En medio de fuertes cuestionamientos la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente dio a conocer la medida por medio de la cual levantó, parcialmente, la prohibición para el comercio del caimán aguja o caretabla (Crocodylus acutus) en el Distrito de Manejo Integrado de los manglares de la bahía de Cispatá, Tinajoes, La Balsa y sectores aledaños, en el departamento de Córdoba.

La decisión se basó -según el ministerio- en los resultados de varios estudios realizados a esa especie en la bahía de Cispatá que evidenciaron que las poblaciones de este cocodrilo recuperaron el equilibrio, y existe un manejo sostenible que garantiza su permanencia a largo plazo. 

"Este es un proceso de evaluación, monitoreo y recuperación que lleva más 10 años. La Corporación Autónoma Regional que tiene jurisdicción en esa región estableció, con el apoyo de diferentes instituciones y expertos internacionales, que a lo largo de estos años se dieron además diferentes estrategias de conservación, entre las que estaba incluída la veda, al igual que la recolección de los huevos a una estación para devolverlos más grandes al entorno", comentó María Piedad Baptiste, investigadora adjunta del Porgrama Ciencias de la Biodiversidad del Instituto Humboldt.  

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La experta señaló que tras evidenciar la recuperación de la población de esta especie, Colombia, presentó ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) la propuesta de sacar algunos individuos del caimán del medio.  En 2017 los miembros de la convención se reunieron en Sudáfrica y aporbaron la solicitud del país. 

"Colombia hace parte desde 1981 de esta convención, que cada tres años se reúne para velar porque el comercio internacional no vaya en detrimento de las poblaciones", apuntó Baptiste, quien recalcó que esta medida no va a afectar a las poblaciones de caimanes existentes y por eso fue avalada en instancias internacionales. 

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La resolución 2298 de diciembre de 2018 proferida por el Ministerio levantó parcialmente la veda que había sido establecida por el Inderena desde 1969. Sin embargo, la medida indica que será será exclusiva y restringida a los huevos de este reptil y dentro del distrito de la bahía de Cispatá. "La cosecha se permitirá únicamente a los grupos de comunidades locales de la zona, autorizados por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) y el Plan de Manejo Específico. No se autorizará a particulares, ni a ninguna otra entidad a realizar esta operación", señala la resolución. 

La recolección de los huevos del nido silvestre únicamente se podrá adelantar entre enero y abril en zonas georreferenciadas y con previa autorización, los cuales serán llevados a incubación controlada en las instalaciones de la Corporación para el manejo de neonatos y juveniles. Con esto se busca obtener una proporción de individuos de ambos sexos para la repoblación en el medio silvestre. Otro porcentaje podrá ser usado para  aprovochamiento de las pieles por parte de las comunidades y su porterior comercialización internacional.

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Aunque las autoridades ambientales parecen tener todo bajo control en el papel, uno de los mayores riesgos es la casa ilegal del caimán. Por esto, el gobierno se comprometió a realizar un seguimiento y monitoreo constante a las poblaciones de ‘caretabla‘, como también se le conoce. Para este proceso, las comunidades serán clave. Los resultados de ese control serán revisados y avalados por el Ministerio de Ambiente, al igual que por los institutos de investigación, como autoridades científicas del convenio, que se encargadarán de determinar si los volúmenes de extracción no ponen en riesgo la supervivencia de la especie. 

"Cuando se vayan a hacer las extracciones, los institutos de investigación, incluido el Humboldt, revisaremos la información de los monitoreos anuales para ver cuántas hembras, machos, huevos y juveniles hay, y con base en estos datos decidiremos si el porcentaje de lo que se quiere sacar va o no a afectar la supervivencia de las poblaciones", expresó Baptiste, quien además destacó el proceso que se ha venido generando con las comunidades de la zona al pasar de ser cazadoras a ‘custodios‘ de los caimanes. 

"Ha sido un ejercio muy interesante para beneficio de las comunidades locales. Antes eran cazadoras, pero dentro del proceso recuperación de la especie se fueorn adoptando en otro sentido y se volvieron veedores de las poblaciones, al punto que conformaron una asociación que se llema Asocaimán", dijo. 

La experta aseguró que la idea es que ahora un porcentaje de la especie que se saque se vaya para repoblación y otro para el beneficio de las comunidades que las han cuidado y protegido. 

La veda para captura de caretabla fue establecida en 1968 por el Ministerio de Agricultura y un año después emitida por el desaparecido Inderena, debido a que se llevaba más de 37 años de caza masiva con fines comerciales, con cerca de 2 millones de pieles en mercados internacionales, lo que redujo drásticamente las poblaciones y destruyó su hábitat natural.
 
En 1980, el caimán aguja ingresó al Apéndice I del CITES, el más restrictivo de los tres que existen, dadas las altas probabilidades de extinción que había por la comercialización ilegal de su piel, la cual era catalogada como muy fina y de lujo, codiciada en mercados internacionales. 

El dato

Entre 1994 y 1997 existía un total de 6 ejemplares de caimanes aguja en la bahía de Cispatá y poblaciones no mayores a 11 ejemplares en 70 puntos geográficos del país. En total, menos de 250 en edad madura. Entre 2002 y 2017 se registraron 1.831 avistamientos de Crocodylus acutus, con un promedio de 86,3% de individuos por año, miesntras que entre 2003 y 2017 se recolectaron 21.077 huevos para una media anual de 1.480.  Ese mismo año hubo un incremento de individuos en un 250%, pasando de 50 en 2003 a 121 en 2018. Este aumento se dio por el programa de liberación puesto en marcha en la última década, alcanzando 11.788 ejemplares.