¿En peligro los recursos para la paz ambiental?

El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo anunciaron este martes la creación del ‘Fondo Colombia Sostenible’ en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una cuenta que recibirá los recursos internacionales que garantizarán la sostenibilidad ambiental de la implementación de los acuerdos de paz.  Ese fondo, con varias subcuentas específicas a la fuente de las donaciones, no incluye recursos del presupuesto general de la nación.

El equivalente nacional de ese fondo es el llamado ‘Fondo por una Colombia Sostenible’ (o Fondo para la sostenibilidad ambiental y desarrollo rural sostenible en zonas afectadas por el conflicto), creado en la Ley 1769 de 2015 o Ley de Presupuesto para el 2016, el cual fue reglamentado por el Decreto 2170 de 2016. Sin embargo, una serie de borradores del denominado ‘fast track’ tendrían en peligro lo establecido inicialmente.

En la reforma tributaria se designó que la principal fuente de recursos de dicho fondo sería lo recaudado con el llamado impuesto al carbono. El artículo 223 de la Ley 1819 de 2016 establece claramente esa intención y, para curarse en salud, establece que “los recursos se destinarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y  la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que para ese fin establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.”

Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno confirman que en uno de los principales decretos del paquete ‘fast track’, aún en borrador,  se propone quitarle lo verde al ‘Fondo por una Colombia Sostenible’. En primer lugar,  le cambia el nombre, estableciendo que todas las referencias anteriores al ‘Fondo por una Colombia Sostenible’ se cambian al ‘Fondo Colombia en Paz’.  Además, la propuesta del Ministerio del Posconflicto es que el consejo directivo del ‘Fondo Colombia en Paz’ sea el Consejo Interinstitucional del Posconflicto, que no incluye al Ministerio de Ambiente. Esto no resulta particularmente sorprendente dado que la entidad ha sido excluida también del gabinete del posconflicto.

A pesar de esto, los decretos del ‘fast track’ son solamente borradores que tienen que ser aprobados por Presidencia, Planeación Nacional y Ministerio de Hacienda.  Algunos representantes de la academia  y del movimiento ambientalista, como Carlos Fonseca y Manuel Rodríguez, han hecho públicas sus preocupaciones sobre las intenciones del gobierno nacional de llevar a cabo reformas sustanciales al sector ambiental sin debate público. Hasta ahora, de acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Ambiente y al Departamento Nacional de Planeación, también están bajo consideración del ‘fast track’ la Ley del cambio climático, la Ley de pago por servicios ambientales y la reforma a la Ley 99 de 1993 con el objetivo, en palabras del Ministro Murillo, de modernizar el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Por el momento, todo son especulaciones. Pero lo cierto es que en el sector ambiental se necesitan recursos para asegurar que la paz no venga de la mano con mayor deforestación, minería ilegal descontrolada, mayor contaminación del agua, entre otras cosas. Y aún más importante que la plata, es que MinAmbiente tenga capacidad de diálogo y negociación frente a Presidencia, Hacienda y Posconflicto.  Ambas cosas están por verse.