La negativa al desarrollo de proyectos mineros en el municipio de Jericó, en Antioquia, sigue sobre la mesa y más ahora luego del espaldarazo dado por la justicia a las pretensiones de un porcentaje importante de sus habitantes de que no se desarrolle allí ningún tipo de actividad minera, por considerar que este es un territorio con vocación agroindustrial y ecoturística, que no coexiste con la megaminería de metales. 

Algunas comunidades siguen negándose a la posibilidad de que la multinacional minera AngloGold Ashanti desarrolle el proyecto Quebradona, de exploración y explotación de cobre y, por el contrario, continúan a la espera de que esta presente y socialice el informe de impacto ambiental, que se generaría con el mismo.

De acuerdo con la última encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para Brújula Minera, en el pasado mes de marzo, el 46% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con que en su municipio se prohíba la producción legal de cobre. En diciembre del año pasado, el porcentaje era de 52. 

La misma medición muestra que si el alcalde convocara a una consulta sobre la minería en el municipio el 25% definitivamente sí participaría, mientras que en la anterior medición el porcentaje era 34%, lo que evidencia un cambio en las posiciones en torno al desarrollo de un proyecto de minería en el municipio.

Pero mientras los habitantes se mueven entre una y otra dirección, la semana pasada, el proyecto minero de la multinacional sudafricana enfrentó un nuevo revés luego de que el Juzgado 15 Administrativo de Medellín, negara una medida cautelar interpuesta por el apoderado de la Minera Quebradona Colombia S.A, Bernardo Antonio Panesso, en la cual se solicitaba la suspensión provisional del Acuerdo 010 de 2018, mediante el cual el Concejo del municipio estableció una serie de prohibiciones en defensa del patrimonio ecológico y cultural.

El fallo proferido por el juez, Jairo Alexander Luna, indica que son las autoridades nacionales las que deben definir si este tipo de decisiones son de competencia de organismos del Estado o si son las autoridades locales las que tienen la posibilidad de realizar este tipo de acuerdos para preservar y defender el patrimonio ecológico dejando pendiente cualquier decisión judicial que pueda poner algún tipo de freno a la iniciativa minera.

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Esta semana se vive un nuevo capítulo en la historia del proyecto por cuenta de una entrevista concedida por el presidente de la compañía, Felipe Márquez, al diario Portafolio; pues la Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia, una asociación que brinda apoyo en materia de protección del patrimonio social, ambiental, cultural, arqueológico, turístico, paisajístico, agrícola y ganadero a las comunidades de esta parte del departamento, le ha salido al paso a las declaraciones del ejecutivo al considerar que hay aspectos que requieren precisiones.

Desarrollo del proyecto

Según la declaración de esta asociación, es impreciso decir que el 90% de la comunidad de Jericó quiere que se desarrolle el proyecto, pues no existe una evidencia estadística seria y contundente que soporte esta afirmación, y más cuando en el municipio se han adelantado diversas manifestaciones de rechazo a esta actividad en su territorio.

Aseguran que en la encuesta de Brújula Minera realizada por el Centro Nacional de Consultoría en Jericó, en diciembre del año pasado, solo el 36% de los encuestados manifestó tener una imagen favorable de la multinacional sudafricana. En la de marzo pasado es de 35%.

Tampoco están de acuerdo con que se diga que este tipo de minería es subterránea, pues consideran que parte de su proceso se desarrolla a cielo abierto; además de que durante la operación se puede dejar un cráter superior a un kilómetro de diámetro, lo  que equivale al área urbana de Jericó.

De igual forma, consideran inexacto afirmar que el 80% de los habitantes del municipio de Jericó será la fuerza laboral durante la etapa de producción de la mina. Según la Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia, esto equivaldría a alrededor de 10.400 personas, cifra que no corresponde a la realidad dado que incluiría a habitantes de todos los rangos etarios (incluyendo niños y ancianos) y que excluye al total de la población que cuenta actualmente con empleos formales en otras industrias como el turismo y el agro.

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Por estas y otras razones expuestas, representantes de algunas de las comunidades consideran de vital importancia contar con los estudios de impacto ambiental para conocer de primera mano el efecto real que tendría el desarrollo del proyecto en el municipio. De acuerdo con la entrevista mencionada, Felipe Márquez ha afirmado que este estudio será dado a conocer en el próximo mes de julio.

Precisamente en torno a este tema ambiental, hace un par de semanas, el director de Comfama,  también le envió una carta al presidente de la organización minera en Colombia, en la que manifestó su posición frente a la inconveniencia del proyecto minero para el departamento pues considera que hay una presunta falta de claridad sobre los impactos que la mina tendrá sobre el medioambiente, frente a lo que la empresa respondió que sí han entregado informes en torno al tema.

Y en medio de este tire y afloje la empresa continúa socializando su proyecto y los beneficios que en materia económica y social le brindaría al municipios, mientras muchos de sus habitantes dicen no estar de acuerdo.