Aunque hay cientos e incluso miles de procesos en marcha en Estados Unidos contra el gigante agroquímico, la demanda de Dewayne Johnson, un estadounidense de 46 años que fumigó con Roundup por más de dos años, es la primera relacionada con este producto y sus posibles efectos cancerígenos que llega a un juicio.

El proceso se inició oficialmente a mediados de junio con la designación de un juez, pero el debate en profundidad comenzó este lunes después de una serie de audiencias técnicas. Se espera que durante más de tres semanas, el tribunal estudie la afectación que pudo tener el Roundup, un producto vendido desde hace 40 años y considerado uno de los herbicidas más utilizados en el mundo.

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El Roundup contiene glifosato, la controvertida sustancia que todavía es motivo de debate en países como Colombia y Ecuador. Dewayne Johnson "pelea por su vida" después de que le diagnosticaron un linfoma no Hodgkin incurable hace dos años, dice uno de sus abogados, David Dickens, del bufete de abogados Miller, especializado en la defensa de personas víctimas de productos defectuosos.

"No es culpa de la suerte", no se debe a un problema "genético", "es por su exposición continua al Roundup y a Ranger Pro" (un producto similar de Monsanto), que él roció entre 2012 y 2014 en los terrenos escolares de la ciudad de Benicia, en California (oeste), asegura Dickens.

"Y eso podría haberse evitado", afirma el abogado, acusando a Monsanto, que acaba de ser adquirida por la alemana Bayer, de ocultar deliberadamente al público la peligrosidad de sus productos.

Decisiones contradictorias

Los abogados de Johnson aún no han establecido la cantidad que pretenden reclamar, pero hablan de un "juicio multimillonario". Sin embargo, no será fácil para Dewayne Johnson, cuyos abogados deberán demostrar un vínculo entre su enfermedad, que le causa muchas lesiones cutáneas, y la fumigación del glifosato.

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La pregunta es: "¿Es la exposición de Johnson al glifosato lo que le causó cáncer? (...) No causó su cáncer", afirma Sandra Edwards, de despacho de abogados Farrella, Braun y Martel, una de las abogadas de Monsanto.

Durante el juicio, "verán mucha información y ciencia", asegura, señalando que ha habido "estudios que han seguido por años y años a personas que han utilizado estos productos" sin concluir que les provocaron cáncer.

"Legalmente, es extremadamente difícil responsabilizar a una compañía por casos específicos de cáncer u otras enfermedades relacionadas con pesticidas", dice Linda Wells, de la ONG de combate a los pesticidas Pesticide Action Network North America.

Pero "si el señor Johnson gana este caso, será un gran golpe para toda la industria de pesticidas", agrega Wells.

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El caso es tanto más complejo porque hay muchos estudios y decisiones contradictorias sobre el glifosato. Contrariamente a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), California ha puesto al glifosato en la lista de cancerígenos. Y en ese Estado, todo fabricante que tenga conocimiento del carácter cancerígeno constatado o presunto de un producto debe obligatoriamente hacerlo figurar en el envase.

El glifosato también está clasificado como "probablemente cancerígeno" desde 2015 por el Centro Internacional de Investigación del Cáncer, un organismo de la OMS, a diferencia de las agencias europeas, la Efsa (seguridad alimentaria) y la Echa (productos químicos).

El glifosato es particularmente polémico en Europa. Tras la decisión de la Unión Europea en noviembre de renovar la licencia del herbicida por cinco años, el gobierno francés se comprometió a dejar de usar esta sustancia para sus principales usos en tres años.

En Colombia, se prohibió la fumigación aérea con este producto desde 2015. Sin embargo, desde entonces el glifosato no ha sido eliminado en su totalidad de los procesos que principalmente se utilizan en la lucha contra el narcotráfico. En el 2016, solo un año después de la suspensión, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó el uso de la sustancia pero limitada solo a procedimientos terrestres.

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El debate ha sido espinoso en el país. Desde los que, como el exprocurador Ordóñez aprueban el uso del glifosato de ser necesario para que Colombia no "nadara en coca", hasta el saliente ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, que se mostró en contra de la decisión de reactivar las fumigaciones con este método. “Reactivar la fumigación aérea con glifosato no es la solución a los cultivos ilíticos”, dijo en su momento sobre la propuesta del fiscal general. 

Es cierto que el país necesita encontrar soluciones urgentes para mejorar los datos del informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), que muestra un crecimiento récord en los cultivos de coca en territorio nacional. Ante la controversia, Colombia ha contemplado nuevas alternativas para detener el crecimiento de los cultivos ilícitos que se producen en las zonas cocaleras.

Recientemente, el gobierno puso en marcha un plan de fumigación con drones, para imitar el trabajo que realizan los erradicadores manuales. Sin embargo, la desaprobación de una buena parte de las organizaciones científicas, mantiene en vilo las libertades o los riesgos que el país podría afrontar si continúa dando pasos hacia la utilización sin restricciones de este producto. 

Por eso, el caso que llega a juicio en Estados Unidos es particular. A pesar de que se ha advertido sobre el riesgo de la aspersión aérea, de comprobarse que la salud de Johnson fue comprometida por este producto, aun cuando la utilización que él le daba era manual, el debate sobre el uso del glifosato en muchos países, revivirá para centrarse en aspectos que estén más allá de la forma.

Con información de AFP