“Acá tenemos una superposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que poseemos. Por eso he dicho: en Colombia no se hará fracking”.

Las palabras no provienen de un geólogo ni de un ambientalista, tampoco de un líder social. Las pronunció el entonces candidato a la Presidencia de la República Iván Duque ante decenas de estudiantes en Bucaramanga en abril del año pasado. Corría uno de los periodos más álgidos de la campaña electoral.

Sin embargo, este mensaje no resultó lo suficientemente contundente al momento de arrancar su gobierno. En efecto, la nueva ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, una semana después de asumir el cargo se la jugó por desarrollar los yacimientos no convencionales (YNC), en especial los que usan la técnica del fracking. Y, además, señaló que su tarea, en adelante, sería convencer al presidente Duque de hacerlo.

Lea también: El fracking está de vuelta en Colombia

Cualquier mención de la palabra fracking genera opiniones diversas y muchos interrogantes. A los ambientalistas, expertos y comunidades les preocupan los efectos que podría tener en el manejo de acuíferos, la ocupación de los terrenos, los riesgos de explosiones y hasta el aumento de la sismicidad.

Pero también está el otro extremo: el económico. En este aspecto los beneficios de atraer recursos, inversión y reservas se complementan con la oportunidad de convertir los YNC, en especial los recursos económicos generados, en una plataforma para iniciar la transformación energética del país. Eso permitiría identificar y potenciar los sectores que en el futuro jalonarán la economía.

La ministra Suárez dio el primer paso de convocar a una comisión de expertos para analizar las posibilidades de aplicar el fracking en la operación y extracción de hidrocarburos en el país.

La polémica no ha sido menor. La comisión dio el guiño para realizar proyectos piloto de investigación, lo que algunos han considerado un sí condicionado. Antes de adelantar esos trabajos, será necesario cumplir ciertos requisitos, pues hay que saber dónde se puede implementar y dónde no. Como cualquier actividad extractiva, hay riesgos por identificar al comienzo y, en caso de avanzar, otros por prevenir y mitigar.

Ambientalistas y comunidades no quedaron satisfechos con la comisión. La Alianza Colombia Libre de Fracking afirmó que esta instancia debe prohibir esa técnica en el territorio nacional. Afirman que no hay garantías, estudios ni evaluaciones ambientales integrales. Carlos Andrés Santiago, su vocero, criticó la independencia de la comisión.

Por otro lado, el Congreso de la República también tendrá su escenario de discusión. En efecto, en la Comisión Quinta del Senado transitan tres proyectos de ley: dos buscan prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales, uno del partido Conservador y otro de la Alianza Verde. Y uno más, del Partido de la U, plantea una moratoria al desarrollo del fracturamiento hidráulico, en espera de los estudios necesarios para determinar sus reales impactos sociales y ambientales.

Entre el corto y el largo plazo

El debate del fracking se mueve en el corto plazo en las posibilidades económicas que traería el desarrollo de esta técnica para la industria petrolera, para el país, para la inversión y para las exportaciones.

La economía colombiana depende en alto grado de lo que pase con el petróleo; aunque no sea una gran potencia petrolera. Cerca del 40 % de las exportaciones de Colombia corresponde al crudo, y este renglón productivo domina en materia de impuestos, regalías y, en el caso de Ecopetrol, dividendos para la Nación.

Por eso, el desarrollo de los YNC le permitiría a Colombia una mayor tranquilidad fiscal y la llegada de nuevos recursos para el futuro cercano. Según cálculos de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), con el fracking el país podría generar ingresos en materia de inversión de más de 5.000 millones de dólares anuales, aumentar a casi 25 años las reservas de petróleo y recibir regalías por cerca de 10.000 millones de dólares para el próximo cuarto de siglo.

Le puede interesar: Presentan cien mil firmas contra el fracking en Colombia

Hoy, Colombia posee reservas equivalentes a 1.665 millones de barriles de petróleo, lo que, de continuar con el ritmo de producción actual que supera los 800.000 barriles diarios, representa cinco o seis años de autosuficiencia. Mientras tanto, las previsiones hablan de que en los yacimientos no convencionales podría haber entre 2.400 y 7.400 millones de barriles de petróleo adicionales.

No solo los efectos negativos en materia ambiental producen debates. Llevar millonarios recursos a municipios que no saben qué hacer con ellos también se convierte en un importante desafío para el país. En efecto, es imperativo que en las zonas de explotación petrolera esa plata se vea traducida en bienestar para la gente, más aún cuando se prevé una nueva reforma a las regalías.

La Ley 1492 de 2018 decretó el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) por valor de 24,2 billones de pesos para la vigencia 2019-2020. A esta cifra se sumaron 6 billones de pesos no ejecutados durante el bienio 2017-2018, para completar así un presupuesto de 30 billones. Según Anif, cerca del 80 % de estos recursos proviene de regalías pagadas por el sector de hidrocarburos. Gracias al incremento del 51 % en los precios del petróleo (71 dólares por barril Brent en 2018 versus 47 dólares en 2016), este presupuesto representa un aumento del 67 % contra la vigencia anterior. Sin embargo, la correcta ejecución de este dinero, clave para el desarrollo de las regiones, plantea uno de los mayores desafíos. Para Anif, este miniauge de las regalías tampoco contará con la gestión adecuada.

Además, el país corre el riesgo de que los precios del crudo y del dólar vuelvan a bajar. Ante la alta dependencia que hoy tiene la economía del petróleo, eso podría golpear las finanzas públicas y hacer insostenible el déficit fiscal.

De interés: Fracking queda en el limbo en Colombia

Otro desafío es la velocidad con que se pueden incorporar los YNC al portafolio petrolero. De 2007 a 2019, Estados Unidos ha añadido 6 millones de barriles a la producción del mundo, con lo que la duplicó.

Pero el otro extremo es Argentina, que una vez expropió a Repsol creó el marco regulatorio, aunque no generó los incentivos para que pequeños inversionistas llegaran y masificaran este desarrollo. La compañía YPF, estatal argentina de petróleo, anunció que por cuenta de la eliminación de los subsidios para producir gas en Vaca Muerta, la gran cuenca de fracking en ese país, perderá cerca de 2.200 millones de dólares.

Con este debate se reabre uno más importante y de fondo: de dónde debe venir el crecimiento en el futuro y cómo construir una base económica mucho más diversificada.

En este momento, el fracking puede ser una herramienta para ampliar los años de reserva petrolera y un soporte fundamental para las finanzas públicas y el crecimiento. Pero tras la experiencia de hace unos años con el derrumbe de los precios del crudo, sigue pendiente la tarea de diversificar la economía para que el país no dependa tanto del petróleo.

Colombia debe aceptar que necesita del fracking porque de lo contrario no será capaz de sostener programas sociales de alto impacto, como Familias en Acción o las ayudas del adulto mayor, y además porque las reservas se están agotando. Pero sin duda el país no debe aprobar el fracking para salir de los problemas de la coyuntura, sino para aprovechar sus recursos y construir con ellos una transición energética sostenible y, en paralelo, avanzar con decisión en diversificar la economía.