Las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 plantean una interesante mirada transversal respecto a las implicaciones y responsabilidades de los sectores productivos en la gestión ambiental. Además, aprovechando el marco legislativo desarrollado en el gobierno anterior, proponen establecer la biodiversidad como factor de desarrollo y recogen propuestas conceptuales sobre cambios por implementar en la institucionalidad ambiental. Sin embargo, al margen de que las bases del Plan constituyen la idea de desarrollo del gobierno, la mayor parte de los lineamientos anteriormente citados no quedaron en el articulado presentado al Congreso.

Respecto al sector minero, resulta llamativo que la propuesta de ley le da importancia a la minería artesanal y de pequeña escala, e incluso propone mecanismos de manejo para formalizarla. Esta minería representa más del 68 % de la minería legal del país y más del 90 % si se incluye la producción considerada de subsistencia. Como está asociada a problemáticas ambientales, sociales y de salud pública, debe estar en el foco de las acciones para mejorar la gestión minera, ambiental y social.

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Para lograr los objetivos planteados en el articulado, se hace necesario ajustar algunas de sus formulaciones. Por ejemplo, establecer tiempos viables para que explotadores y autoridades ambientales puedan cumplir con la entrega y aprobación de autorizaciones ambientales y mineras. Asimismo, asignar recursos suficientes, establecer una gradualidad en la implementación de las medidas y efectuar una transferencia tecnológica a los pequeños mineros, entre otras.

Se deben desarrollar las acciones de control –también necesarias frente a fenómenos de minería informal e ilegal– solo después de una pedagogía y un régimen de transición, complementadas con sistemas de seguimiento, monitoreo, control y alerta temprana. Por otra parte, los términos de referencia diferenciales para la formalización son convenientes, pero no deben permitir la posibilidad de incumplir los estándares y niveles ambientales y sanitarios establecidos en la legislación vigente.

La gestión minero-ambiental, además, requiere de una institucionalidad eficiente, capaz y con recursos. Y este tema, enunciado en las bases del PND, no se materializa en la ley del Plan. Pretender impulsar un sector como el minero sin la institucionalidad necesaria ha generado conflictos y, de no corregirlo, lo continuará haciendo en este cuatrienio. Tampoco plantea soluciones para mejorar la capacidad de las CAR ni de los alcaldes respecto al seguimiento y control de los explotadores informales e ilegales.

Un aspecto que merece especial mención: el artículo incluido sobre los permisos de vertimiento, como quedó redactado, no parece abarcar las descargas a las aguas subterráneas. Esta es una actividad frecuente en las operaciones petroleras convencionales y, más aún, en las de hidrocarburos no convencionales. Por eso excluirla del permiso requiere más análisis y debate.

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Los ministerios de Minas y Ambiente avanzaron en los últimos ocho años en el tema de establecer los insumos técnicos para la reglamentación de pasivos mineros y ambientales, que dependen de una ley que hoy no existe. Por tanto, este PND debe reafirmar el compromiso, recogido en sus bases, de presentar dicha ley y establecer indicadores y metas para la recuperación de las zonas degradadas.

Los planes nacionales de desarrollo ofrecen una importante oportunidad de proyectar el país que queremos en un futuro próximo. Por eso resulta necesario establecer compromisos ambiciosos y gestionar su cumplimiento al interior del gobierno.