agua. Sirven como nichos reproductivos para muchas de esas especies y contribuyen en el ciclaje de nutrientes en ese estrato del bosque”.
Estas plantas son muy apetecidas para su uso ornamental, por lo que desde 1977 el Inderena estableció una veda nacional sobre ellas. Las autoridades ambientales exigen medidas de protección y conservación a los proyectos que contemplen talar los árboles que habitan.