Cerro Matoso es la mina de ferroníquel a cielo abierto más grande de Colombia que recientemente resultó favorecida con una decisión de la Corte Constitucional que anuló parcialmente un fallo que le ordenaba indemnizar a ocho comunidades. 

"Un fallo adverso hubiera sido nefasto para la inversión no solo nacional, sino extranjera porque el simple hecho de que una empresa pueda ser condenada en abstracto genera una gran incertidumbre jurídica", dice su presidente, Ricardo Gaviria.

El presidente de Cerro Matoso se refiere al fallo inicial que la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de ese alto tribunal había proferido hace un año, ordenando a la minera indemnizar a ocho comunidades vecinas, que vía tutela, habían alegado que la explotación de la mina les había producido serías enfermedades pulmonares y de la piel.

Adicionalmente, entre otras decisiones, la obligaba a crear un fondo especial de etnodesarrollo para reparar a la comunidad.

Sin embargo, con esta nueva decisión, tras la solicitud de nulidad que presentó la compañía, la condena inicial quedó sin piso jurídico, así como las indemnizaciones por el daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales, al igual que la obligación de crear ese fondo de reparación.

Esto significa que Cerro Matoso no tendrá que pagar indemnización alguna a cerca de 3.400 personas, cuyo costo se había estimado en más de 400 millones de dólares.

SEMANA habló con Ricardo Gaviria sobre el alcance que el fallo tuvo para la empresa y sus compromisos para dar cumplimiento parcial a la sentencia proferida por la Corte.

- Semana: La Corte no les obliga a indemnizar, pero sí a dar cumplimiento a una serie de medidas ambientales, ¿cómo piensan hacerlo?

Ricardo Gaviria: El tema ambiental está relacionado directamente con la orden de actualizar la licencia ambiental, entonces lo primero que debemos hacer son unas consultas previas para ponernos de acuerdo con las comunidades sobre cómo se van a monitorear los impactos. Ya contamos con los términos de referencia de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y estamos trabajando en esa dirección. Nosotros en ese sentido no le tenemos miedo a eso.

¿Pero la empresa ya venía trabajando sobre la reducción del impacto ambiental?

RG: Claro. Cuando tu miras la cantidad de material particulado que hay en el aire de la región, en la zona donde trabajamos, es decir, Montelíbano y Puerto Libertador, puedes constatar que estamos en alrededor de 28 macropartículas por metro cúbico y el país, con todas sus zonas industrias, tiene el objetivo de llegar a 2023 a 30 macropartículas. Estamos en este aspecto por debajo de la media.

¿Y en el tema del agua?

RG: Estos temas ambientales hay que mirarlos con números. En el caso de agua, nosotros recirculamos el 90 por ciento del líquido que utilizamos. Tenemos un permiso de captación en el río Ure de solo un 10 por ciento, pero nunca hemos usado la máxima capacidad que tenemos.

Por supuesto cualquier actividad que tú haces impacta el ambiente, el simple hecho de bañarte en las mañanas con jabón ya está afectando el ambiente, pues el jabón contamina, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es determinar cómo impactamos lo menos posible el ambiente y cómo lo compensamos.

Ochocientas de las 900 hectáreas conservadas que tenemos están conservadas, además poseemos un parque ecológico de 60 hectáreas con el proyecto de La Esmeralda, el cual ocupa menos de 100 hectáreas. También hemos realizado la revegetación y compensación en 128 hectáreas de la mano con las comunidades, tras la creación una empresa que se llama Pisadas del Zinú. Estos son temas que veníamos haciendo mucho antes de la sentencia.

¿Qué más han realizado?

RG: Entre 2014 y 2015 hicimos una inversión de 35 a 40 millones de dólares para montar la segunda línea de limpieza de gases. Esto lo hicimos sin ningún requerimiento de la Corporación Autónoma Regional o de la Anla, lo realizamos por convicción, porque las tecnologías van cambiando.

Nosotros no vamos a esconder que impactamos, cualquier actividad nueva impacta, si se hace una carretera nueva impacta el ambiente porque hay que tumbar árboles y mover el suelo, lo importante es ir mitigando y buscando la sostenibilidad.

¿Cuál es su impresión frente a la decisión de la Corte Constitucional?

RG: Este fallo lo tomamos con calma, humildad y, por supuesto, sin ningún tipo de triunfalismos. Es favorable para el país, para Córdoba, así como para la región del Alto San Jorge y no solo para la industria minera. Un fallo adverso hubiera sido nefasto para la inversión no solo nacional, sino extranjera, porque el simple hecho de que una empresa pueda ser condenada en abstracto genera una gran incertidumbre jurídica.

¿Por qué les dio la razón finalmente?

RG: Tenemos que esperar, lo que salió fue un comunicado muy corto, pero debe haber un documento con todas las resoluciones y los detalles que aún no conocemos.

¿La Corte no aceptó la indemnización porque la tutela no era el mecanismo?

RG: Yo no me atrevo a opinar al respecto porque para eso debemos tener el documento detallado, así que mientras sale seguimos con nuestro proceso de consulta previas. Ya hemos hecho más o menos 20 reuniones con las comunidades tratando de definir la ruta metodológica y creo que estamos bastante cerca de ponernos de acuerdo con eso.

También tenemos los términos de referencia de la Anla para sacar una nueva licencia ambiental y venimos trabajando en eso.

¿Qué piensa acerca de las consultas populares?

RG: Para nosotros hacer consultas previas y trabajar con las comunidades es positivo porque podemos ponernos de acuerdo en temas fundamentales, eso nos permite seguir operando de la mejor manera.

Nosotros tenemos un excelente ejemplo, pues cuando hicimos las dos consultas para el proyecto La Esmeralda las logramos sacar adelante de la mejor manera y cuando presentamos el estudio de impacto ambiental, en menos de seis meses ya teníamos la licencia. Lo positivo que tienen las consultas es que te dan la oportunidad de dialogar abiertamente para después tener claro cómo vas a operar hacia futuro y, de esta forma, evitar sorpresas.

Lo que estamos haciendo ahora nos sirve para el proyecto que tenemos a la vista, de tal suerte que los trabajemos y discutamos con ellos.

¿Por qué la Anla volvió a solicitarles una licencia ambiental?

RG: Yo creo que esto no ha sido solo para Cerro Matoso, hay otras empresas a las que también les han solicitado que saquen una nueva licencia. Nosotros hemos operado desde hace más de 30 años y en esa época no había que hacer consultas previas para sacar licencia. Considero que ahora lo que se busca es articular a los vecinos dentro de los procesos y mirar un poco hacia el futuro cómo se deben manejar las cosas.

¿Esa parte del fallo les afecta?

RG: No nos afecta. Nosotros seguimos operando normalmente. Para mí lo complejo del tema es que las consultas no están reguladas, osea pueden demorarse mucho tiempo. Tú vas a otros países y las consultas tienen unos ciclos que tienen que ir cumpliendo con tiempos definidos, es el caso de Perú, Bolivia y Chile que las tienen estos mecanismos reglamentados.

A esta altura empieza otra etapa complicada para Cerro Matoso y tiene que ver con que cuente con ese aval de las comunidades porque la justicia ha dicho que resultan ser vinculantes. ¿Ustedes están seguros de que esto va a prosperar de buena manera para la empresa?

RG: Hace tres años nosotros hicimos unas consultas con dos de las comunidades con quienes hoy estamos volviendo a hacerlas y nos fue bien.

Yo creo que en ese sentido en los últimos 5 años hemos tenido buenas relaciones con ellos, de hecho, en diciembre del año pasado festejamos cuatro años de armonía con las poblaciones indígenas, afro y campesinas de la jurisdicción.

Además tenemos importantes programas de responsabilidad social alrededor de las comunidades, por lo que no creo que esto ponga en riesgo el negocio, pues bien que mal hemos venido operando por más de 35 años y el beneficio que ha tenido la región es importante

Para nosotros una empresa es sostenible en la medida que asegure que su gente vuelve a casa sana y salva, que trabaja de la mano de las comunidades, en pro del medio ambiente y que genera retorno al accionista. Si trabajamos en esa dirección todos ganamos.

Frente al tema de salud pública se habían hecho algunas denuncias. ¿Ustedes que piensan sobre eso, tienen argumento o no?

RG: El tema de salud es interesante. El estudio que Medicina Legal se hizo en el año 2016, en que se le realizaron exámenes a más de 1.200 personas concluyó que no había ninguna relación de causalidad entre las enfermedades que encontraron y nuestra operación.

Señaló además, que las  enfermedades establecidas en la denuncia eran muy similares a las que existen en el resto de Córdoba y de la Costa.

Por otro lado, en el año 2017 nosotros atendimos entre 1.200 y 1.300 personas en nuestras clínicas y todas las enfermedades con que las que llegaron los pacientes eran las comunes en esa zona. De la 16 enfermedades que aparecen en el fallo de la Corte, creo que solo hay dos casos con dermatitis y otro de epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), pero ninguna de estas relacionadas directamente con el trabajo.

Hay mucha discusión sobre el níquel, que se va a la sangre, etc., pero resulta que el níquel que nosotros procesamos es insoluble, osea tú te puedes tomar y no pasa nada porque no se disuelve  por ninguna parte del cuerpo. Eso está perfectamente demostrado, no lo decimos nosotros, sino lo dicen los entes internacionales que han estado trabajando en eso.

¿Creen ustedes que este será el cierre del proceso o podrían venir otra clase de recursos jurídicos?

RG: Habría que preguntarles a ellos, por nuestro lado seguirá el relacionamiento con las comunidades. Yo creo que nosotros llevamos seis meses en este modo de ansiedad, de incertidumbre y esto nos ayuda a sacudir. Vamos a ponernos en el modo de sostenibilidad para poder mirar hacia futuro, ya que un proceso como este te consume muchos recursos y tiempo.

Afortunadamente logramos que la operación se mantuviera alejada de toda esta ansiedad y cerramos un buen año en términos de seguridad, producción y costos.

¿Cuando salió la primera decisión, Cerro Matoso temió el cierre de sus operaciones definitivamente en Colombia?

RG: No, yo creo que nosotros tomamos eso con tranquilidad y cuando analizamos por completo en el fallo el tema de indemnizaciones, del fondo de etnodesarrollo, el asunto médico, las consultas previas y la nueva licencia decidimos pedir la nulidad en tres o cuatro elementos. Además si tu analizas en la sentencia no hay cifras.

¿Entonces de dónde salió la cifra de los 400 millones de dólares que supuestamente debían pagar?

RG: Ese fue un cálculo que hicieron los abogados de las comunidades; eso se viralizó, pero realmente no significaba nada. Si no nos hubieran aceptado los incidentes de nulidad, eso no significaba que Cerro Matoso tenía que salir a girar un cheque de 300 o 400 millones de dólares como ha salido en la prensa. Para pagar indemnizaciones cada persona, de manera individual, tenía que ir al Tribunal de Cundinamarca y presentar su caso y demostrar con pruebas que padecía una de las 16 enfermedades que señalaba el fallo por culpa de nuestra compañía.

Obviamente nosotros hubiéramos acudido a una segunda instancia y el proceso se hubiera alargado por dos o tres años, pero tenía que ser caso por caso. Hasta ahora ningún miembro de las comunidades ha interpuesto de manera personal una demanda de este tipo.

Solo sabemos que cuando el abogado de la comunidad hizo sus primeros cálculos hace cuatro años hablaba de 700 millones de dólares y después pasó a 400.

¿El fondo de etnodesarrollo como tal existió, existe o existirá?

RG: Frente a este tema nosotros teníamos que presentarle una propuesta a la Comisión de Relatoría que la conformaban la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Dicha propuesta tenía que ser discutida con ellos y las comunidades; varias veces nos pusimos fecha con ellos, pero nunca lo discutimos. Esta iniciativa se cayó con la sentencia.  

Dado que ya existe un trabajo previo en este tema, ¿podría surgir?

RG: El fondo tenía el fin de pagar indemnizaciones colectivas y como nosotros en inversión social en los últimos cuatro años hemos invertido 17 mil millones de pesos, no tenemos contemplado establecerlo. Seguiremos sí trabajando en pro de las comunidades. Continuaremos con nuestros programas de estudiantes becados y arreglo de viviendas.

Hay que tener en cuenta también que la demanda fue interpuesta por ocho comunidades, pero tenemos 13 en toda la jurisdicción y con todas tenemos un relacionamiento directo. Con las que no interpusieron recursos jurídicos estamos en acercamientos, varias de estas son campesinas, razón por la cual no los ampara la consulta previa, pero sí los diálogos de mesa.

También cursa una acción popular por parte de empleados en contra de la compañía. ¿Cómo se están defendiendo de eso y en qué etapa está?

RG: Es una acción popular que presentaron unos exempleados que está en el Tribunal de Córdoba. Fue motivada por diferentes razones. Algunas personas abogan que tienen problemas de enfermedades, pero hay que mirar caso por caso. Las acciones populares cualquiera puede interponerlas, en este caso son cerca de 70 empleados, pero es un proceso que viene desde hace rato y no ha progresado mucho. Esta es la única acción existente, a parte de la tutela.

¿Por qué creen que hay tanta insistencia de estas personas de hacerles estas reclamaciones a la empresa. Creerían ustedes que encontraron una vía para acceder a indemnizaciones?

RG: Habría que preguntarles a ellos, yo no me puedo indicar si hay intereses ocultos detrás de estas acciones judiciales.

Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, en entrevista en SEMANA. 

¿Qué inversiones tienen hacia futuro como empresa?

RG: Nosotros hoy tenemos un proyecto en Planeta Rica en un área que está a 80 kilómetros hacia el norte de la planta principal. La idea es traer mineral hacia allá. Entre tanto, en agosto llevamos un par de taladros a la zona Uré, que está la sur de nosotros, donde también parece que hay algunos prospectos de níquel. Estamos buscando opciones para mantener el negocio funcionando por lo menos a 40 mil toneladas de níquel al año. 

Entre el año 2015 y 2016 perdimos más de 225 mil millones de pesos, entonces teníamos un rezago en cuanto inversiones de sostenimiento y capital, pero en 2017 tuvimos utilidades, caja positiva, por lo que estamos apuntando hacia nuevos proyectos.

¿Cómo cuáles? 

RG: Vamos a adelantar el cambio de unos transformadores y a reparar una de las paredes de uno de los hornos, que fue construido en 2000 y nunca se ha intervenido. Eso lo vamos a realizar en septiembre del año entrante con una inversión que puede ascender a los 22 millones de dólares.

Adicionalmente tenemos en Puerto Libertador una concesión de cobre. Allá arrancamos a hacer unos estudios hace un año largo y hoy ya tenemos un taladro. La idea es hacer 8.000 metros de acá a enero del año entrante para empezar a tener el primer modelo, pues en toda esta zona de la cordillera occidental hay cobre. Colombia no ha explotado ese recurso y allí hay grandes posibilidades.

Si tu miras en Latinoamérica el 65 por ciento de la inversiones en exploración de cobre se hacen en países como Perú, Chile y México, lo que quiere decir que cada uno tiene cerca de un 21 por ciento de la producción, mientras que Colombia solo llega al seis por ciento.

¿Algún otro plan?

RG: Eso depende de lo que nos vayan diciendo los geólogos. En el tema de capital de sostenimiento en los próximos dos años si tenemos presupuestadas unas inversiones de más de 50 millones de  euros, pero estas inversiones no te garantizan mantener o aumentar la producción, lo que hacen es garantizar que el equipo y la planta siguen siendo sostenibles y estables.

¿Cuántos empleados tiene actualmente la empresa?

RG: Generamos 860 directos y otro tanto de indirectos. Somos 1.700 empleados en total, aproximadamente. Pero las cuentas que tenemos es que cada empleo que generamos encadena  5 o 6 más, por lo menos en Montelíbano.