Lo único que se materializa, desafortunadamente, son las advertencias que, por años, hicieron los habitantes de la zona sobre los peligros que traería la obra sobre el río Cauca, el desalojo de los habitantes y el exterminio de la economía propia de la región. 

Del silencio que comentamos hace unos meses por parte de las entidades encargadas se pasó al de la noticia inmediata, el registro instantáneo y la rueda de prensa para anunciar cada paso, el cual se presenta como medida necesaria. Por ejemplo, el cierre de la compuerta 1, del cuarto de máquinas y las remediaciones a las continuas fallas que se presentan, en fin, dejaron la impresión de que hay un seguimiento minucioso al proceso y que existe una lógica detrás de todas las acciones. El derecho a la información de la ciudadanía pareciera estar satisfecho con tanto despliegue mediático.

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Pero las comunidades a través de sus voceros y los expertos en el río aseveran que el proyecto en sí está teniendo consecuencias de catástrofe natural y social. El río Cauca se deseca, se interrumpen los ciclos que hacen posible la existencia de peces base de la subsistencia para el consumo local; el caudal ecológico disminuye drásticamente, y los sensores, se denuncia, dejan de funcionar y por lo tanto no hay datos “autorizados”. Esto no pasaría de ser anecdótico sino se estuviera hablando del segundo río más importante del país de cuya existencia depende buena parte de la población, y que contribuye, a lo que queda de equilibrio ecológico, en ese sector del país.

El proyecto fue objeto de la resolución 432 de 6 de junio de 2001 del Ministerio de Ambiente, la cual en el artículo 1ro señaló: “Declarar que para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero - Ituango……. no se requiere la elaboración de un diagnóstico ambiental de alternativas. Es decir, se confió a ojo cerrado en la única propuesta para adelantar la obra, y acto seguido se determinaron los elementos para la presentación del estudio de impacto ambiental, las cuales creemos todavía rigen para obras de esta magnitud mayor.

Estudios posteriores reflejaron la preocupación de los pobladores por la inundación del cañón del río, su sitio de vida, la afectación de la pesca, el desarraigo de los habitantes, es decir lo que se está viviendo. Y resaltaron el abandono de actividades económicas propias como el barequeo, central para su cosmovisión, la cual fue parte importante del desarrollo económico y social de la región.

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El examen minucioso de cómo se formuló ese estudio de impacto ambiental, los reportes del seguimiento por parte de la autoridad ambiental son los aspectos que debieran servir para conocer en detalle que es lo que está pasando, y allí las entidades de control tienen un camino expedito para rendir cuentas claras y precisas sobre el estado del proyecto.

No son las declaraciones sobre el increíble progreso que traería la obra, su lugar privilegiado en el desarrollo nacional, nada de lo cual se ha comenzado a gozar, y en cambio si lo que se nota es una intencionalidad de fragmentar la información elaborando una narrativa discontinúa que no aclara cuáles han sido las fallas de origen, el estado actual de la obra y las consecuencias sobre el ambiente y los pobladores. Del silencio se pasa a la inmediatez que no es la manera de abordar un conflicto de esta magnitud.