A menos de tres meses de que venza el plazo para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expida la resolución mediante la cual dará a conocer la nueva delimitación del Páramo de Santurbán, tal como lo ordenó la Corte Constitucional, no parece tan fácil lograr un acto administrativo bien construido y que brinde seguridad jurídica.

Por lo menos así lo consideran expertos y personas involucradas en el proceso, quienes si bien reconocen el trabajo realizado por el gobierno en materia de acercamiento y consultas con las comunidades, creen que aún falta mucho por hacer, pues tratar de plasmar en un documento tantas y tan variadas propuestas requerirá de un trabajo arduo.

Carlos Sarmiento, experto en el tema, considera que difícilmente el ejecutivo podrá cumplir con este límite, pues se trata de un proceso que además de estar polarizado, por las  disputas entre las comunidades del páramo y los comités de defensa del agua en Bucaramanga, se ha politizado en momentos en que se acerca el proceso electoral, lo que hace que la toma de decisiones consecuentes con los planteamientos de los habitantes de la región no sea fácil.

Mónica Contreras, asesora jurídica del Comité de Dignidad Minera del municipio de Vetas, en Santander, dice que sería ideal que el Ministerio alcance a presentar la nueva delimitación dentro del tiempo establecido; sin embargo, también considera clave que el documento que se apruebe tenga en cuenta realmente las necesidades y planteamientos de las comunidades, pues son ellas las que conocen lo que sucede en la región.

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“Lo importante es que haya un acto que nos permita tener certeza de cuáles son las reglas del juego con las cuales nos vamos a mover; pues en este momento no hay claridad y más en un municipio como Vetas en donde más del 90 % de los habitantes depende de la minería”, dice.

Precisamente, ayer se llevó a cabo la consulta con las comunidades de Vetas, encuentro en el que participaron más de 1.000 personas y al que asistió el ministro de ambiente, Ricardo Lozano, quien señaló que ya se ha realizado el proceso de consulta en 25 municipios, en los que se han recibido cerca de 300 propuestas.

En su concepto, los avances se están dando y ratificó el interés de no sacar a las comunidades de sus territorios y, por el contrario, el objetivo es trabajar para construir con ellas a partir de un proceso de participación democrática, para delimitar de forma adecuada este ecosistema que es estratégico para el país.

El alcalde de Vetas, Orlando Rodríguez, por su parte, más allá de reconocer que sus propuestas están siendo escuchadas, considera que lo importante es que se vean plasmadas en la resolución que debe estar lista antes del 16 de julio.

Los habitantes de este municipio le piden al gobierno que les deje trabajar en las 582 hectáreas en las que han hecho minería desde hace muchas décadas para seguir desarrollando su actividad y que además de les permita hacer ganadería y agricultura de bajo impacto.

En últimas, lo que estas comunidades piden es que se les brinden garantías fundamentalmente de derecho al trabajo, pero además que se respete la ancestralidad., la cultura y la idiosincracia; en pocas palabras, que la delimitación sea lo menos dañina posible con un pueblo que está lleno de tradición.

El alcalde precisa que el lema de sus coterráneos es “no a la sustitución, sí a la reconversión”, con la idea de mejorar sus sistemas de producción tanto minero como agrícola  y ganadero y de esta forma realizar una mayor protección del páramo, porque de lo contrario se sentenciaría al ecosistema a una catástrofe ambiental y en especial a un caos social.

Al respecto, Germán Camargo, director de la Fundación Guayacanal, manifiesta que incluir a este municipio en el  área de conservación en más de un 90 %, simplemente es condenarlo a desaparecer porque se generaría una expropiación y un éxodo, pues ya sus habitantes no tendrían ni el uso, ni la disposición y menos el disfrute de la tierra.


Un poco de contexto

Con la visita a Vetas, el gobierno dio un nuevo paso en su propósito de cumplir con lo establecido en la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual dejó sin piso jurídico la Resolución 2090 de 2014, que establecía la delimitación del ecosistema, pero que según la alta Corporación no tuvo en cuenta la participación de las comunidades.

El 10 de noviembre del año pasado el Ministerio de Ambiente debía entregar la nueva línea de protección del Páramo de Santurbán, ecosistema ubicado entre Santander y Norte de Santander. Sin embargo, tras la solicitud de una prórroga por parte del ejecutivo, la Corte Constitucional le otorgó ocho meses adicionales, que son precisamente los que vencen en julio próximo.

El fallo de la Corte se dio luego de que los habitantes de la zona, a través del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, interpusieran una acción de tutela con el fin de reclamar los derechos que consideraban se les habían violado.

Fue así, como esta primera delimitación que protegía 98.954 hectáreas, es decir, el 76 por ciento del páramo, quedó sin efecto y el Gobierno debió iniciar un nuevo proceso, el cual estuvo en “stand by” desde abril de 2018 y fue retomado a comienzos de este mes.

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Unos días antes, el 20 de marzo, el Tribunal Administrativo de Santander abrió formalmente un incidente de desacato contra el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, por considerar que no se estaba haciendo seguimiento al proceso de delimitación, incumpliendo el mandato constitucional de la sentencia T – 361 de la Corte.

Aunque se han surtido los trámites de consulta en 25 municipios, aún quedan citas por cumplir. El próximo domingo 28 de abril será en Suratá y luego vendrán nuevos encuentros que continuarán brindando herramientas para concertar los puntos claves de la resolución en la que se dará a conocer la nueva delimitación.

Para Germán Camargo, la delimitación en sí misma es absurda, a la vez que critica la presentada en la primera oportunidad por considerar que se hizo sobre una base científica equivocada, debido a que se quiere meter en conservación del páramo una zona devastada, que ya no se puede restaurar.  


Interés de muchos

Este ecosistema, que tiene injerencia en 20 municipios de Norte de Santander y otros 8 de Santander, siendo Vetas, Tona, Mutiscua y Silos las poblaciones con mayor porcentaje de territorio en el mismo, genera interés desde muchos frentes. Por un lado, están las grandes multinacionales que encuentran en el lugar una gran oportunidad de extracción, principalmente de oro. Por ejemplo, Minesa se encuentra a la espera de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), le otorgue la licencia para la explotación en la zona de páramo del municipio de California, en Santander.  Si bien el proyecto de esta empresa se encuentra por fuera de la línea de protección, ambientalistas consideran que cualquier afectación a la montaña, puede terminar impactando los nacimientos de agua.

De otra parte, están las viejas disputas entre los comités de defensa del agua, que han insistido en que el páramo no se puede fraccionar y que la protección debe empezar desde la altura de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga y las comunidades de los municipios del área de influencia que defienden sus tradiciones, su cultura y el desarrollo de sus actividades económicas. Lo cierto es que las voces desde diferentes frentes se hacen escuchar, pues no solo de buenas intenciones vive el hombre y aunque el gobierno parece tenerlas, los retos no son menores como tampoco lo son los intereses a los que debe enfrentarse.